El domingo por la noche, mientras pasaba por la edición digital de El Tiempo, me dio por leer una columna de Humberto de la Calle titulada ¡Viva Cristo Rey!. No suelo buscar iluminación entre los sermones de nuestra dirigencia política, pero terminé encontrando algo bastante más curioso: un agnóstico confeso, antiguo comecuras militante, explicándonos cuál es el verdadero Jesucristo. No deja de ser admirable. El hombre duda de la existencia de Dios, pero parece tener absoluta certeza sobre lo que este piensa.
De la Calle pertenece a esa vieja camarilla de biempensantes colombianos que lleva décadas confundiendo su proximidadal poder con una especie de superioridad intelectual y moral. Ministro de Gaviria, vicepresidente de Samper, embajador de Pastrana, asesor de Uribe en su primera reelección, jefe negociador de Santos y, finalmente, senador. Un auténtico saltimbanqui de nuestra política, que ha sabido acomodarse en gobiernos de distinto pelambre sin perder jamás su vocación de servicio. Particularmente cuando ese servicio encuentra acomodo en la teta del Estado.
En su columna, además de reinterpretar a Jesucristo, se toma la molestia de corregirnos en materia constitucional. Sostiene que Colombia es un Estado aconfesional, no laico, como equivocadamente suele decirse. Curiosa afirmación de alguien que participó en la Constituyente de 1991. La Sentencia C-350 de 1994 estableció expresamente el carácter laico del Estado colombiano. Ambas condiciones son compatibles. Treinta y dos años después, semejante equivocación resulta difícil de explicar. Sobre todo viniendo de quien pretende dictar cátedra.
Su admiración por el papa Francisco tampoco sorprende. Nicolás Márquez dedica precisamente a Jorge Mario Bergoglio uno de los capítulos de su libro Ídolos con pies de barro: Los falsos héroes de la izquierda y la cultura woke, donde cuestiona la idealización de personajes convertidos en referentes del progresismo. Francisco resultó particularmente funcional para ciertas agendas políticas que estuvieron de moda durante la década pasada. Su cordial encuentro con Fidel Castro, el controvertido acuerdo del Vaticano con la China comunista y sus planteamientos económicos merecen bastante más escrutinio que las alabanzas de sus admiradores. Curiosamente, muchos, como De la Calle, prefirieron olvidar su oposición al aborto y su defensa de la doctrina católica sobre el matrimonio. Parece que algunos progresistas descubren las virtudes de la religión únicamente cuando pueden acomodarla a sus propias preferencias.
Pero lo verdaderamente interesante no es el Cristo que De la Calle pretende vendernos, sino la trayectoria de quien ahora se presenta como intérprete de la moral cristiana.
Fue uno de los principales arquitectos del Acuerdo de La Habana, cuyo texto inicial fue rechazado en el plebiscito de 2016. La posterior renegociación permitió su refrendación por el Congreso, pero no borró el resultado de las urnas. Diez años después, siete antiguos jefes de las FARC recibieron sanciones de entre cinco y ocho años, sin prisión ordinaria, por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros. Podrán llamarlo justicia restaurativa. Yo sigo considerando que semejantes concesiones constituyen un pacto de impunidad. La desmovilización de las FARC fue un hecho, pero la paz prometida no llegó a buena parte de Colombia, donde otros grupos armados continúan desplazando, extorsionando y sometiendo comunidades. Algo que los arquitectos de aquella maravilla deberían tener la decencia de reconocer.
Y si hablamos de las mieles del Estado, conviene mirar un poco más cerca la prole de nuestro ilustre negociador. José Miguel de la Calle fue superintendente de Industria y Comercio. Una unión temporal de la que formaba parte obtuvo un contrato con Colpensiones que terminó ascendiendo a 1.321 millones de pesos. Su hermana Alejandra llegó después a la gerencia de Talento Humano de esa misma entidad, luego de haber contratado con el SENA. Y Natalia, la otra hija, fue nada menos que gerente general de Oleoducto de Colombia, filial de Ecopetrol, con una remuneración cercana a los 70 millones de pesos mensuales hasta su salida en septiembre pasado.
No basta con esos antecedentes para afirmar que hubo tráfico de influencias ni para desconocer las capacidades de sus hijos. Pero tampoco estamos obligados a contemplar semejante concentración de oportunidades sin hacernos preguntas. Qué extraordinaria facilidad tienen ciertos apellidos para encontrar acomodo en los lugares más apetecidos del aparato estatal. En Colombia, al parecer, la meritocracia también conoce los árboles genealógicos.
Y entonces llegamos a su memorable aventura presidencial de 2018. Después de recibir cerca de 400.000 votos, apenas el dos por ciento del total, quedó con un préstamo personal de 1.500 millones de pesos. Sus simpatizantes organizaron una colecta para ayudarle a pagarlo, iniciativa que él respaldó. Todo perfectamente voluntario. Lo pintoresco es que, después de tantos años de cargos, influencia y protagonismo nacional, su fracaso electoral terminara despertando semejante solidaridad económica. Mientras al ciudadano común le corresponde responder por sus malas decisiones, algunos políticos cuentan con admiradores dispuestos a pasar la ponchera: se acaba primero el helecho que los marranos.
Ese es el problema de buena parte de nuestra dirigencia tradicional. Han aprendido a envolverse en causas supuestamente nobles, a convertir sus proyectos políticos en cruzadas morales y a presentar sus decisiones como conquistas históricas que los demás deberíamos agradecer. Mientras tanto, siguen circulando los mismos apellidos, las mismas relaciones y una extraordinaria familiaridad con el presupuesto público. La paz puede no llegar como la prometieron, los experimentos electorales pueden fracasar y los privilegios pueden cambiar de manos. Pero el sermón nunca se acaba.
De la Calle tiene todo el derecho a ser agnóstico, admirar a Francisco y defender hasta el último día el Acuerdo de La Habana. Lo que no tiene es una patente de superioridad moral para repartir certificados de buen cristiano, especialmente después de haber hecho buena parte de su carrera profesional alrededor de las instituciones públicas.
Quizá lo que verdaderamente incomoda a San Humberto no sea la invocación a Cristo Rey, sino la posibilidad de que la Patria Milagro termine dejando sin pesebre a esos vendedores de humo que durante décadas pretendieron convencernos de que la impunidad era el precio inevitable de la paz.
Sería una ironía formidable que, después de tantos años encontrando acomodo alrededor del Estado, nuestro ilustre agnóstico descubriera que no todas las causas revestidas de nobleza merecen financiación, ni todos los predicadores de la reconciliación tienen derecho a una silla permanente en el presupuesto nacional.
¡Viva Cristo Rey!
