Héctor Abad o la soberbia de no entender al país

No suelo leer El Espectador. Desde hace ya varios lustros dejó de ser, para mí, un periódico con carácter propio y se fue convirtiendo en algo mucho menos interesante: un panfleto elegante de la izquierda progresista radical.

No me molesta que un medio tenga origen político. Muchos periódicos nacen con ideas, causas y una manera particular de mirar el mundo. Lo que molesta es otra cosa: que se disfracen de árbitros morales, se presenten como conciencia democrática del país y terminen funcionando, demasiadas veces, como caja de resonancia de las mismas obsesiones ideológicas de siempre.

Una prueba de ello es la columna de Héctor Abad Faciolince publicada el 31 de mayo, dia de elecciones, la cual, además de llegarme tarde y de carambola, muestra muy bien el problema. No busca entender a Abelardo ni al país que lo está apoyando. Busca etiquetarlo, deformarlo y llenarlo de calificativos. Todo contra quien, salvo que algo verdaderamente irregular ocurra, será el próximo presidente de Colombia.

Mientras Colombia votaba, ya se intentaba marcar la elección con una etiqueta. Antes de aceptar lo que las urnas terminarían mostrando, había que dejar lista la acusación. Había que convertir al candidato incómodo en amenaza antes de reconocer que estaba conectado con un malestar real.

Ese mismo día, Abelardo de la Espriella les dio sopa y seco en las urnas a quienes creían tener el monopolio moral del país. Ahí se entiende mejor la columna: no como análisis sereno, sino como miedo anticipado. Cuando un candidato rompe el libreto de las élites opinadoras, no se le discute: se le patologiza. No se analizan sus ideas: se le convierte en amenaza. No se reconoce el malestar ciudadano que representa: se le reduce a caricatura.

Tirano. Vulgar. Fascista. Ignorante. Payaso. Peligroso.

El repertorio cambia poco, porque el método es siempre el mismo.

Abad pretendía hacer el retrato moral de un candidato. Le salió otra cosa: el retrato involuntario de cierta élite opinadora colombiana cuando pierde el control del relato.

Su columna no busca convencer. Busca degradar. No argumenta. Ridiculiza. No discute un programa de gobierno ni una visión de Estado. Prefiere el camino fácil: la barba, la ropa, la vanidad, el cuerpo, la esposa, Miami, Florencia, el supuesto mal gusto. Todo envuelto en una prosa que quiere sonar brillante, pero que termina mostrando una pobreza argumentativa preocupante.

La política no tiene por qué ser tibia. Una democracia necesita confrontación, ideas fuertes y denuncias. Pero advertir sobre riesgos autoritarios no es lo mismo que sustituir el análisis por la burla. Cuando un columnista describe al adversario como grotesco, ridículo o peligroso sin detenerse en lo que representa para millones de ciudadanos, deja de hacer crítica política y empieza a hacer desahogo social.

Ahí está el punto. Abelardo no apareció de la nada. No es solo un personaje pintoresco impulsado por la televisión o las redes. Es el síntoma de una Colombia cansada de que le pidan paciencia mientras el crimen avanza, de que le hablen de paz mientras los grupos armados se fortalecen, y de que le vendan superioridad moral mientras la extorsión, el narcotráfico y la secuestro territorial siguen creciendo.

Claro que se puede criticar su estilo. Claro que se le puede exigir mayor precisión programática (aunque su programa lo es, y cero de echar globos), mejor equipo técnico (que lo tiene) y menos teatralidad (un poco difícil por su espíritu caribe). Eso sería legítimo. Lo pobre es reducirlo a un “aspirante a tirano” sin tomarse en serio el malestar que lo explica. Esa soberbia es la que ha llevado a muchos sectores «ilustrados», de esa élite «intelectual» a no entender el país que dicen defender.

En democracia, el voto no siempre premia al más elegante ni al más cómodo para las tertulias. A veces premia al que logra nombrar problemas colectivos que otros prefirieron ignorar (o maquillar), y plantear acciones para solucionarlos.

Colombia tiene hoy una angustia real: la sensación de que el Estado ha cedido demasiado, de que la autoridad se volvió sospechosa y de que la palabra “paz” se ha usado para justificar concesiones que no siempre producen la tan anhelada paz.

Abad ya ha mostrado antes esa forma de superioridad moral. Recuerdo que en 2014, cuando Nairo Quintana llenaba de orgullo a Colombia con la maglia rosa en el Giro de Italia (la del liíder de la carrera), publicó en Twitter: “A la extrema derecha no le gusta mucho eso de ‘camiseta rosada’ o ‘maglia rosa’. Creen que es del orgullo gay”.

Ese comentario no era solo un mal chiste. Era una muestra perfecta de la ligereza con la que este tipo de opinadores hablan desde arriba, como si todos los que no piensan como ellos fueran brutos, atrasados o incapaces de entender algo tan elemental como una tradición deportiva.

Yo le respondí entonces con lo obvio, justamente para dejar en evidencia la ignorancia del comentario: si el problema era que la camiseta rosada podía asociarse, según él, con el orgullo gay, entonces qué hacía con la camiseta arcoíris del campeón mundial de ciclismo. Porque la camiseta de campeón mundial no es rosada. Es arcoíris. Y en ciclismo no representa su burla barata, ni su chiste político, ni su necesidad de ridiculizar a la derecha. Representa mérito, gloria, historia y jerarquía deportiva.

Esa era la respuesta. No un adorno. No una curiosidad de ciclismo. Era mostrarle que su comentario era flojo, ignorante y prejuicioso. Porque cualquiera que conozca mínimamente el ciclismo sabe que la maglia rosa del Giro y la camiseta arcoíris del campeón mundial pertenecen a una tradición deportiva, no a la necesidad ideológica de un columnista de burlarse de sus adversarios.

Aquel episodio no fue una anécdota menor. Fue una radiografía. Abad se presenta como defensor de la complejidad, pero con frecuencia reduce al contrario a un estereotipo. Habla de tolerancia, pero practica el desprecio. Reclama humanidad, pero se la niega políticamente a quienes no caben en su mundo. Él a la larga no discute con ciudadanos. Discute con muñecos que él mismo fabrica: el uribista bruto, el derechista homofóbico, el conservador primitivo.

Y lo peor es que suele salirse con la suya. Porque pertenece a ese roscograma intelectual donde ciertos escritores, periodistas y opinadores pueden descacharse una y otra vez, hablar desde la superioridad moral, decir simplezas con tono profundo y aun así seguir siendo tratados como conciencia del país. A otros les cobran cada palabra. A ellos les celebran hasta los disparates.

Ese es el nivel de quien posa de humanista mientras desprecia en bloque a quienes no caben en su mundo ideológico.

La columna también deja ver otra cosa: el miedo reverencial frente a cierto periodismo. Abad menciona el episodio de una «gran» periodista y parece sugerir que, si un candidato se incomoda con una periodista quien claramente le impregnó cicuta a su cuestionario, entonces ya estamos ante una señal autoritaria. Pero ahí también hay que hacer una precisión. No todo el que carga una libreta, un micrófono o una credencial actúa como periodista. Muchas veces actúa como activista, con agenda, con veneno, con preguntas cargadas y con una idea previa de a quién quiere destruir.

Eso no significa que los periodistas no puedan preguntar duro. Claro que pueden. Deben hacerlo. Pero una cosa es preguntar duro y otra muy distinta actuar como fiscal ideológico, provocar, torcer, insinuar y luego esconderse detrás de la palabra “periodismo” como si fuera una sotana. En Colombia y fuera de Colombia hay demasiados opinadores y periodistas que se creen ungidos por alguna autoridad superior. Preguntan con veneno, escriben con veneno, editan con veneno, y luego exigen que nadie les conteste duro porque entonces se sienten atacados en nombre de la libertad de prensa.

No. La libertad de prensa no convierte al periodista en intocable. Tampoco convierte al activismo en verdad. Y mucho menos obliga a un candidato a quedarse agachado frente a preguntas imprecisas, sesgadas o malintencionadas.

Hay, además, un punto delicado que conviene decir sin rodeos, pero con respeto. Héctor Abad Faciolince e Iván Cepeda comparten, cada uno desde su propia historia, una relación pública con la tragedia política colombiana. Sus familias fueron atravesadas por la violencia. Eso merece respeto. Nadie decente debería burlarse del dolor ni de una pérdida familiar marcada por la muerte.

Ahora bien, el respeto por la tragedia no puede convertirse en obediencia intelectual. Una biografía dolorosa no vuelve infalible a nadie. No convierte una columna en argumento ni una candidatura en reserva moral. El duelo puede explicar una sensibilidad, pero no puede blindar a nadie contra la crítica.

Colombia ha sufrido demasiado como para permitir que el dolor se vuelva escudo político intocable. La tragedia no puede ser patente de corso. No puede convertirse en licencia para caricaturizar al adversario, repartir certificados de decencia o hablar desde un pedestal moral frente a millones de ciudadanos que también han vivido miedo, violencia, secuestro, extorsión, desplazamiento o abandono estatal.

La indulgencia relativa de Abad con Iván Cepeda también dice mucho. No porque lo trate como santo, que no lo hace. También le teme, también lo mira como un riesgo y también lo ubica en el campo de los extremos. Pero la diferencia está en el método. A Abelardo lo despelleja con saña estética, corporal y moral. A Cepeda lo describe como hermético, esquivo e insondable. A uno lo vuelve caricatura de circo. Al otro lo convierte en enigma político.

Pero sí sabemos cosas. Sabemos que Cepeda ha defendido una visión política que insiste en el diálogo con estructuras armadas al margen de la ley y dedicadas al narcotráfiico como eje central de la respuesta del Estado. Sabemos que él ha estado ligado intimamente a procesos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados. Sabemos que su candidatura representa una continuidad, con otros modales, del proyecto político que gobernó estos último casi cuatro años.

La llamada paz total no puede seguir tratándose como una buena intención intocable. En Colombia ya deberíamos haber aprendido que las buenas intenciones no bastan cuando al frente hay organizaciones armadas que entienden el diálogo como pausa táctica u oportunidad de expansión. El problema no es hablar de paz. El problema es confundir paz con ingenuidad y negociación con rendición simbólica.

Existe una solidaridad boba, muy propia de cierta izquierda moralizante, que consiste en creer que todo enemigo de sus enemigos merece indulgencia (o dosis de esa empatía y resiliencia). Si alguien se opone a la por ellos etiquetada «extrema» derecha, se le perdonan silencios, alianzas o ambigüedades. Si alguien habla en nombre de la paz, cualquier crítica a sus métodos se interpreta como barbarie.

Esa lógica es peligrosa. El enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo. Puede ser simplemente otro enemigo de la libertad, del Estado de derecho o de la democracia, aunque hable con tono pausado, lea su libreta de apuntes y se presente no sólo como víctima de la historia, sino que nos quiera hacer creer que somos en esencia un país de victimas.

La discusión de fondo no es si Abelardo canta bien, se viste mal o tiene una personalidad excesiva. La discusión es si Colombia va a recuperar la autoridad legítima del Estado o si seguirá atrapada en la costumbre de consentir a quienes han vivido de intimidar, secuestrar, extorsionar y gobernar territorios por la fuerza.

Tampoco hay que escoger entre brutalidad y claudicación. Ese es un falso dilema. Un Estado serio puede ser firme sin ser arbitrario. Puede aplicar la ley sin convertirse en tiranía. Puede derrotar criminales sin despreciar los derechos humanos. Puede dialogar cuando haya condiciones y levantarse de la mesa cuando la contraparte la usa para fortalecerse. Ese debería ser el debate. No la barba. No el traje. No Miami. No Florencia. No la burla de salón.

A Abad le preocupa el tirano de derecha. Esa preocupación puede ser legítima. Pero también debería preocuparle el autoritarismo que se disfraza de superioridad moral: el que decide quiénes son los buenos antes de mirar los hechos, el que convierte la paz en dogma y el que mira con desprecio al ciudadano que pide orden.

Colombia no necesita otra ronda de caricaturas, sermones y poses morales. Necesita autoridad legítima, seguridad, justicia, libertad y límites reales al poder. Necesita un debate serio sobre el país que se quiere gobernar, no otra competencia de insultos bien escritos desde las columnas de siempre.

El problema de Abad no es que critique a Abelardo. Tiene todo el derecho a hacerlo. El problema es que no parece querer entender por qué millones de colombianos sí lo están escuchando. Prefiere mirar desde su balcón moral y llamar tiranía a todo lo que no entiende, mientras guarda una indulgencia sospechosa frente a quienes llevan años alimentando resentimiento, lucha de clases y revancha bajo el lenguaje cómodo de la justicia social.

Quizá esa sea la ironía. Algunos viven recordándonos El olvido que seremos, pero olvidan algo más básico: que la democracia no se defiende tratando como monstruos a quienes piden orden, ni blindando con indulgencias a quienes hablan en nombre de la paz. Si Colombia sigue reducida a rótulos y caricaturas, el problema no será solo la pobreza argumentativa de sus columnistas. Será la soberbia de una élite que todavía no entiende por qué el país dejó de creerle.

Colombia: entre la rabia y la cordura

He venido apoyando públicamente la candidatura de Abelardo de la Espriella. Lo digo de entrada, a modo de disclaimer: no hago parte de su campaña, no hablo en nombre de ella, no tengo cargo, contrato ni vocería alguna. Lo he hecho como ciudadano que vive entre aquí y allá, pero que no ha renunciado a pensar, opinar y preocuparse por Colombia. Escribo desde una inquietud genuina por una nación que no puede seguir muriendo en sus propios intentos.

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo dejaron una segunda vuelta que muchos han querido reducir a otra pelea entre derecha e izquierda. Así la han presentado algunos medios, tradicionales y no tan tradicionales, más atentos al rating, los clics y las visualizaciones que a entender lo que se mueve debajo del resultado.

Según los datos reportados por la Registraduría, De la Espriella pasó primero a segunda vuelta con cerca del 44% de los votos, frente a un Iván Cepeda que rondó el 41%. Pero el dato político de fondo no es solo el porcentaje. Es que millones de personas acompañaron a una figura pública que no venía de la política tradicional, que incomoda a los medios, que no habla con el libreto domesticado por la corrección política de siempre y que terminó expresando un malestar más amplio: cansancio con el desorden, miedo frente a la inseguridad, frustración con la improvisación y rechazo a una forma corrupta de gobernar que prometió unir desde la justicia social, pero terminó profundizando la división.

Con esos resultados sobre la mesa, algo queda claro: hay mucha gente inconforme. Unos celebran, otros se alarman, otros sienten alivio y otros rabia. Eso es natural en una sociedad donde la política lleva años calentando emociones, simplificando problemas complejos y usando la frustración ciudadana como mercancía electoral.

Ahí aparece un tema que me parece central: la pobreza mental.

No uso esa expresión como insulto. Tampoco la asocio con pobreza económica. No vive solo en los barrios pobres, ni desaparece por tener dinero, títulos, apellidos, viajes u oficinas bonitas. Pulula en todos los niveles y estratos sociales. Puede estar en el empresario que desprecia al trabajador, en el político que vive de sembrar resentimiento, en el joven que cree que todo se le debe, en el profesional que repite consignas sin pensar, en el rico que confunde privilegio con superioridad, o en el ciudadano que entrega su criterio a la tribu de turno.

La pobreza mental, como la entiendo, es la pérdida de responsabilidad sobre la propia vida. Es creer que todo depende de otro; que el futuro está bloqueado; que alguien más tiene siempre la culpa; que progresar es sospechoso; que el éxito ajeno solo se explica por privilegio, trampa o abuso; y que la indignación puede reemplazar al esfuerzo. Es una pobreza de imaginación, carácter y horizonte.

Hay razones de sobra para estar inconformes. Existen desigualdad, abusos, regiones olvidadas, jóvenes sin oportunidades, trabajadores frustrados y familias que hacen milagros para sostenerse. El problema empieza cuando esa molestia legítima se usa para romper más el tejido social. Cuando a la gente no se le invita a levantarse, sino a odiar. Cuando al trabajador no se le habla de progreso, productividad y dignidad, sino de enemigos. Cuando al ciudadano no se le ayuda a recuperar control sobre su vida, sino que se le enseña a encontrar siempre un culpable.

Esa ha sido una de las grandes trampas de cierta izquierda, especialmente la de las agendas progresistas radicales: presentarse como defensora del pueblo mientras alimenta las fracturas que dice querer sanar. Ha sido eficaz construyendo narrativas, encontrando villanos, repitiendo consignas, repartiendo culpas y convirtiendo frustraciones reales en combustible electoral. Pero a la hora de gobernar mostró otra cosa: que su modelo no era unir una nación, sino fragmentarla por dentro.

A eso se suma otra trampa del lenguaje político moderno: ahora todo fenómeno popular que incomoda a cierta élite opinadora recibe el nombre de populismo. La palabra se volvió etiqueta automática. Se la pusieron a Donald Trump, a Jair Bolsonaro y durante años a Viktor Orbán en Hungría. Se la ponen a cualquiera que hable de orden, seguridad, autoridad o hartazgo ciudadano. Pero no siempre usaron la misma vara cuando académicos, comentaristas y organismos internacionales miraban con simpatía o indulgencia experimentos como el de Hugo Chávez. Incluso Joseph Stiglitz llegó a elogiar aspectos de la política económica y social venezolana. Ahí, para muchos, la concentración de poder, la chequera petrolera, el culto al líder y la destrucción institucional parecían detalles secundarios frente a la narrativa atractiva de la justicia social.

Ese doble rasero enferma la conversación pública. Si la palabra populista solo sirve para descalificar al adversario, y no para analizar con seriedad los riesgos del poder, deja de ser una categoría útil y se convierte en otro recurso cómodo para cerrar discusiones desde la superioridad moral del comentarista.

La sociedad se está partiendo en tribus. En ellas empiezan a pesar cosas que no definen ni el carácter ni las capacidades de nadie. Las políticas identitarias, importadas muchas veces sin contexto y repetidas con superioridad moral, han servido más para dividir que para comprender. Pescan en frustraciones, heridas históricas y pasados incómodos que muchas personas ya habían empezado a superar, para convertirlos otra vez en materia prima de resentimiento.

También se ha trivializado el lenguaje. Hoy basta pensar distinto para que a alguien lo etiqueten como fascista, homófobo, misógino, racista o clasista. Son palabras graves, que deberían usarse con rigor. Pero se volvieron herramientas de bajo costo para cancelar una conversación, asustar o disciplinar al que se sale del libreto, y ese es el señuelo en el que no deberíamos caer.

A De la Espriella lo han querido reducir a una caricatura. Lo presentan como estridente, vanidoso, excesivo e incómodo. Y claro que tiene una personalidad que no pasa desapercibida. No es un político de manual, ni pretende serlo. Ha sido figura pública, abogado, opinador y personaje mediático, con una manera de hablar que no pide permiso. Pero precisamente por eso incomoda tanto a quienes prefieren políticos que hablan bonito, reparten frases correctas y después dejan todo peor.

De la Espriella tiene elementos que a algunos incomodan. Sería absurdo negarlo. Tiene un estilo particular y una forma de comunicar que muchas veces rompe con los moldes de la política tradicional. Pero también tiene algo que muchos sienten que se perdió: carácter. Y en una nación donde la autoridad ha sido confundida con abuso, y la falta de autoridad con sensibilidad social, eso pesa.

La izquierda tuvo una oportunidad única. Llegó al poder con una narrativa potente: cambio, inclusión, dignidad, paz y justicia social. Pero en América Latina esa última expresión debería despertar menos ingenuidad. Fidel Castro y Hugo Chávez también hicieron de la justicia social su caballito de batalla, y terminaron usando esa promesa para concentrar poder, destruir instituciones y someter sociedades enteras a la dependencia del Estado.

Thomas Sowell, en The Quest for Cosmic Justice, advirtió con crudeza que la envidia, antes vista como uno de los siete pecados capitales, terminó convertida en una virtud admirada bajo el nombre de “justicia social”. El problema no es aspirar a una sociedad más justa; el problema es convertir esa aspiración en resentimiento contra el mérito, la empresa, el progreso y la libertad.

Gobernar no es declamar, tuitear ni convertir cada crítica en conspiración. Gobernar exige resultados, orden, seguridad, instituciones, crecimiento, responsabilidad y capacidad de convocar incluso a quienes no votaron por uno.

Esa oportunidad se desperdició. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía no vuelve al mismo lugar. Vuelve más cansada, más desconfiada y más dispuesta a buscar una alternativa que no le hable con eufemismos.

Muchos no votaron simplemente por derecha. Votaron para poner un límite. Votaron para decir basta. Basta de relativizar la inseguridad. Basta de mirar con sospecha al que produce. Basta de presentar la informalidad, el bloqueo o la invasión como formas superiores de justicia social. Basta de hablar de igualdad mientras se promueve división. Basta de convertir al inconforme en materia prima de una revolución que nunca mejora su vida concreta.

Pero la indignación puede ayudar a ganar una elección; no alcanza para reconstruir una nación.

Despierta, pero también enceguece. Sirve para poner un freno, no necesariamente para trazar un camino. No podemos pasar de una consigna a otra, de una tribu a otra, de una revancha a otra. Se necesita autoridad, sí, pero también serenidad. Orden, pero no espectáculo. Seguridad, pero también crecimiento. Derrotar el resentimiento, pero sin caer en el desprecio.

Por eso el llamado debe ser a la cordura. No a la tibieza. No a esa neutralidad cómoda que tantas veces sirve para quedar bien con todo el mundo. Cordura significa mirar de frente lo que está en juego. Significa no dejarse manipular por etiquetas. Significa entender que una persona no queda definida por los apelativos que sus adversarios le cuelgan, sino por lo que pueda hacer frente a un momento histórico.

De la Espriella tiene una oportunidad única. Su carácter, su perrenque y su manera frontal de hablar pueden ser una fuerza decisiva si se ponen al servicio de algo más grande: ordenar el país, recuperar autoridad y devolverle confianza a una ciudadanía cansada de excusas. No se trata de pedirle milagros a nadie, sino de exigir que este momento no se desperdicie.

La pobreza mental no se supera con discursos que infantilizan al ciudadano. Se supera devolviendo sentido de acción. Se supera diciéndole a la gente que su origen no tiene por qué ser condena, que su rabia no tiene por qué ser destino, que su historia no tiene por qué ser una cadena. Se supera con educación, trabajo, responsabilidad, familia, ahorro, disciplina, seguridad, oportunidades reales y un Estado que acompañe sin convertir a las personas en dependientes emocionales de la política.

La segunda vuelta no debería ser una guerra de insultos. Ya hemos tenido demasiado de eso. Debería ser una decisión adulta sobre el rumbo colectivo: seguir atrapados en una narrativa que divide, señala y administra frustraciones, o intentar recuperar la capacidad de hacernos cargo de una sociedad que merece algo mejor que vivir eternamente enfrentada consigo misma.

No se trata de votar desde el odio. Se trata de votar desde la cordura. Y en este momento, la cordura empieza por no caer en el señuelo de quienes necesitan destruir al adversario porque ya no pueden defender con seriedad el resultado de su propio modelo.