Reflexiones sobre economía, instituciones y cultura para hacerlo posible

«Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará».

Proverbios 24:3

Resumen ejecutivo

El potencial de Colombia es conocido; mucho menos claro es por qué tantas oportunidades siguen sin traducirse en productividad, prosperidad sostenible y confianza. Este ensayo examina tres responsabilidades entrelazadas: elegir mejor qué producir y cómo competir; construir una administración pública que transforme el conocimiento disponible en resultados; y recuperar una cultura de la legalidad en la cual ciudadanos, empresas y Estado asuman sus deberes. Examino el papel de las economías ilícitas, la seguridad cotidiana, la energía, el patrimonio intergeneracional y el ahorro pensional. «Libertad y Orden» aparece aquí como una exigencia práctica, no como una consigna. Concluyo con cinco propuestas que deben someterse a evaluación técnica, jurídica y fiscal. El título expresa una aspiración, no una predicción.

1. El problema no es la falta de oportunidades

Desde mis años de estudiante de Administración de Negocios hay una pregunta que me persigue. En las aulas escuchábamos hablar de los tigres asiáticos, de mercados inmensos que Colombia tenía a su alcance y de aquel ejemplo repetido hasta el cansancio: bastaría venderle una taza de café a cada chino para cambiar nuestra suerte. Era una forma vistosa de mostrar el potencial de un mercado, pero no un plan de negocios. Entre una oportunidad imaginada y una empresa capaz de aprovecharla hay inversión, productividad, logística, conocimiento y decisiones. Han pasado décadas y seguimos encontrando nuevas maneras de anunciar lo que podríamos llegar a ser.

No desconozco los avances de Colombia. Mi inquietud es otra: ¿por qué hablamos tanto de nuestro extraordinario potencial y conseguimos convertir tan poco de él en mejoras duraderas del ingreso, el empleo y la capacidad de competir? ¿En qué momento confundimos una presentación convincente con una transformación real?

Los llamados milagros económicos reciben ese nombre cuando ya ocurrieron. Antes hubo inversión, trabajo, instituciones, decisiones difíciles y años de continuidad. No sabemos si Colombia está a las puertas de un milagro; sí podemos preguntarnos qué acciones lo acercarían y cuáles lo seguirían aplazando. Este texto no pretende ofrecer una fórmula universal. Es una reflexión personal que pone sobre la mesa problemas concretos y decisiones susceptibles de prueba.

Se suele invocar la geografía como explicación casi suficiente de nuestros costos. Las montañas y las distancias importan, pero no reemplazan el examen de nuestros rezagos en infraestructura, conectividad y capacidad de ejecución. La pérdida de protagonismo del ferrocarril frente al transporte por carreteras, o la prolongada dificultad para modernizar la movilidad urbana, merecen un análisis de decisiones, incentivos y resultados. Los sistemas de transporte masivo también muestran que una decisión pública puede romper rutinas arraigadas; eso no significa que toda reforma resulte exitosa o que sus costos puedan ignorarse.

Una dificultad natural no es una autorización para resignarse. Y una historia de intereses privados que pudieron favorecer determinadas soluciones exige investigación, no acusaciones automáticas. Lo que sí podemos reclamar es que la infraestructura se planee como un sistema y que el interés público sea visible en la comparación de alternativas.

Me interesa examinar cómo las restricciones productivas, institucionales y culturales limitan la conversión de oportunidades en prosperidad sostenida, y qué decisiones podrían modificar esa trayectoria. La tesis es sencilla: los recursos naturales, el talento y las ventajas de localización no bastan si el Estado no ejecuta, las empresas no construyen capacidades y los ciudadanos no respetamos reglas comunes. No quiero redactar un Plan Nacional de Desarrollo. Quiero aportar, con independencia intelectual, a un debate que no debería empezar ni terminar con cada gobierno.

2. Del diagnóstico a la ejecución: la promesa de transformar la producción

No estamos descubriendo ahora el problema de la competitividad. El CONPES 3527 de 2008 incluyó, entre sus planes de acción, el desarrollo de sectores de clase mundial, la productividad, la logística y la infraestructura. El Programa de Transformación Productiva tradujo parte de ese impulso en apuestas sectoriales. No era un propósito absurdo: buscar empresas más productivas, encadenamientos y exportaciones duraderas. La pregunta es qué se consiguió, a qué costo y qué aprendimos de aquello que no funcionó (DNP, 2008).

Tampoco sería correcto decir que jamás hubo evaluaciones. En 2013 se efectuó para el DNP una evaluación de resultados del Programa de Transformación Productiva sobre cinco sectores y su etapa inicial, comprendida entre 2008 y 2011. El CONPES 3866 de 2016 recogió recomendaciones de aquel ejercicio sobre articulación institucional, selección de apuestas productivas y seguimiento. Una evaluación de resultados no basta, por sí sola, para atribuir efectos causales sobre la productividad nacional. Antes de convocar otra misión de expertos convendría comprobar cuáles recomendaciones se aplicaron, cuáles no y por qué (DNP, 2016).

El FMI ha documentado que la diversificación exportadora avanzó durante varias décadas y retrocedió en parte después del auge de materias primas posterior a 2008; también ha identificado estancamiento de la productividad y dificultades de asignación entre empresas. Son hallazgos estructurales, no pruebas de que un programa específico haya causado el resultado. Importa distinguir aquello que las políticas pueden cambiar de lo que depende de precios externos, capacidades empresariales y choques internacionales (FMI, 2024a, 2024b).

Pero tengo otra preocupación. Parecemos un país sobrediagnosticado: estudios, comisiones, congresos, conversatorios, expertos extranjeros y documentos de recomendaciones que anuncian, una y otra vez, desafíos ya conocidos. El conocimiento tiene valor; el problema aparece cuando su producción se convierte en sustituto de la ejecución. Una política no debería juzgarse por el número de eventos realizados, asistentes convocados o empresas inscritas, sino por su contribución verificable a inversión, productividad, empleo formal, valor agregado y exportaciones persistentes.

Esto obliga a mirar también a las cámaras de comercio, los gremios y las organizaciones que articulan intereses públicos y privados. Su conocimiento sectorial puede ser indispensable. Precisamente por eso deben hacer explícitos sus conflictos de interés, la representatividad de sus propuestas y los resultados obtenidos cuando administran recursos o influyen sobre prioridades públicas. No afirmo que toda participación privada sea captura; sí que ningún actor debe quedar exento de demostrar qué valor público aporta.

Las alianzas público-privadas y las obras por impuestos pueden resolver restricciones de financiación o gestión. No deberían convertirse en mecanismos para eludir competencia, transparencia o controles. En las APP, la Ley 1508 de 2012 contempla asignación de riesgos y estándares de servicio; hace falta examinar si las ventajas prometidas terminan reflejadas en proyectos disponibles y sostenibles, no solamente en contratos celebrados (Congreso de Colombia, 2012).

El Estado no se moderniza delegando permanentemente a un intermediario la tarea que sus propias entidades deberían cumplir. Interoperabilidad, trámites sencillos, compras públicas transparentes, datos abiertos, seguimiento digital de proyectos y veeduría ciudadana efectiva son instrumentos para reducir arbitrariedad y mejorar ejecución. La tecnología no sustituye decisiones ni controles; puede hacer más visibles sus responsables, plazos y resultados. Esa sería una mejor razón para convocar otro encuentro: discutir los avances medidos desde el anterior.

En el mundo empresarial tampoco debemos confundir etiquetas con transformación. Exportar servicios mediante internet no demuestra, por sí solo, sofisticación tecnológica: son diferentes los empleos que genera un centro de contacto y las capacidades que produce una firma que desarrolla software propio. Ambos pueden ser legítimos y valiosos, pero requieren indicadores distintos sobre productividad, salarios, propiedad intelectual y valor agregado local (DANE, 2026a).

La gran pregunta, después de casi dos décadas de apuestas sectoriales, no es cuántas veces hemos anunciado sectores de clase mundial. Es qué capacidades productivas quedan hoy, cómo sabemos que perduran, cuánto costaron y qué decisiones estamos dispuestos a cambiar a partir de esa evidencia.

3. Competir por valor, no por precio: el desafío de la ilegalidad

Competir no significa fabricar todo lo que importamos. El proteccionismo indiscriminado puede terminar encareciendo insumos y protegiendo productores ineficientes; de ello no se sigue que toda política de desarrollo productivo sea inútil. Incluso la CEPAL contemporánea insiste en diversificar exportaciones, desarrollar talento y promover servicios modernos. La tarea es descubrir y fortalecer aquello que podemos producir con productividad, calidad y diferenciación, y conectarlo con compradores internacionales (CEPAL, 2026).

Las cifras externas ayudan, siempre que sepamos leerlas. En 2025 la cuenta corriente registró un déficit de US$10.883 millones, 2,4 % del PIB. Entre enero y junio de 2026 sumó US$5.981 millones, 2,3 % del PIB semestral. Un déficit no demuestra por sí mismo pérdida de competitividad: puede financiar inversión. Importan las importaciones que lo acompañan, su financiación y la capacidad futura de generar ingresos externos (Banco de la República, 2026a, 2026b).

En la balanza de pagos, las exportaciones de bienes de 2025 aumentaron apenas 0,8 % en valor y las importaciones 10,1 %. El caso del café ilustra por qué hay que separar precios y cantidades: el Banco de la República atribuyó el incremento de ventas en buena parte a un alza del precio implícito de 52,0 %, junto con una expansión del volumen de 13,3 %. Son mejoras valiosas, pero no equivalen automáticamente a un salto de productividad (Banco de la República, 2026a).

Por eso, un balance serio debe medir valor agregado local, diversificación de productos y destinos, permanencia de exportadores, productividad por trabajador y calidad de los servicios vendidos afuera. El mercado turístico también requiere algo más que una moneda barata: conectividad, seguridad, calidad, reputación y capacidad de atender bien a quien nos visita. El tipo de cambio influye, pero no sustituye esas ventajas.

La competencia se vuelve especialmente desigual cuando una empresa formal debe respetar impuestos, normas laborales, trazabilidad y controles, mientras su rival puede financiarse con evasión, contrabando o rentas criminales. No todo negocio informal es delictivo ni toda mercancía de bajo precio es contrabando. Justamente por eso convienen controles inteligentes, protección del competidor cumplido y procesos que discriminen entre necesidad de formalización y criminalidad deliberada.

El informe UNODC/SIMCI publicado en junio de 2026 registró 261.386 hectáreas de coca en 2024, frente a 252.572 en 2023 y 142.784 en 2020. Eso representa aproximadamente 3,5 % de aumento anual y 83 % frente a 2020. La serie mide superficie detectada, no ingresos ni flujos de divisas; el propio informe no ofrece una estimación de producción potencial de cocaína para 2024 porque su metodología estaba en revisión (UNODC, 2026).

La dimensión económica merece examinarse sin esconderse detrás de eufemismos. Una investigación difundida por Valor Público de EAFIT, estimó ingresos para organizaciones vinculadas a la economía colombiana de la cocaína por alrededor de US$16.500 millones en 2024. La cifra supera el valor de las exportaciones petroleras de ese año y equivale, como comparación de magnitudes, a cerca de 4,4 % del PIB. Pero no significa que la cocaína aporte contablemente ese porcentaje al PIB, que todo sea ganancia neta o que ese monto haya ingresado al mercado cambiario colombiano (Universidad EAFIT, 2026a).

En otra investigación, Valor Público calculó una economía del oro ilegal cercana a US$3.500 millones anuales y estimó, con base en su metodología, que una elevada proporción de las exportaciones formalmente legales de oro podría tener origen ilícito blanqueado. Su estimación de 72 % es una hipótesis cuantitativa académica, no una constatación aduanera operación por operación. Exige verificar cadenas de comercialización y no debe confundirse con los mapas de áreas de minería sin autorización (Universidad EAFIT, 2026b).

Hay una pregunta macroeconómica incómoda: ¿en qué medida la repatriación y el lavado de recursos ilícitos modifican mercados de vivienda, tierra, servicios y, eventualmente, la tasa de cambio real? Existen mecanismos plausibles, pero no contamos aquí con una estimación causal que permita atribuirles una apreciación específica del peso. Sería irresponsable presentar como probado lo que todavía requiere información sobre flujos, destinos, precios y sustitución de inversión.

Lo visible en algunos territorios puede ser una suerte de oasis de gasto y precios altos, confundido con una bonanza general que no se apoya en productividad sostenible. También allí la educación financiera importa: una circulación intensa de dinero no equivale a riqueza durable. Administrar el problema exige combatir redes de lavado, extorsión y contrabando, reconstruir oportunidades lícitas y proteger al empresario que cumple. Y exige seguridad para lo cotidiano: abrir un local, transportar mercancías, caminar sin miedo o recibir un turista. Esa también es política económica.

4. Libertad y Orden: cultura cívica y condiciones del desarrollo

La responsabilidad ciudadana no es un asunto menor ni un adorno moral del desarrollo. Se expresa en lo que hacemos cuando no nos están mirando: respetar el paradero, no arrojar basura a la calle, cuidar un parque, facturar lo que corresponde o cumplir una obligación sin pedir una excepción. En Medellín existieron tradiciones de civismo y sentido de pertenencia que merecen conservarse. No sostengo que antes todo fuera ejemplar; sostengo que abandonar las buenas costumbres no constituye progreso.

La ciudad pertenece a quienes la habitan y trabajan por ella, hayan nacido allí o llegado después. Precisamente por eso las reglas de convivencia deben valer para todos. La educación ciudadana no es un juicio sobre el lugar de procedencia de nadie; es el aprendizaje compartido de cómo vivir en una comunidad que merece respeto.

Nuestro escudo dice «Libertad y Orden», lema reconocido por la Ley 12 de 1984. La libertad hace posible emprender, disentir, viajar, crear y elegir un proyecto de vida. El orden, en una democracia, consiste en normas conocidas y aplicadas con imparcialidad, no en obediencia ciega ni en poder sin controles. Sin orden, la libertad suele quedar reservada al que más puede imponerse; sin libertad, el orden deja de ser legítimo (Congreso de Colombia, 1984).

Nos hemos vuelto expertos en reclamar derechos, pero demasiado indulgentes a la hora de cumplir nuestros deberes. Hay una frase extraordinaria, adoptada como lema por el Colegio José Max León de Bogotá, que, a mi juicio, debería convertirse en una verdadera lección de ciudadanía: «Cumple en silencio tus deberes y reclama en voz alta tus derechos» (Colegio José Max León, 2025). Su enseñanza va incluso más allá de la iniciativa personal que defendía Elbert Hubbard (1899/2005) en Un mensaje a García: no basta con tener iniciativa para cumplir una tarea; también hay que asumir nuestras responsabilidades, sin excusas y sin esperar reconocimientos por hacer lo que nos corresponde. En una sociedad que parece haber perdido el rumbo, donde tantas veces esperamos que el Estado resuelva incluso aquello que depende de nosotros mismos, recuperar ese principio sería un buen comienzo. No se trata de renunciar a nuestros derechos, sino de comprender que una sociedad difícilmente puede prosperar cuando todos estamos dispuestos a exigirlos, pero cada vez menos a cumplir nuestros deberes.

No considero retrógrado reivindicar el mérito, la disciplina, la responsabilidad individual y el cuidado de lo público. La crítica a discursos que parecen disculpar cualquier incumplimiento no implica desconocer desigualdades, prevención o garantías: entender las causas de un delito no elimina la responsabilidad de quien lo comete. Tampoco podemos pedir al Estado que resuelva con un decreto todas las decisiones de la vida de las personas. Su tarea es ofrecer seguridad, reglas, servicios y oportunidades; la agencia personal no se puede tercerizar.

El ejemplo de Dinamarca puede servir para hacernos preguntas sobre confianza y cumplimiento, no para clasificar pueblos según supuestas virtudes innatas. El civismo se enseña y se refuerza con experiencia: calles cuidadas, escuelas que exigen, servicios que responden y autoridades que respetan las mismas reglas. La cultura no es inmóvil; tampoco cambia solo porque un gobierno anuncie una campaña.

Las cifras recientes de confianza muestran el tamaño del desafío. En una encuesta representativa de la OCDE aplicada durante 2025, 29 % manifestó confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno nacional, 33 % en los tribunales y 15 % en los partidos políticos. Son percepciones declaradas, no una demostración de corrupción ni una explicación causal del crecimiento económico (OCDE, 2026).

Una investigación de la OCDE sobre moral tributaria en Bogotá ofrece indicios útiles sobre la relación entre cumplimiento, confianza y percepción de justicia; su muestra no representativa de 133 respuestas impide generalizar resultados a todo el país. La lección razonable no es que el colombiano esté destinado a evadir, sino que reglas más comprensibles y una autoridad confiable pueden modificar incentivos y comportamientos (OCDE, 2025).

La obligación es recíproca. El ciudadano debe cumplir incluso cuando no comparte las ideas del gobernante; el servidor público debe dar ejemplo, administrar con transparencia y aplicar las reglas sin privilegios. Los errores del Estado no justifican el fraude privado. Y la conducta irresponsable de particulares no exonera a las instituciones de prestar buenos servicios.

Educación cívica, simplificación de trámites, contratación verificable, información abierta sobre el gasto y respuesta efectiva a las reclamaciones son políticas concretas, no un programa vago de «cambiar mentalidades». Se pueden medir tiempos de atención, costos de cumplimiento, conflictos resueltos, calidad de los espacios públicos y recuperación de recursos. El respeto por las reglas necesita ejemplos y resultados cotidianos.

En esto hay una diferencia fundamental entre un país de derechos y un país de excusas. La libertad requiere que la persona pueda actuar, pero también que se haga cargo de las consecuencias de sus actos. El orden requiere un Estado que haga valer las reglas, no uno que invente normas y después tolere su incumplimiento. Sin ambas cosas, nuestras ventajas económicas se consumen en desconfianza y costos que no siempre registramos.

5. Energía: aprovechar nuestras ventajas para competir en el mundo

Una ventaja comparativa no es simplemente tener un recurso abundante: en economía alude al menor costo de oportunidad relativo de una actividad. Una ventaja competitiva se construye cuando empresas e instituciones convierten ese punto de partida en costos eficientes, calidad, suministro confiable y capacidad de vender o atraer inversión. Colombia dispone de recursos hídricos significativos, pero no toda corriente de agua es una central viable y no toda central rentable en papel resulta aceptable ambiental o socialmente. Esa distinción es indispensable para no desperdiciar nuestras oportunidades.

La UPME divulgó en 2015 un atlas que estimaba hasta 56 GW de potencial hidroenergético a filo de agua. Se trata de una exploración del recurso, no de 56 GW listos para conectarse. Como contraste de escala, XM reportó 21.028,56 MW de capacidad efectiva neta total del Sistema Interconectado Nacional al cierre de 2025. Comparar ambas cifras exige advertir que una es potencial estimado y la otra capacidad operativa de todas las tecnologías (UPME, 2015; XM, 2026).

La matriz eléctrica colombiana se ha apoyado ampliamente en el agua, pero electricidad y consumo energético total no son lo mismo: la AIE estimó que los combustibles fósiles cubrían más del 75 % de la demanda total de energía en 2024. No basta con anunciar una electricidad limpia si el transporte y parte de la industria dependen todavía de combustibles. En 2025 entraron en operación comercial 75 proyectos de generación por 380,26 MW: 333,87 solares, 5,30 hidráulicos y 41,09 térmicos. Separadamente ingresaron 40 proyectos de transmisión. Son incorporaciones anuales, no prueba de que una tecnología haya desplazado arbitrariamente a otra (AIE, 2025; XM, 2026).

No propongo reemplazar automáticamente la eólica o la solar por hidroeléctricas. IRENA calculó para proyectos nuevos de 2024 costos nivelados promedios mundiales de US$0,034/kWh en eólica terrestre, US$0,043/kWh en solar y US$0,057/kWh en hidroeléctrica. Esos promedios muestran por qué no puede afirmarse que la eólica sea siempre más cara. Tampoco capturan todo el valor de una central con embalse, capaz de aportar flexibilidad y energía en horas distintas a las de otras fuentes. Hay que comparar costo del sistema, respaldo, almacenamiento, hidrología, mantenimiento, transmisión, financiación y daños ambientales, no solo el precio de un kilovatio-hora (IRENA, 2025).

La hidroelectricidad requiere además distinguir pequeñas centrales a filo de agua de grandes embalses con capacidad de regulación. Una PCH puede aprovechar una cuenca sin ofrecer almacenamiento significativo. Y el potencial cartográfico no excusa prescindir de consulta previa cuando proceda, participación comunitaria, licencias o estudios de impactos. El caso Salvajina examinó afectaciones específicas a comunidades indígenas y no puede convertirse en un argumento general para aprobar o prohibir toda central (Corte Constitucional, 2014).

Propongo mirar la cartera de proyectos completa: cuáles tienen estudios de viabilidad, qué restricciones ambientales existen, cuáles cuentan con punto de conexión, qué costos de financiación enfrentan y cuánto aportarían al abastecimiento firme. Es distinto un expediente archivado, una obra suspendida por problemas financieros y un proyecto inviable. El inventario debe identificar el motivo verificable de cada demora y exigir decisiones motivadas, con plazos y posibilidad de revisión.

También debemos considerar al industrial que genera energía para sus propias operaciones y puede entregar excedentes al sistema conforme a las reglas aplicables. Cemex informó en su reporte de gestión de 2025 que sus centrales hidroeléctricas Sueva I y Sueva II generaron 39 GWh durante 2024; Celsia, por su parte, anunció suministro solar para la planta Caracolito de Cemex. Son modelos distintos: generación propia y compra de energía externa. La regulación ya contempla autogeneración y entrega de excedentes; las preguntas prácticas son acceso a redes, medición, contratos, incentivos y capacidad efectiva de conexión (Cemex Colombia, 2025; Celsia, 2026; CREG, 2021).

Una electricidad confiable y competitiva es, además, política industrial. Fabricación avanzada, almacenamiento refrigerado, centros de datos e inteligencia artificial requieren redes y capacidad estable; algunas actividades demandan también conectividad digital, talento y agua. La AIE proyecta que la demanda mundial de los centros de datos alcance alrededor de 945 TWh en 2030, pero eso no garantiza inversión en Colombia (AIE, 2025b). Ser una potencia energética regional no se decreta: se construye aprovechando recursos, ejecutando redes, resolviendo trámites con garantías y ofreciendo precios capaces de atraer proyectos rentables.

6. Recursos que se agotan, patrimonio que debe perdurar: la lección de Noruega

La lección noruega no es que un país pequeño y rico tenga un fondo grande. Es que decidió convertir parte de las rentas de recursos no renovables en patrimonio financiero para las generaciones futuras. Al 30 de junio de 2026, el Government Pension Fund Global registraba 22.683 miles de millones de coronas noruegas, equivalentes aproximadamente a US$2,29 billones, según la tasa oficial de 9,9267 coronas por dólar de esa fecha. El fondo invierte internacionalmente y su manejo no equivale a una bolsa disponible para financiar cualquier proyecto de turno (Norges Bank Investment Management, 2026; Norges Bank, 2026).

La regla fiscal noruega vincula las transferencias presupuestales al rendimiento real esperado de largo plazo del fondo, estimado en 3 %, y recomienda prudencia adicional en años normales. No significa que el Gobierno pueda gastar automáticamente 3 % en cualquier circunstancia. Es una combinación de ahorro, diversificación, disciplina presupuestal y una visión que no termina con el ciclo político (Ministerio de Finanzas de Noruega, 2026).

Colombia ya tiene un Fondo de Ahorro y Estabilización dentro del Sistema General de Regalías. No debe confundirse con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles: el primero se relaciona con ingresos de regalías y estabilización territorial; el segundo, con la política de precios de combustibles. El Decreto 288 de 2026 contempló un desahorro dentro del marco de regalías; esa utilización legal no prueba apropiación indebida. La discusión sensata consiste en determinar cuándo conviene ahorrar, cuándo estabilizar y cuándo invertir (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2026).

Tenemos petróleo, gas, minerales y otros recursos cuya extracción puede generar ingresos y empleo, pero también agotamiento, volatilidad y riesgos ambientales. No se trata de extraer por extraer ni de prohibir por consigna. Necesitamos proyectos económicamente viables y ambientalmente responsables; reglas fiscales que resistan los ciclos de precios; instituciones que capturen adecuadamente las rentas públicas; y presupuestos que permitan distinguir gasto corriente, inversión productiva y patrimonio para quienes todavía no nacen.

Antes de sugerir un nuevo fondo, o de fortalecer el existente con una regla distinta, habría que simular escenarios de ingresos, servicio de deuda, inversión territorial y volatilidad. Una regla mal diseñada podría inmovilizar recursos cuando son indispensables; una regla sin disciplina podría convertir el ahorro en caja corriente. No propongo un porcentaje hasta conocer sus costos distributivos y fiscales.

Ecopetrol tampoco debe confundirse con un fondo soberano. Una empresa enfrenta riesgos de producción, precios, gobierno corporativo e inversión. Y los ahorros pensionales no deberían usarse para absorber proyectos que no superan una evaluación financiera independiente. El país necesita infraestructura y ahorro intergeneracional; mezclarlos sin precauciones puede terminar comprometiendo ambos.

7. Pensiones y ahorro: que el esfuerzo de hoy proteja el mañana

El problema pensional no se agota en trasladar afiliados de una administradora a otra. Depende de empleo, ingresos reales, continuidad de aportes, cobertura de riesgos, rentabilidad y confianza en que las reglas no cambiarán arbitrariamente. El DANE registró una informalidad de 83,1 % entre ocupados de centros poblados y rural disperso para junio-agosto de 2026; no es una tasa nacional y no equivale a afirmar que cada persona medida carece de protección pensional (DANE, 2026b).

La transparencia comienza por distinguir el dinero que se ahorra del que paga protección. Bajo el esquema ordinario del artículo 20 de la Ley 100, sobre un aporte de 16 % del ingreso base, 11,5 puntos se destinan a la cuenta individual, 1,5 al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y 3 puntos a administración y seguro previsional. Porvenir comunicó que desde marzo de 2026 cobraba 0,38 % del IBC por administración y 2,62 % por seguro previsional. Es un ejemplo documentado de una administradora, no una tarifa generalizable a todo el sistema (Congreso de Colombia, 1993; Porvenir, 2026).

El seguro previsional protege riesgos de invalidez y sobrevivencia; no es correcto llamar utilidad empresarial a toda la prima recaudada. Pero tampoco hay razón para renunciar a examinar precios, licitaciones, reclamaciones, siniestralidad, reservas, cobertura efectiva y rentabilidad de aseguradores, con datos comparables y supervisión. Una ficha transparente debería mostrar qué paga el afiliado, por qué lo paga y qué recibe a cambio.

En Estados Unidos, ciertos planes 401(k) utilizan aportes del empleador que complementan el ahorro del trabajador. Lo interesante no es copiar un producto extranjero, sino estudiar si una señal visible de corresponsabilidad puede estimular ahorro adicional en Colombia. El incentivo debe ser voluntario, portable, comprensible y medible, sin sustitución encubierta de salarios ni subsidios públicos que terminen favoreciendo desproporcionadamente a quienes ya ahorran (Internal Revenue Service, 2025).

Ya existe una base jurídica para ahorro voluntario patrocinado por empleados y empleadores: el artículo 126-1 del Estatuto Tributario establece tratamientos y límites específicos. Por eso la propuesta no consiste en afirmar que Colombia desconoce el ahorro compartido. Consiste en evaluar pilotos con topes adecuados, supervisión de costos y medición del ahorro verdaderamente nuevo, antes de crear un incentivo fiscal adicional (Congreso de Colombia, 2016, art. 15).

Para independientes con ingresos variables se necesita otra discusión. El artículo 89 de la Ley 2277 fija una base mínima de cotización de 40 % para determinadas categorías y condiciones de ingreso, no para todos los trabajadores en cualquier circunstancia. Es razonable estudiar mecanismos que mejoren continuidad y protección sin premiar la subdeclaración ni sancionar de hecho a quien tiene meses de ingresos bajos (Congreso de Colombia, 2022).

Las reformas de cotización deben probarse con datos. Una regla demasiado rígida puede excluir a trabajadores; una demasiado laxa puede estimular contratos ficticios o menor aporte efectivo. Hacen falta líneas de base, protección de la información y métricas de densidad de cotización, ahorro neto y cobertura real, no solamente más cuentas abiertas.

Tampoco sostengo que en Colombia nadie ahorre. El DANE registró una caída del ahorro bruto de los hogares en el tercer trimestre de 2025, pero esa variación de un trimestre no basta para describir el comportamiento de largo plazo. Cuando los ingresos reales no crecen y el empleo es inestable, el margen para ahorrar también se estrecha; allí se conectan la reforma pensional y la transformación productiva (DANE, 2025).

Las mesadas pensionales requieren separar impuesto sobre la renta y aportes a salud. El Estatuto Tributario contiene una exención condicionada y limitada sobre ingresos pensionales; las cotizaciones a salud obedecen a otra regulación. Cualquier alivio debe modelar beneficiarios, progresividad y costo fiscal, además de mostrar cómo se financiaría la atención sanitaria (Presidencia de la República, 1989, art. 206, texto vigente compilado).

La Sentencia C-264 de 2026 fijó el 1 de abril de 2027 para la entrada en vigencia de disposiciones validadas de la Ley 2381 de 2024 y dejó otras sujetas a subsanación legislativa. No cabe describir la reforma como si todas sus disposiciones estuvieran vigentes, ni suponer que puede gastarse hoy sin consecuencias una promesa pensional de mañana. Mi prioridad es preservar los derechos de los afiliados, proteger el ahorro y medir sostenibilidad y equidad entre generaciones (Corte Constitucional, 2026).

8. Responsabilidad y consecuencias: el orden también se hace cumplir

La ciudadanía responsable necesita algo más que exhortaciones. Necesita que incumplir tenga consecuencias previsibles y que respetar la ley no se convierta en una desventaja. El delito común, la extorsión, el contrabando, el lavado, la corrupción y la evasión tienen mecanismos de investigación diferentes; las autoridades deben distinguirlos y actuar con pruebas y debido proceso. La seguridad no es solo enfrentar estructuras armadas: también consiste en que una persona pueda trabajar, llevar un teléfono, usar el transporte o recibir un turista sin miedo.

Wilson y Kelling propusieron en 1982 que el deterioro visible de los espacios y el desorden pueden debilitar el control social informal. Su teoría de las «ventanas rotas» no demuestra que cada falta de civismo produzca delito grave. Una revisión sistemática posterior encontró reducciones de criminalidad principalmente en intervenciones focalizadas y de resolución de problemas, no en estrategias indiscriminadas de vigilancia agresiva. Para Colombia, la lección operativa es mantener espacios públicos, resolver problemas concretos y hacer cumplir las reglas sin atropellar derechos (Braga et al., 2024).

La evidencia criminológica comparada sugiere que mejorar la certeza de detección y sanción suele disuadir más que aumentar simplemente la severidad de las penas. De poco sirve anunciar castigos espectaculares cuando la probabilidad de investigar, judicializar y recuperar bienes sigue siendo reducida. Propongo inteligencia financiera, trazabilidad patrimonial, cooperación efectiva, protección de denunciantes y seguimiento público de resultados, siempre con controles de legalidad (National Institute of Justice, 2016).

El orden obliga también al Estado: contratos transparentes, actuaciones oportunas, decisiones motivadas, revisión de errores y reparación cuando corresponda. Una cultura que exige al ciudadano cumplir no puede tolerar funcionarios que ignoren plazos o reglas. Libertad y Orden no son dos capítulos distintos de una consigna; son condiciones recíprocas de una economía donde las personas se arriesgan a emprender y confían en recibir un trato justo.

9. Cinco propuestas para pasar del diagnóstico a la acción

No son cinco recetas ni un programa de gobierno. Son decisiones que pongo sobre la mesa para que organismos competentes evalúen si merece la pena adoptarlas. Ninguna puede presupuestarse ni extenderse a todo el país sin verificar línea de base, instrumentos existentes, fuentes de financiación, derechos afectados y condiciones para corregir o detener su ejecución.

PRIMERA. Auditar los resultados de la transformación productiva. Problema: programas sucesivos sin una lectura longitudinal suficientemente comparable. Instrumento: inventario de recursos, beneficiarios, evaluaciones e indicadores por cohorte; responsables posibles: DNP, MinCIT y Colombia Productiva. Evaluar valor agregado, inversión, empleo formal, productividad y persistencia exportadora por peso público destinado. Riesgos: falta de comparables y atribución causal indebida. Horizonte: un año para integrar datos y seguimiento plurianual. Viabilidad: aprovechar competencias y contratos de evaluación existentes, con estimación previa de costo operativo.

SEGUNDA. Construir un inventario energético orientado a decisiones. Problema: información fragmentada entre potencial, licencias, construcción, red y autogeneración. Instrumento: registro interoperable por proyecto, con estado y obstáculos verificables; responsables posibles: UPME, XM, CREG y autoridades ambientales según su competencia. Medir MW conectables, energía firme, costos integrales, plazos, impactos y excedentes industriales. Riesgos: confundir mapas de potencial con factibilidad y desatender derechos comunitarios. Horizonte: diagnóstico en doce meses y actualización pública anual. Viabilidad: interoperabilidad y acuerdos de datos antes que crear una agencia nueva.

TERCERA. Simular una regla de ahorro intergeneracional para rentas extraordinarias. Problema: ingresos agotables expuestos al ciclo político y a precios volátiles. Instrumento: escenarios de regalías, deuda, estabilización, inversión territorial y rendimiento financiero; responsables posibles: Ministerio de Hacienda, DNP y órganos del Sistema General de Regalías. Indicadores: ahorro neto por ciclo, retiros, riesgo y gasto regional preservado. Riesgos: inmovilizar recursos necesarios o crear una nueva caja de gasto. Horizonte: estudio dentro del siguiente ciclo presupuestal. Viabilidad: ninguna reforma normativa antes de demostrar efectos fiscales y distributivos.

CUARTA. Hacer transparente el costo integral del ahorro previsional y probar aportes compartidos. Problema: poca comparabilidad entre comisiones, seguros, cobertura y rendimientos, con incentivos insuficientes para algunos aportantes. Instrumento: ficha pública estandarizada por perfil de riesgo y pilotos voluntarios de aportes complementarios de empresas y trabajadores; responsables posibles: Superintendencia Financiera, administradoras y autoridades laborales y tributarias. Indicadores: ahorro nuevo, costos, permanencia, portabilidad, cobertura y progresividad. Riesgos: sustituir salario y concentrar ventajas tributarias. Horizonte: ficha en un año y piloto evaluado en dos o tres. Viabilidad fiscal: sin exenciones nuevas hasta contar con costeo.

QUINTA. Hacer más sencillo cumplir y más difícil obtener rentas del incumplimiento. Problema: trámites onerosos, ingresos laborales discontinuos, desconfianza y fraude deliberado. Instrumento: simplificación e interoperabilidad de pagos y reclamaciones, pruebas de esquemas contributivos para ingresos variables, información pública del gasto, fortalecimiento de veedurías y controles inteligentes frente a evasión y extorsión. Responsables posibles: MinTrabajo, UGPP, DIAN y entidades territoriales y de seguridad dentro de sus competencias. Indicadores: costo y tiempo de cumplir, continuidad de aportes, reclamos resueltos, fraude efectivamente recuperado y percepción de seguridad. Riesgos: vigilancia invasiva, simulación de ingresos y afectación de garantías. Horizonte: diseño y línea de base en un año, pilotos de dos a tres años; reformas sujetas a evaluación jurídica y presupuestal.

La exigencia transversal es que cada medida identifique quién responde por ella y cómo sabremos si sirvió. No propongo abrir una nueva ronda de conversatorios para justificar programas nuevos. Prefiero que las instituciones publiquen lo que hicieron, cuánto costó, qué salió mal y qué van a corregir. La capacidad de suspender una política que no produce resultados también es una señal de buen gobierno.

Hay restricciones inevitables: proteger más ahorro puede reducir recursos disponibles hoy; una central puede ser técnicamente viable y socialmente dañina; los incentivos pensionales podrían beneficiar ante todo a salarios altos; un control antifraude puede crear costos y vulnerar derechos. Por eso, antes de escalar, cada propuesta debe tener alternativa comparable, presupuesto explícito, evaluación y posibilidad real de rectificación.

10. Todavía queda carrera

Pienso en esas etapas largas de una vuelta ciclista en las que el pelotón parece haber dejado escapar la carrera. Alguien perdió una rueda, otro gastó las fuerzas demasiado pronto, el equipo reaccionó tarde a una fuga y la diferencia creció mientras todos discutían a quién le correspondía perseguir. Desde la carretera, la distancia parece imposible. Pero quienes conocen el ciclismo saben que no todo se decide en una meta volante: quedan montañas, relevos, decisiones y kilómetros para recuperar terreno.

Colombia ha dejado pasar oportunidades. A veces hemos celebrado la inscripción a la carrera como si ya fuera una victoria; otras veces hemos cambiado de uniforme sin mejorar la preparación ni la estrategia. No basta pedalear más duro durante un par de kilómetros. Hace falta escoger el terreno, cuidar los recursos, acompañar al que trabaja bien y retirar a tiempo las apuestas equivocadas.

Y hay una condición que no debería admitir discusión: la carrera se disputa cumpliendo las reglas. No sirve una victoria conseguida con un bidón pegajoso, dopaje o un motor escondido; tampoco sirve una economía que exhibe riqueza mientras tolera el fraude que la financia. Tenemos talento, recursos, empresas capaces y personas dispuestas a trabajar. Necesitamos decisiones mejores, un Estado que las ejecute y una ciudadanía que no reclame para sí excepciones a las normas comunes. El milagro no será que nos regalen la victoria. Será demostrar, etapa tras etapa, que podemos ganarnos el derecho a disputarla limpiamente.

Referencias

Agencia Internacional de Energía [AIE]. (2025a). An energy sector roadmap to net zero emissions in Colombia: Executive summary. https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-to-net-zero-emissions-in-colombia/executive-summary

Agencia Internacional de Energía [AIE]. (2025b). Energy and AI. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

Banco de la República. (2026a). Informe de la evolución de la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional: IV trimestre de 2025. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-balanza-pagos/cuarto-trimestre-2025

Banco de la República. (2026b). Informe de la evolución de la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional: II trimestre de 2026. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-balanza-pagos/segundo-trimestre-2026

Braga, A. A., Schnell, C., & Welsh, B. C. (2024). Disorder policing to reduce crime: An updated systematic review and meta-analysis. Criminology & Public Policy, 23, 745–775. https://doi.org/10.1111/1745-9133.12667

Celsia. (2026, 29 de enero). La Planta Caracolito de Cemex avanza en su transición energética de la mano de Celsia. https://www.celsia.com/en/noticias/la-planta-caracolito-de-cemex-avanza-en-su-transicion-energetica-de-la-mano-de-celsia/

Cemex Colombia. (2025). Informe de gestión del presidente y de la junta directiva: ejercicio 2024. https://www.cemexcolombia.com/documents/2563549/7212816/02-JGA2025-informe-de-gestion-del-presidente-y-de-la-junta-directiva.pdf/a9861aa6-d8ee-ea86-f67c-9aace7e9d473?version=1.1

Colegio Bilingüe José Max León. (2024). Manual de convivencia 2024-2025. https://josemaxleon.edu.co/wp-content/uploads/2024/08/V1DO11-Manual-de-Convivencia-2024-2025.pdf

Comisión de Regulación de Energía y Gas [CREG]. (2021). Resolución CREG 174 de 2021: Generación distribuida y autogeneración a pequeña escala. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0174_2021.htm

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2026). Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2026: La importancia de las exportaciones de servicios modernos y cómo promoverlas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/90408-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2026-la-importancia

Congreso de Colombia. (1984). Ley 12 de 1984. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1173

Congreso de Colombia. (1993). Ley 100 de 1993 (artículo 20). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248

Congreso de Colombia. (2012). Ley 1508 de 2012. https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/ley-1508-de-2012/

Congreso de Colombia. (2016). Ley 1819 de 2016 (artículo 15: modificación del artículo 126-1 del Estatuto Tributario). https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1819_2016.htm

Congreso de Colombia. (2022). Ley 2277 de 2022 (artículo 89). https://www.dian.gov.co/normatividad/Documents/Ley-2277-13122022.pdf

Corte Constitucional de Colombia. (2014). Sentencia T-462A/14. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-462A-14.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2026). Sentencia C-264/26. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/C-264-26.htm

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025). Cuentas nacionales trimestrales por sector institucional: tercer trimestre de 2025 [Boletín técnico]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/CNTSI/bol-CNTSI-IIItrim2025.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2026a). Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios [Portal estadístico]. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-comercio-exterior-de-servicios-emces

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2026b). Empleo informal y seguridad social: junio-agosto de 2026. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/informalidad-y-seguridad-social

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2008). Política nacional de competitividad y productividad (Documento CONPES 3527). https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3527.pdf

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2016). Política nacional de desarrollo productivo (Documento CONPES 3866). https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3866.pdf

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2024a). Building on strengths: Past lessons for diversifying exports. En Colombia: Selected issues (IMF Country Report 24/83). https://doi.org/10.5089/9798400271168.002.A002

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2024b). Unpacking low productivity in Colombia: Evidence from firm-level data. En Colombia: Selected issues (IMF Country Report 24/83). https://doi.org/10.5089/9798400271168.002.A001

Hubbard, E. (2005). A message to Garcia. Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/ebooks/17195 (Obra original publicada en 1899).

Internal Revenue Service. (2025). Publication 560: Retirement plans for small business (SEP, SIMPLE, and qualified plans). https://www.irs.gov/publications/p560

International Renewable Energy Agency [IRENA]. (2025). Renewable power generation costs in 2024. https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024

Ministerio de Finanzas de Noruega. (2026). The national budget 2027: Fiscal policy guidelines. https://www.regjeringen.no/en/documents/meld.-st.-1-20262027/id3177186/?ch=3

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). Decreto 288 de 2026. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=273536

National Institute of Justice. (2016). Five things about deterrence. https://nij.ojp.gov/topics/articles/five-things-about-deterrence

Norges Bank. (2026). Exchange rates: USD/NOK, 30 June 2026. https://www.norges-bank.no/en/topics/statistics/exchange_rates/?id=USD&tab=currency

Norges Bank Investment Management. (2026, 12 de agosto). Half-year report 2026. https://www.nbim.no/en/news-and-insights/reports/2026/half-year-report-2026/web-report-half-year-report-2026

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC] y SIMCI. (2026). Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024. https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/Informe_monitoreo_cultivos_Colombia_2024.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2025). Reconnecting Bogotá: Towards a stronger fiscal pact. https://doi.org/10.1787/559f2ecd-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2026). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results: Colombia. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-survey-on-drivers-of-trust-in-public-institutions-2026-results_c88c8869-en/colombia_0a6d05a3-en.html

Porvenir. (2026, 5 de febrero). Comisiones de administración 2026 [Comunicación a afiliados]. https://www.porvenir.com/documents/96079682/105960951/comisiones-administracion-2026.pdf/8c713808-071f-40cb-b40f-051b6a390fa0?t=1770245057140

Presidencia de la República de Colombia. (1989). Decreto 624 de 1989: Estatuto Tributario (artículo 206, texto vigente compilado). https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm

Unidad de Planeación Minero Energética [UPME]. (2015). Atlas del potencial hidroenergético de Colombia. https://www.upme.gov.co/simec/energia-electrica/generacion-de-energia-electrica/mapas-de-potencial-hidroenergetico-en-colombia/

Universidad EAFIT. (2026a). La participación del productor: El tamaño de la economía de la cocaína en Colombia [Nota de política]. https://www.eafit.edu.co/centros-estudio-incidencia/valor-publico/notas-de-politica

Universidad EAFIT. (2026b). Más allá de la mina: El tamaño de la economía del oro ilegal en Colombia [Nota de política]. https://www.eafit.edu.co/centros-estudio-incidencia/valor-publico/notas-de-politica

XM. (2026, 2 de febrero). En 2025, se declararon en operación comercial 40 proyectos de transmisión y 75 de generación. https://www.xm.com.co/noticias/8712-en-2025-se-declararon-en-operacion-comercial-40-proyectos-de-transmision-y-75-de

Nota apoyo institucional

Este ensayo, de autoría de Maximiliano Valderrama Espinosa, fue elaborado con el apoyo de la Corporación Vos Sos Medellín. Su contenido, análisis, interpretaciones y propuestas son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición institucional de la Corporación.

© 2026 Maximiliano Valderrama Espinosa. Todos los derechos reservados.

La ignorancia es atrevida. Pero cuando además tiene micrófono, seguidores y la capacidad de convertir la vulgaridad en una supuesta forma de rebeldía, deja de ser solamente atrevida y empieza a ser peligrosa.

Buena parte de esos influenciadores, humoristas y opinadores no solo pescan en el resentimiento de la gente rota por dentro. Ellos mismos parecen construidos desde sus propias fracturas, y no hace falta jugar al psiquiatra para advertirlo. Basta observar la obsesión con el enemigo, la necesidad permanente de humillar, el desprecio por quien piensa distinto, la incapacidad de reconocer el mérito ajeno y esa urgencia de convertir cada conversación en una revancha personal contra el mundo.

No transmiten serenidad, transmiten rabia; no ofrecen ideas, ofrecen culpables, y tampoco invitan a superar la frustración, sino que enseñan a cultivarla como si vivir permanentemente ofendido y victimizándose, fuera una forma superior de conciencia. Estos personajes, con o sin un personaje en el cual escudan su miserable comportamiento, han encontrado en sus propias heridas, frustraciones y momentos de dificultad, así sean solo parte de su universo creativo, un modelo de negocio. En lugar de resolver lo que tanto les indigna lo exhiben con cierto amaño y lo monetizan frente a una audiencia a la que convencen de que sanar, progresar, admirar a alguien o asumir alguna responsabilidad sobre la propia vida equivale a traicionar al grupo, o a quien les asesora desde un pedestal moral.

Viven de la simplificación, de hacer creer que pensar demasiado es sospechoso, que argumentar es propio de una élite desconectada, que expresarse con altura es una exhibición de privilegio y que cualquier discusión puede resolverse a punta de hijueputazos, malparidazos y carcajadas. La grosería funciona como una cortina bastante útil: cuando no hay profundidad, se sube el volumen; cuando no hay argumento, se insulta, y cuando no hay demasiado talento, se vende la chabacanería como autenticidad.

No tengo ningún problema con algunas malas palabras, que también uso y a veces con particular entusiasmo. El problema no es el hijueputazo, sino su conversión en sustituto del pensamiento; no es la grosería ocasional, sino esa forma de comunicación en la que todo comienza y termina en el insulto, mientras una audiencia confundida, o tal vez que solo hace parte de la cultura del sold out, celebra como valentía e irreverencia lo que muchas veces no es más que incapacidad para transmitir o sostener una idea.

Han instalado, además, una trampa bastante eficaz. Cualquier persona que estudie (no neecsariamente hablo de títulos), que cuide las formas, que tenga disciplina, que valore la cultura y lo que ha hecho grande a occidente, o que simplemente se niegue a revolcarse en la mediocridad y en lo masivo puede ser inmediatamente descalificada como pinchada, gomela, elitista o privilegiada. No importa de dónde venga, cuánto haya trabajado ni cuántas dificultades haya tenido que superar sin publicitarlas; basta con que aspire a algo mejor para que sea presentada como enemiga del pueblo, representante de una élite o beneficiaria de algún privilegio que, curiosamente, nunca necesita ser demostrado.

El gran truco de las Agendas de la Izquierda Progresista Radical ha sido convencer a la sociedad de que la altura pertenece a una clase social, como si la educación, la urbanidad, la cortesía, el conocimiento, la belleza, el esfuerzo y el deseo de progresar fueran propiedades privadas de aquellos que señalan como ricos, y como si lo popular tuviera que ser necesariamente vulgar, ruidoso, resentido y enemigo de cualquier forma de excelencia.

Eso sí es profundamente clasista: asumir que a la gente humilde solamente se le puede hablar desde la grosería, el reggaeton moral, la caricatura y la rabia; suponer que el barrio no puede aspirar a la belleza, al conocimiento, a una buena educación o a una vida distinta, y convertir la precariedad cultural en identidad, mientras cualquier intento por superarla es presentado como una traición de clase.

Quienes realmente miran por encima del hombro a la gente humilde son aquellos convencidos de que para representarla hay que hablar peor, rebajar las ideas y confirmar todos los vicios que la mantienen atrapada. Como si una persona de barrio no pudiera apreciar la música real, leer un libro que edifique el alma, expresarse bien y con educación, cuidar sus modales, tanto como lo propio y ajeno, admirar la excelencia o querer que aquellos a quienes quieren lleguen más lejos. Como si elevarse fuera abandonar a los suyos y no, precisamente, abrirles un camino distinto.

Con todo esto, recuerdo que la Revolución bolchevique también se alimentó de esa lógica. Una minoría organizada consiguió apropiarse del lenguaje del pueblo, fabricar enemigos y convertir la frustración en combustible político. No eran la mayoría absoluta de ninguna sociedad iluminada que hubiese decidido, de manera espontánea, entregar su libertad a cambio de una tiranía; eran un grupo tan resentido como disciplinado, capaz de presentar su proyecto como la única interpretación legítima del sufrimiento colectivo y de convertir cualquier oposición en prueba de traición.

Prometieron libertad y construyeron miedo, prometieron igualdad y levantaron una nueva élite, más voraz, hipócrita y arrogante que aquella que decían combatir. Prometieron cambio, pero sucumbieron ante sus propios y desproporcionados vicios. Mientras millones perdían su propiedad, su libertad, su dignidad y, en muchos casos, la vida, quienes hablaban en nombre de los desposeídos se hartaban de poder, privilegios y de todo aquello que supuestamente habían llegado a destruir.

La historia cambia de vestuario, pero rara vez abandona sus mañas. Primero se divide a la sociedad entre víctimas y culpables, después se convierte el resentimiento en virtud, luego se presenta la destrucción como justicia y, cuando alguien pregunta por la libertad, ya suele ser demasiado tarde.

En Medellín podemos verlo sin atravesar océanos ni desempolvar archivos soviéticos. Sólo vayamos a esa alcaldia donde empezaron el proceso de nivelar por lo bajo, sí, aquella del eterno candidato presidencial. Llevamos años normalizando la parcerización del lenguaje, la celebración de la chabacanería y la cultura del chirrete, hasta convertirlas en una especie de paisaje emocional, en un fenómeno de culto que nadie se atreve a cuestionar por miedo a ser llamado clasista, gomelo o desconectado de la realidad.

Nos hicieron creer que hablar bien era creerse más que los demás, que tener modales era una impostura, que apreciar la cultura era cosa de privilegiados y que aspirar a una vida distinta equivalía a renegar del barrio. El resultado es una ciudad que corre el riesgo de confundir identidad con caricatura, cercanía con vulgaridad y orgullo popular con la obligación de celebrar todo aquello que alguna vez debió superar.

Y no. El problema no es el barrio, ni el acento, ni la calle, ni la gente que viene de abajo. El problema es romantizar aquello que mantiene a la gente abajo.

La cultura del dinero fácil, del atajo, del vivo, del traqueto convertido en referente y del influencer que confunde grosería con lucidez jamás podrá producir altura ni bienestar para todos. Podrá esta producir ruido, fama, carros rimbombantes, cadenas doradas, conciertos llenos y millones de reproducciones; lo que no puede producir es una sociedad libre, educada, responsable, con instituciones fuertes y oportunidades duraderas.

Lo más triste es que esa forma de nivelar por lo bajo ya no pertenece únicamente a ciertos humoristas, influenciadores o dirigentes políticos. Se volvió trendy, llegó al mercadeo y terminó seduciendo a marcas al parecer muy queridas por la gente; marcas orgullosamente conectadas con los jóvenes, que parecen haber concluido que un fucking cuidadosamente estampado es suficiente para demostrar cercanía, irreverencia y modernidad.

Conozco la teoría: que así habla la gente, que los jóvenes se identifican con el parlache, que una marca debe sonar auténtica y que la grosería, bien administrada, produce empatía. Puede ser. Pero también cabe preguntarse en qué momento conectar con una generación empezó a significar hablarle peor, como si los jóvenes fueran incapaces de responder a algo que no viniera envuelto en chabacanería, o como si la única manera de resultar cercanos consistiera en imitar aquello que las redes ya repiten hasta el cansancio.

No es la palabra fucking la que me preocupa. Me preocupa el razonamiento que existe detrás, la idea de que para vender más hay que rebajar el lenguaje, atropellar la estética y acomodarse a una audiencia supuestamente emborrachada de mediocridad, en vez de ofrecerle algo que la desafíe, la inspire o al menos no la trate como si solamente reaccionara al ruido.

¿Será posible volver a construir mensajes aspiracionales, no esos que venden vidas perfectas, cuerpos imposibles y carros que nadie puede comprar, sino aspiracionales en el sentido de invitar a ser mejores, a pensar mejor y a elevar el estándar de lo que admiramos? ¿O terminaremos aceptando que, por cuenta de la diversidad, la equidad, la inclusión y la obsesión empresarial por parecer cercanos, hasta compañías como Bancolombia acabarán parcerizando todavía más sus campañas, sacrificando cualquier cuidado estético y hablándonos como si una cuenta de ahorros necesitara tratarnos de “parceros” para demostrar que entiende el país?

Tal vez entonces aparecerá alguna consultoría tan disruptiva como vende humo, con una presentación impecable y suficientes anglicismos, a explicarnos que la vulgaridad es autenticidad, que la belleza excluye, que hablar correctamente reproduce privilegios y que pedir altura constituye una forma de violencia simbólica. Cuando algo se nivela por lo bajo, casi siempre aparece un experto dispuesto a bautizarlo como progreso.

Cuando una sociedad convierte sus heridas en identidad, la vulgaridad en virtud y el resentimiento en programa político, termina despreciando todo aquello que podría elevarla. Y mientras esos nuevos mercaderes de la rabia se llenan los bolsillos, acumulan seguidores, venden camisetas y se presentan como portavoces del pueblo, la gente a la que dicen representar continúa exactamente donde estaba: más resentida, más confundida y mucho más fácil de manipular.

Una sociedad no se eleva celebrando lo peor de sí misma, sino aprendiendo a admirar lo mejor. Si hasta las marcas, las empresas y quienes todavía tienen la posibilidad de elevar la conversación deciden arrodillarse ante la chabacanería porque produce más clics, empatía y ventas, entonces el negocio del resentimiento habrá conseguido algo todavía más grave que conquistar la política: habrá logrado convencernos de que aspirar a algo mejor es motivo de vergüenza.

He venido apoyando públicamente la candidatura de Abelardo de la Espriella. Lo digo de entrada, a modo de disclaimer: no hago parte de su campaña, no hablo en nombre de ella, no tengo cargo, contrato ni vocería alguna. Lo he hecho como ciudadano que vive entre aquí y allá, pero que no ha renunciado a pensar, opinar y preocuparse por Colombia. Escribo desde una inquietud genuina por una nación que no puede seguir muriendo en sus propios intentos.

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo dejaron una segunda vuelta que muchos han querido reducir a otra pelea entre derecha e izquierda. Así la han presentado algunos medios, tradicionales y no tan tradicionales, más atentos al rating, los clics y las visualizaciones que a entender lo que se mueve debajo del resultado.

Según los datos reportados por la Registraduría, De la Espriella pasó primero a segunda vuelta con cerca del 44% de los votos, frente a un Iván Cepeda que rondó el 41%. Pero el dato político de fondo no es solo el porcentaje. Es que millones de personas acompañaron a una figura pública que no venía de la política tradicional, que incomoda a los medios, que no habla con el libreto domesticado por la corrección política de siempre y que terminó expresando un malestar más amplio: cansancio con el desorden, miedo frente a la inseguridad, frustración con la improvisación y rechazo a una forma corrupta de gobernar que prometió unir desde la justicia social, pero terminó profundizando la división.

Con esos resultados sobre la mesa, algo queda claro: hay mucha gente inconforme. Unos celebran, otros se alarman, otros sienten alivio y otros rabia. Eso es natural en una sociedad donde la política lleva años calentando emociones, simplificando problemas complejos y usando la frustración ciudadana como mercancía electoral.

Ahí aparece un tema que me parece central: la pobreza mental.

No uso esa expresión como insulto. Tampoco la asocio con pobreza económica. No vive solo en los barrios pobres, ni desaparece por tener dinero, títulos, apellidos, viajes u oficinas bonitas. Pulula en todos los niveles y estratos sociales. Puede estar en el empresario que desprecia al trabajador, en el político que vive de sembrar resentimiento, en el joven que cree que todo se le debe, en el profesional que repite consignas sin pensar, en el rico que confunde privilegio con superioridad, o en el ciudadano que entrega su criterio a la tribu de turno.

La pobreza mental, como la entiendo, es la pérdida de responsabilidad sobre la propia vida. Es creer que todo depende de otro; que el futuro está bloqueado; que alguien más tiene siempre la culpa; que progresar es sospechoso; que el éxito ajeno solo se explica por privilegio, trampa o abuso; y que la indignación puede reemplazar al esfuerzo. Es una pobreza de imaginación, carácter y horizonte.

Hay razones de sobra para estar inconformes. Existen desigualdad, abusos, regiones olvidadas, jóvenes sin oportunidades, trabajadores frustrados y familias que hacen milagros para sostenerse. El problema empieza cuando esa molestia legítima se usa para romper más el tejido social. Cuando a la gente no se le invita a levantarse, sino a odiar. Cuando al trabajador no se le habla de progreso, productividad y dignidad, sino de enemigos. Cuando al ciudadano no se le ayuda a recuperar control sobre su vida, sino que se le enseña a encontrar siempre un culpable.

Esa ha sido una de las grandes trampas de cierta izquierda, especialmente la de las agendas progresistas radicales: presentarse como defensora del pueblo mientras alimenta las fracturas que dice querer sanar. Ha sido eficaz construyendo narrativas, encontrando villanos, repitiendo consignas, repartiendo culpas y convirtiendo frustraciones reales en combustible electoral. Pero a la hora de gobernar mostró otra cosa: que su modelo no era unir una nación, sino fragmentarla por dentro.

A eso se suma otra trampa del lenguaje político moderno: ahora todo fenómeno popular que incomoda a cierta élite opinadora recibe el nombre de populismo. La palabra se volvió etiqueta automática. Se la pusieron a Donald Trump, a Jair Bolsonaro y durante años a Viktor Orbán en Hungría. Se la ponen a cualquiera que hable de orden, seguridad, autoridad o hartazgo ciudadano. Pero no siempre usaron la misma vara cuando académicos, comentaristas y organismos internacionales miraban con simpatía o indulgencia experimentos como el de Hugo Chávez. Incluso Joseph Stiglitz llegó a elogiar aspectos de la política económica y social venezolana. Ahí, para muchos, la concentración de poder, la chequera petrolera, el culto al líder y la destrucción institucional parecían detalles secundarios frente a la narrativa atractiva de la justicia social.

Ese doble rasero enferma la conversación pública. Si la palabra populista solo sirve para descalificar al adversario, y no para analizar con seriedad los riesgos del poder, deja de ser una categoría útil y se convierte en otro recurso cómodo para cerrar discusiones desde la superioridad moral del comentarista.

La sociedad se está partiendo en tribus. En ellas empiezan a pesar cosas que no definen ni el carácter ni las capacidades de nadie. Las políticas identitarias, importadas muchas veces sin contexto y repetidas con superioridad moral, han servido más para dividir que para comprender. Pescan en frustraciones, heridas históricas y pasados incómodos que muchas personas ya habían empezado a superar, para convertirlos otra vez en materia prima de resentimiento.

También se ha trivializado el lenguaje. Hoy basta pensar distinto para que a alguien lo etiqueten como fascista, homófobo, misógino, racista o clasista. Son palabras graves, que deberían usarse con rigor. Pero se volvieron herramientas de bajo costo para cancelar una conversación, asustar o disciplinar al que se sale del libreto, y ese es el señuelo en el que no deberíamos caer.

A De la Espriella lo han querido reducir a una caricatura. Lo presentan como estridente, vanidoso, excesivo e incómodo. Y claro que tiene una personalidad que no pasa desapercibida. No es un político de manual, ni pretende serlo. Ha sido figura pública, abogado, opinador y personaje mediático, con una manera de hablar que no pide permiso. Pero precisamente por eso incomoda tanto a quienes prefieren políticos que hablan bonito, reparten frases correctas y después dejan todo peor.

De la Espriella tiene elementos que a algunos incomodan. Sería absurdo negarlo. Tiene un estilo particular y una forma de comunicar que muchas veces rompe con los moldes de la política tradicional. Pero también tiene algo que muchos sienten que se perdió: carácter. Y en una nación donde la autoridad ha sido confundida con abuso, y la falta de autoridad con sensibilidad social, eso pesa.

La izquierda tuvo una oportunidad única. Llegó al poder con una narrativa potente: cambio, inclusión, dignidad, paz y justicia social. Pero en América Latina esa última expresión debería despertar menos ingenuidad. Fidel Castro y Hugo Chávez también hicieron de la justicia social su caballito de batalla, y terminaron usando esa promesa para concentrar poder, destruir instituciones y someter sociedades enteras a la dependencia del Estado.

Thomas Sowell, en The Quest for Cosmic Justice, advirtió con crudeza que la envidia, antes vista como uno de los siete pecados capitales, terminó convertida en una virtud admirada bajo el nombre de “justicia social”. El problema no es aspirar a una sociedad más justa; el problema es convertir esa aspiración en resentimiento contra el mérito, la empresa, el progreso y la libertad.

Gobernar no es declamar, tuitear ni convertir cada crítica en conspiración. Gobernar exige resultados, orden, seguridad, instituciones, crecimiento, responsabilidad y capacidad de convocar incluso a quienes no votaron por uno.

Esa oportunidad se desperdició. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía no vuelve al mismo lugar. Vuelve más cansada, más desconfiada y más dispuesta a buscar una alternativa que no le hable con eufemismos.

Muchos no votaron simplemente por derecha. Votaron para poner un límite. Votaron para decir basta. Basta de relativizar la inseguridad. Basta de mirar con sospecha al que produce. Basta de presentar la informalidad, el bloqueo o la invasión como formas superiores de justicia social. Basta de hablar de igualdad mientras se promueve división. Basta de convertir al inconforme en materia prima de una revolución que nunca mejora su vida concreta.

Pero la indignación puede ayudar a ganar una elección; no alcanza para reconstruir una nación.

Despierta, pero también enceguece. Sirve para poner un freno, no necesariamente para trazar un camino. No podemos pasar de una consigna a otra, de una tribu a otra, de una revancha a otra. Se necesita autoridad, sí, pero también serenidad. Orden, pero no espectáculo. Seguridad, pero también crecimiento. Derrotar el resentimiento, pero sin caer en el desprecio.

Por eso el llamado debe ser a la cordura. No a la tibieza. No a esa neutralidad cómoda que tantas veces sirve para quedar bien con todo el mundo. Cordura significa mirar de frente lo que está en juego. Significa no dejarse manipular por etiquetas. Significa entender que una persona no queda definida por los apelativos que sus adversarios le cuelgan, sino por lo que pueda hacer frente a un momento histórico.

De la Espriella tiene una oportunidad única. Su carácter, su perrenque y su manera frontal de hablar pueden ser una fuerza decisiva si se ponen al servicio de algo más grande: ordenar el país, recuperar autoridad y devolverle confianza a una ciudadanía cansada de excusas. No se trata de pedirle milagros a nadie, sino de exigir que este momento no se desperdicie.

La pobreza mental no se supera con discursos que infantilizan al ciudadano. Se supera devolviendo sentido de acción. Se supera diciéndole a la gente que su origen no tiene por qué ser condena, que su rabia no tiene por qué ser destino, que su historia no tiene por qué ser una cadena. Se supera con educación, trabajo, responsabilidad, familia, ahorro, disciplina, seguridad, oportunidades reales y un Estado que acompañe sin convertir a las personas en dependientes emocionales de la política.

La segunda vuelta no debería ser una guerra de insultos. Ya hemos tenido demasiado de eso. Debería ser una decisión adulta sobre el rumbo colectivo: seguir atrapados en una narrativa que divide, señala y administra frustraciones, o intentar recuperar la capacidad de hacernos cargo de una sociedad que merece algo mejor que vivir eternamente enfrentada consigo misma.

No se trata de votar desde el odio. Se trata de votar desde la cordura. Y en este momento, la cordura empieza por no caer en el señuelo de quienes necesitan destruir al adversario porque ya no pueden defender con seriedad el resultado de su propio modelo.

Fecha original de publicación: Junio 23 de 2020

En Colombia, al igual que en muchos países del mundo, el periodismo ético y “serio” puede considerarse una especie en vía de extinción, donde las agendas y los intereses de los dueños de los medios de comunicación, así como aquellas de los directores y editores de los mismos, son algo con lo que pretenden establecer, no solo líneas editoriales, sino incluso poner a la etérea “opinión pública” a pensar, indignarse y actuar, conforme a lo que a ellos les parece debe ser. 

Más grave que las agendas de los dueños de los medios y de sus representantes, está el activismo que adelantan sin ningún tipo de aspaviento muchos de los más renombrados periodistas y comunicadores que hay en el país. Activismo, que siendo este una expresión activa y además un frente de batalla con fines políticos, se sustenta como cualquier otro interés, en una serie de necesidades particulares, en la codicia, ganas de figurar, creencias personales, frustraciones, resentimientos, o para algunos más soñadores, en aquellos ideales para lograr una sociedad mejor, pero a su gusto. 

Periodistas éticos o “verdaderos” en Colombia hay pocos, sin importar el área de interés que ellos cubran, creería que podría contarlos con los dedos de una mano y muchos de ellos tal vez sometidos al más terrible olvido. 

Lo anterior contrasta con la cantidad abundante de activistas en medios de comunicación, que con o sin estudios relacionados con dicho oficio, ejercen como periodistas. 

Son estos personajes capaces de sembrar mantos de duda, de “cargarse” a las personas que no son de su gusto, de extorsionar amablemente a los políticos con rabo de paja y de inventarle cuentos a aquellos que no lo tienen. Son capaces de promover campañas humanitarias que tienen por detrás un interés comercial, son creativos al momento de mostrarse como redentores de los más necesitados, aunque solo sea esa una manera de conseguir mayor rating. 

Un patético ejemplo, el de aquella periodista que siendo directora de un medio y agazapada en los pergaminos otorgados por una academia, mas interesada en adoctrinar que en generar pensamiento crítico, ha sido capaz de atacar de manera solapada y permanente a quienes no son de su gusto, apoyándose en informaciones de oídas pero “de muy primera mano” provenientes de una ONG “de periodismo serio y de investigación”, que curiosamente no solo es manejada por su consorte, sino que es financiada con recursos de fundaciones internacionales, que dicen apoyar “financieramente a los grupos de la sociedad civil con el fin de promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios independientes”, cuando en realidad lo que les interesa es promover el caos, más que propender por una “sociedad abierta”. 

Es esa la misma periodista que se vive victimizando, pero que no duda en amenazar por una red social, con la información de una “cuenta falsa” a una autoridad civil, que sí bien puede que no les guste a muchos, merece ante todo, como las demás personas, no sólo la presunción de inocencia, sino un debido proceso, más allá de la constante lapidación pública que hacen desde su posición de poder estos activistas, a quienes a la larga les callarán con pauta. 

Es desde esa posición privilegiada, que les permite llegar a imberbes, desinformados, adoctrinados, resentidos y en algunos casos desprevenidos oyentes, que pretenden difundir la narrativa propia de esa combinación de todas las formas de lucha que promueve la izquierda, con el objetivo de reescribir la historia del país. 

Son capaces estos activistas de enfilar sus baterías para lograr, con nuestros impuestos, calar en un funcionario del cual saben, por sus antecedentes profesionales, que es de su misma calaña, y con ello despilfarrar más de 6.000 millones de pesos en un viaje humanitario a la China, para traer 13 connacionales y con ese sólo “esfuerzo humanitario” lograr dilapidar recursos en mayores cuantías de los que a veces ellos, lamentan se malgastan en el país. 

Promueven conscientemente el conflicto, el odio y el resentimiento, porque saben que dividir es la manera de conseguir mayor rating, siendo capaces de manipular no sólo la información sino trastocar hechos ciertos, llegando con ello al descaro de nivelar a un estadista como Álvaro Uribe Vélez, con un terrorista como Gustavo Petro Urrego. 

Al parecer, poco les gusta la institucionalidad ya que viven cuestionando el “uso legítimo de la fuerza por parte de estado”, mientras aplauden la realización de “pacíficas marchas” donde para ellos, los de los cocteles molotov “sí que son casos aislados”. 

Gran parte de los problemas existentes en el país son gracias a estos activistas que no admiten la diferencia en el pensar, que censuran, azuzan, acusan y luego ni rectifican, con lo que logran con creces ese objetivo de tener un país cada vez más polarizado. 

Hacen un uso particular del lenguaje donde con guantes de seda, llaman: disidencias, a los miembros de las FARC que siguieron delinquiendo, esto con el fin de borrar del panorama y del recuerdo a miles de victimas, de aquellos a quienes ofrecieron desde sus micrófonos y columnas escritas total impunidad. Eso sí, a los delincuentes y narcos de las llamadas bandas criminales emergentes – Bacrim, les siguen diciendo paramilitares. 

El periodismo en Colombia está secuestrado por un grupo de amigotes que, entre ellos, se cubren sus pecados. Amigotes que no solo se limitan al libre desarrollo de su propia personalidad con el uso recreacional de sustancias provenientes de aquella mata que mata (y por eso tanta matraca para la legalización) sino que han incluido y sin ningún tipo de sanción, el uso de menores de edad en publicaciones más pornográficas que sensuales. 

Hablan sin titubeos de aquellas historias ajenas que cuenta Netflix, pero no tuvieron problema alguno cuando hacían análisis de hojas de vida de jóvenes periodistas, que luego muy seguro entrevistaron al mejor estilo de Harvey Weinstein. 

Aprovechan la mente amnésica de un país para el que parece no hubo apagón en el 92, pero hoy sí merece darle todo el palo a Hidroituango y con ello de paso, obtener mayor pauta publicitaria de EPM. Olvidaron además la toma del Palacio de Justicia por parte de quienes hoy brindan el acceso a sus micrófonos, para reescribir conjuntamente la historia. 

Es por esa amnesia colectiva que algunos pueden ocultar que fueron maestros de ceremonias para pirámides como DMG, que sin declararse impedidos por los favores recibidos, recitaban que “Pacific es Colombia” y que paralelo al levantamiento de la restricción por parte de la Unión Europea de los dineros de las FARC, al sacarla de la lista de organizaciones terroristas, promovían sin sonrojarse el Bitcoin o la criptomoneda de Esperanza Gómez, como la mejor inversión. 

Estos dueños de la verdad absoluta que nadan en ríos de doble moral, no dan puntada sin dedal, ya que cuentan entre sus amistades de vieja data a narcotraficantes probos que les financiaron sus emprendimientos “periodísticos”. Tal vez por ello, existe ese doble rasero para con un expresidente que financió su elección de 1994 con dineros del narcotráfico, el mismo que junto con muchos de ellos firmó una misiva en 1993 para que “le hicieran un juicio justo” a uno de sus amigotes condenado a 30 años de prisión, por narcotráfico en Estados Unidos, quien a su vez es el hermano de un hoy Senador de la República, al que jamás le darán garrote por ser un estandarte de esa social bacanería que quieren imponer. 

Estos activistas, se han convertido en un grupo capaz de administrar justicia por cuenta propia, de linchar mediáticamente y de acabar con la reputación de aquellos que no les parece que vivimos en el segundo país más feliz del mundo y que gozamos del mejor “acuerdo de paz”. ¿Será que la libre expresión y el deber por informar los confundieron con la libertad de llevarse por delante a quien se les da la gana?.