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Del hombre blanco al cadáver del Estado

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Hay una patología intelectual bastante extendida en cierta élite colombiana: mirar al resto del país por encima del hombro y confundir esa pose con lucidez. No es consecuencia de estudiar en el exterior, hablar inglés, francés o alemán, ni mucho menos de conocer, o pretender entender, debates internacionales. El problema aparece cuando ciertas angustias del primer mundo se importan como si fueran prioridades universales y se aterrizan, sin traducción ni contexto, sobre un país que todavía pelea por resolver asuntos bastante menos sofisticados y bastante más urgentes: pobreza, seguridad, autoridad, empleo, justicia, energía, infraestructura y presencia efectiva del Estado.

Esa es, en buena medida, la lógica de las Agendas de la Izquierda Progresista Radical. Llegan con lenguaje terapéutico, tono académico y superioridad moral incorporada de fábrica. No explican el país: lo corrigen; no escuchan al ciudadano: lo diagnostican; no discuten al contradictor: lo patologizan. Lo hemos visto durante años en ciertos sectores del periodismo, la academia y la opinión pública, con esa costumbre tan colombiana de posar de sofisticación moral mientras se desprecia al ciudadano que no habla con las claves correctas.

Un ejemplo ayuda a entender el fenómeno. En Estados Unidos, el famoso white guilt, la culpa blanca, surgió de una historia concreta de esclavitud, segregación y discriminación racial. Pero hace mucho dejó de ser únicamente una reflexión histórica para convertirse también, según autores como Thomas Sowell, en una herramienta política y cultural utilizada para administrar culpas colectivas, movilizar identidades y justificar políticas cuyos resultados sobre las mismas comunidades que buscaban beneficiar siguen siendo objeto de debate. Uno podrá compartir o no esa tesis, pero al menos existe una discusión intelectual seria detrás de ella; lo absurdo comienza cuando algunos sectores de nuestras élites importan ese paquete ideológico completo y lo aplican sobre Colombia como si Medellín fuera Berkeley con montañas y como si Antioquia pudiera entenderse utilizando exactamente la misma plantilla moral de un campus de la Ivy League.

Ahí es donde el periodismo empieza a perder el oficio y el activismo empieza a ocupar su lugar. Para efectos de esta columna, Ana Cristina Restrepo se convirtió recientemente en un ejemplo particularmente ilustrativo de esa deriva, no porque sea la única ni mucho menos la más importante, sino porque en apenas unas semanas dejó tres fallas argumentales muy claras. Y por eso hablo de strikes: no como adorno deportivo ni como chiste gratuito, sino porque en tres turnos distintos al bate intentó hacer análisis público y terminó abanicando frente a la realidad. Uno puede equivocarse una vez. Puede incluso rozar la bola y quedar en foul. Pero cuando el patrón se repite, el problema ya no es el accidente sino el método.

El primer strike argumental fue José Manuel Restrepo. Estamos hablando de un economista, académico, exministro, rector universitario y doctor de la Universidad de Bath; una figura perfectamente discutible en el terreno político, a quien se le podía debatir su gestión, sus decisiones, su visión económica, su paso por el Ministerio de Hacienda o su papel dentro del nuevo gobierno. Pero Ana Cristina eligió otro camino: “hombre blanco neoliberal”.

Posteriormente explicó que aquello no era una opinión sino una descripción, y ahí está precisamente el punto. Claro que “hombre” y “blanco” son descripciones si uno está diligenciando una encuesta demográfica o un formulario estadístico. Pero cuando esas categorías se utilizan para presentar políticamente a una persona, dejan inmediatamente de ser neutrales. En el lenguaje contemporáneo de estas agendas, “hombre blanco” rara vez significa simplemente hombre blanco: significa privilegio, sospecha, poder heredado y pecado original identitario; significa que antes de escuchar una sola idea ya se decidió quién ocupa el banquillo moral y quién recibe el beneficio de la duda.

No era una descripción neutra, sino una valoración política presentada como si fuera una ficha técnica. Y el contraste resulta todavía más claro si se mira el debate político reciente: mientras algunos sectores celebran fórmulas construidas alrededor de la corrección política lastimera, de la cuota identitaria y de la apelación emocional a las causas sociales, Abelardo de la Espriella eligió a José Manuel Restrepo por competencia, trayectoria y capacidad técnica. Esa diferencia es precisamente la que incomoda a quienes prefieren leer la política como catálogo de identidades y no como discusión sobre gobierno.

El segundo strike argumental llegó con la reacción frente al triunfo de Abelardo de la Espriella y, particularmente, con la manera como Ana Cristina Restrepo decidió interpretar las celebraciones en Antioquia, en conversación con Camila Zuluaga en Blu Radio. Conviene recordar el contexto: en ese momento no existía todavía gabinete, no se conocían ministros, no se había anunciado buena parte del equipo de gobierno y ni siquiera se había abierto una discusión seria sobre políticas públicas concretas. Lo único que había ocurrido era una elección y la celebración de quienes habían ganado esa elección.

Sin embargo, Ana Cristina escogió leer esa celebración como una evocación de los años ochenta, de cargamentos y de narcotráfico. Y ahí el problema no es solo la frase. Es la necesidad de traducir una alegría democrática incómoda al lenguaje moralmente aceptable del roscograma intelectual: si gana alguien que no les gusta, la victoria no puede ser simplemente política; tiene que tener un olor oscuro, mafioso, atrasado o vergonzante.

Esa comparación, hecha ante Camila Zuluaga, sonó menos a análisis y más a guiño para congraciarse con esa intelectualidad activista que ya sabemos cómo opera. Ahí caben, cada uno con su estilo y su parroquia, Daniel Coronell, Félix de Bedout, Alejandro Gaviria, Héctor Abad Faciolince, Rodrigo Uprimny y varios más. Cuando la ciudadanía vota por proyectos cercanos a sus sensibilidades, aparecen las palabras democracia, esperanza, ciudadanía y cambio. Cuando vota distinto, aparecen inmediatamente los fantasmas del miedo, del autoritarismo, del narcotráfico y del atraso cultural.

Yo sí recuerdo la Medellín del miedo, la Medellín de las bombas, de las rutas cambiadas y de las familias aprendiendo a vivir calculando riesgos. Precisamente por eso me parece profundamente injusto convertir una celebración democrática en referencia automática a la criminalidad. No todo lo que incomoda a ciertas élites culturales es mafia; a veces es simplemente una región votando distinto y negándose a pedir permiso para existir políticamente.

Y lo más curioso es que esa severidad moral casi nunca opera en sentido contrario. Los mismos que encuentran asociaciones rápidas entre la derecha y lo peor de nuestra historia suelen volverse extraordinariamente cuidadosos con el lenguaje cuando se trata del viejo mundo subversivo que tanto daño le hizo al país. Ahí aparecen los contextos, las complejidades, las causas estructurales y toda la compasión semántica disponible.

Después vino un foul el 30 de junio, y conviene llamarlo así para no exagerar. En una conversación sobre la posibilidad de que Iván Duque fuera embajador en Washington apareció la duda sobre si sería el primer expresidente colombiano en ocupar ese cargo. No lo sería: Andrés Pastrana ya ocupó esa posición durante el gobierno de Álvaro Uribe. Todos podemos olvidar un dato histórico o confundirnos al aire; por eso no lo cuento como strike, sino como foul. Pero incluso los fouls dicen algo cuando el turno al bate ya viene complicado, sobre todo cuando el debate ocurre después de años de nombramientos diplomáticos donde tantas veces pareció importar más la señal identitaria, la cuota correcta o el símbolo adecuado que la experiencia, la idoneidad o los resultados.

El tercer strike argumental llegó el 2 de julio. Criticando el proceso de empalme del nuevo gobierno, Ana Cristina explicó que la auditoría forense tendría sentido únicamente frente a un cadáver y que, como el Estado colombiano no estaba muerto porque había democracia y un nuevo presidente elegido, hablar de auditoría forense sería un exceso retórico. La tesis merece reconocimiento por original: según esa lógica, la informática forense solo podría practicarse sobre computadores enterrados, la contabilidad forense sobre balances con velorio y la ingeniería forense sobre edificios con certificado de defunción.

Una auditoría forense no es medicina legal. No necesita camilla, sábana blanca ni dolientes; necesita contratos, documentos, trazabilidad, registros y evidencia. Lo forense, en este contexto, no significa cadáver, sino reconstrucción probatoria. Y precisamente porque existe democracia debe existir rendición de cuentas. La alternancia en el poder no es una amnistía contable: los Estados vivos se auditan; los muertos ya no responden.

Aclaro, antes de que aparezca una nueva modalidad de victimización beisbolística, que hablar de dos strikes, un foul y un tercer strike no constituye censura, persecución ni ataque a la libertad de prensa, como ella suele decir cuando alguien tiene la forma y el fondo para exponer su pseudoperiodismo. Es simplemente una metáfora deportiva para señalar fallas argumentales, o, si se prefiere utilizar la terminología ya conocida, una descripción. Porque el problema nunca fue que Ana Cristina Restrepo critique a la derecha; tiene todo el derecho a hacerlo. El problema aparece cuando el periodismo empieza a parecerse demasiado al activismo y el análisis empieza a ceder terreno frente al libreto moral previamente escrito.

En el fondo, los tres strikes muestran exactamente la misma operación intelectual: a José Manuel Restrepo no se le discute, se le clasifica; a Antioquia no se le escucha, se le sospecha; y a la auditoría forense no se la entiende, se la manda para Medicina Legal. Ese es el recorrido completo, del hombre blanco al cadáver del Estado.

El turno terminó, aunque probablemente no faltará la explicación posterior, porque en ciertos sectores del activismo contemporáneo existe una curiosa asimetría: resulta perfectamente legítimo etiquetar, caricaturizar y simplificar al contradictor, pero responder esas etiquetas suele interpretarse inmediatamente como agresión, persecución o intolerancia. La crítica, sin embargo, sigue siendo parte de la conversación democrática, y esta vez no hizo falta umpire: el argumento se ponchó solo.

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Héctor Abad o la soberbia de no entender al país

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No suelo leer El Espectador. Desde hace ya varios lustros dejó de ser, para mí, un periódico con carácter propio y se fue convirtiendo en algo mucho menos interesante: un panfleto elegante de la izquierda progresista radical.

No me molesta que un medio tenga origen político. Muchos periódicos nacen con ideas, causas y una manera particular de mirar el mundo. Lo que molesta es otra cosa: que se disfracen de árbitros morales, se presenten como conciencia democrática del país y terminen funcionando, demasiadas veces, como caja de resonancia de las mismas obsesiones ideológicas de siempre.

Una prueba de ello es la columna de Héctor Abad Faciolince publicada el 31 de mayo, dia de elecciones, la cual, además de llegarme tarde y de carambola, muestra muy bien el problema. No busca entender a Abelardo ni al país que lo está apoyando. Busca etiquetarlo, deformarlo y llenarlo de calificativos. Todo contra quien, salvo que algo verdaderamente irregular ocurra, será el próximo presidente de Colombia.

Mientras Colombia votaba, ya se intentaba marcar la elección con una etiqueta. Antes de aceptar lo que las urnas terminarían mostrando, había que dejar lista la acusación. Había que convertir al candidato incómodo en amenaza antes de reconocer que estaba conectado con un malestar real.

Ese mismo día, Abelardo de la Espriella les dio sopa y seco en las urnas a quienes creían tener el monopolio moral del país. Ahí se entiende mejor la columna: no como análisis sereno, sino como miedo anticipado. Cuando un candidato rompe el libreto de las élites opinadoras, no se le discute: se le patologiza. No se analizan sus ideas: se le convierte en amenaza. No se reconoce el malestar ciudadano que representa: se le reduce a caricatura.

Tirano. Vulgar. Fascista. Ignorante. Payaso. Peligroso.

El repertorio cambia poco, porque el método es siempre el mismo.

Abad pretendía hacer el retrato moral de un candidato. Le salió otra cosa: el retrato involuntario de cierta élite opinadora colombiana cuando pierde el control del relato.

Su columna no busca convencer. Busca degradar. No argumenta. Ridiculiza. No discute un programa de gobierno ni una visión de Estado. Prefiere el camino fácil: la barba, la ropa, la vanidad, el cuerpo, la esposa, Miami, Florencia, el supuesto mal gusto. Todo envuelto en una prosa que quiere sonar brillante, pero que termina mostrando una pobreza argumentativa preocupante.

La política no tiene por qué ser tibia. Una democracia necesita confrontación, ideas fuertes y denuncias. Pero advertir sobre riesgos autoritarios no es lo mismo que sustituir el análisis por la burla. Cuando un columnista describe al adversario como grotesco, ridículo o peligroso sin detenerse en lo que representa para millones de ciudadanos, deja de hacer crítica política y empieza a hacer desahogo social.

Ahí está el punto. Abelardo no apareció de la nada. No es solo un personaje pintoresco impulsado por la televisión o las redes. Es el síntoma de una Colombia cansada de que le pidan paciencia mientras el crimen avanza, de que le hablen de paz mientras los grupos armados se fortalecen, y de que le vendan superioridad moral mientras la extorsión, el narcotráfico y la secuestro territorial siguen creciendo.

Claro que se puede criticar su estilo. Claro que se le puede exigir mayor precisión programática (aunque su programa lo es, y cero de echar globos), mejor equipo técnico (que lo tiene) y menos teatralidad (un poco difícil por su espíritu caribe). Eso sería legítimo. Lo pobre es reducirlo a un “aspirante a tirano” sin tomarse en serio el malestar que lo explica. Esa soberbia es la que ha llevado a muchos sectores «ilustrados», de esa élite «intelectual» a no entender el país que dicen defender.

En democracia, el voto no siempre premia al más elegante ni al más cómodo para las tertulias. A veces premia al que logra nombrar problemas colectivos que otros prefirieron ignorar (o maquillar), y plantear acciones para solucionarlos.

Colombia tiene hoy una angustia real: la sensación de que el Estado ha cedido demasiado, de que la autoridad se volvió sospechosa y de que la palabra “paz” se ha usado para justificar concesiones que no siempre producen la tan anhelada paz.

Abad ya ha mostrado antes esa forma de superioridad moral. Recuerdo que en 2014, cuando Nairo Quintana llenaba de orgullo a Colombia con la maglia rosa en el Giro de Italia (la del liíder de la carrera), publicó en Twitter: “A la extrema derecha no le gusta mucho eso de ‘camiseta rosada’ o ‘maglia rosa’. Creen que es del orgullo gay”.

Ese comentario no era solo un mal chiste. Era una muestra perfecta de la ligereza con la que este tipo de opinadores hablan desde arriba, como si todos los que no piensan como ellos fueran brutos, atrasados o incapaces de entender algo tan elemental como una tradición deportiva.

Yo le respondí entonces con lo obvio, justamente para dejar en evidencia la ignorancia del comentario: si el problema era que la camiseta rosada podía asociarse, según él, con el orgullo gay, entonces qué hacía con la camiseta arcoíris del campeón mundial de ciclismo. Porque la camiseta de campeón mundial no es rosada. Es arcoíris. Y en ciclismo no representa su burla barata, ni su chiste político, ni su necesidad de ridiculizar a la derecha. Representa mérito, gloria, historia y jerarquía deportiva.

Esa era la respuesta. No un adorno. No una curiosidad de ciclismo. Era mostrarle que su comentario era flojo, ignorante y prejuicioso. Porque cualquiera que conozca mínimamente el ciclismo sabe que la maglia rosa del Giro y la camiseta arcoíris del campeón mundial pertenecen a una tradición deportiva, no a la necesidad ideológica de un columnista de burlarse de sus adversarios.

Aquel episodio no fue una anécdota menor. Fue una radiografía. Abad se presenta como defensor de la complejidad, pero con frecuencia reduce al contrario a un estereotipo. Habla de tolerancia, pero practica el desprecio. Reclama humanidad, pero se la niega políticamente a quienes no caben en su mundo. Él a la larga no discute con ciudadanos. Discute con muñecos que él mismo fabrica: el uribista bruto, el derechista homofóbico, el conservador primitivo.

Y lo peor es que suele salirse con la suya. Porque pertenece a ese roscograma intelectual donde ciertos escritores, periodistas y opinadores pueden descacharse una y otra vez, hablar desde la superioridad moral, decir simplezas con tono profundo y aun así seguir siendo tratados como conciencia del país. A otros les cobran cada palabra. A ellos les celebran hasta los disparates.

Ese es el nivel de quien posa de humanista mientras desprecia en bloque a quienes no caben en su mundo ideológico.

La columna también deja ver otra cosa: el miedo reverencial frente a cierto periodismo. Abad menciona el episodio de una «gran» periodista y parece sugerir que, si un candidato se incomoda con una periodista quien claramente le impregnó cicuta a su cuestionario, entonces ya estamos ante una señal autoritaria. Pero ahí también hay que hacer una precisión. No todo el que carga una libreta, un micrófono o una credencial actúa como periodista. Muchas veces actúa como activista, con agenda, con veneno, con preguntas cargadas y con una idea previa de a quién quiere destruir.

Eso no significa que los periodistas no puedan preguntar duro. Claro que pueden. Deben hacerlo. Pero una cosa es preguntar duro y otra muy distinta actuar como fiscal ideológico, provocar, torcer, insinuar y luego esconderse detrás de la palabra “periodismo” como si fuera una sotana. En Colombia y fuera de Colombia hay demasiados opinadores y periodistas que se creen ungidos por alguna autoridad superior. Preguntan con veneno, escriben con veneno, editan con veneno, y luego exigen que nadie les conteste duro porque entonces se sienten atacados en nombre de la libertad de prensa.

No. La libertad de prensa no convierte al periodista en intocable. Tampoco convierte al activismo en verdad. Y mucho menos obliga a un candidato a quedarse agachado frente a preguntas imprecisas, sesgadas o malintencionadas.

Hay, además, un punto delicado que conviene decir sin rodeos, pero con respeto. Héctor Abad Faciolince e Iván Cepeda comparten, cada uno desde su propia historia, una relación pública con la tragedia política colombiana. Sus familias fueron atravesadas por la violencia. Eso merece respeto. Nadie decente debería burlarse del dolor ni de una pérdida familiar marcada por la muerte.

Ahora bien, el respeto por la tragedia no puede convertirse en obediencia intelectual. Una biografía dolorosa no vuelve infalible a nadie. No convierte una columna en argumento ni una candidatura en reserva moral. El duelo puede explicar una sensibilidad, pero no puede blindar a nadie contra la crítica.

Colombia ha sufrido demasiado como para permitir que el dolor se vuelva escudo político intocable. La tragedia no puede ser patente de corso. No puede convertirse en licencia para caricaturizar al adversario, repartir certificados de decencia o hablar desde un pedestal moral frente a millones de ciudadanos que también han vivido miedo, violencia, secuestro, extorsión, desplazamiento o abandono estatal.

La indulgencia relativa de Abad con Iván Cepeda también dice mucho. No porque lo trate como santo, que no lo hace. También le teme, también lo mira como un riesgo y también lo ubica en el campo de los extremos. Pero la diferencia está en el método. A Abelardo lo despelleja con saña estética, corporal y moral. A Cepeda lo describe como hermético, esquivo e insondable. A uno lo vuelve caricatura de circo. Al otro lo convierte en enigma político.

Pero sí sabemos cosas. Sabemos que Cepeda ha defendido una visión política que insiste en el diálogo con estructuras armadas al margen de la ley y dedicadas al narcotráfiico como eje central de la respuesta del Estado. Sabemos que él ha estado ligado intimamente a procesos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados. Sabemos que su candidatura representa una continuidad, con otros modales, del proyecto político que gobernó estos último casi cuatro años.

La llamada paz total no puede seguir tratándose como una buena intención intocable. En Colombia ya deberíamos haber aprendido que las buenas intenciones no bastan cuando al frente hay organizaciones armadas que entienden el diálogo como pausa táctica u oportunidad de expansión. El problema no es hablar de paz. El problema es confundir paz con ingenuidad y negociación con rendición simbólica.

Existe una solidaridad boba, muy propia de cierta izquierda moralizante, que consiste en creer que todo enemigo de sus enemigos merece indulgencia (o dosis de esa empatía y resiliencia). Si alguien se opone a la por ellos etiquetada «extrema» derecha, se le perdonan silencios, alianzas o ambigüedades. Si alguien habla en nombre de la paz, cualquier crítica a sus métodos se interpreta como barbarie.

Esa lógica es peligrosa. El enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo. Puede ser simplemente otro enemigo de la libertad, del Estado de derecho o de la democracia, aunque hable con tono pausado, lea su libreta de apuntes y se presente no sólo como víctima de la historia, sino que nos quiera hacer creer que somos en esencia un país de victimas.

La discusión de fondo no es si Abelardo canta bien, se viste mal o tiene una personalidad excesiva. La discusión es si Colombia va a recuperar la autoridad legítima del Estado o si seguirá atrapada en la costumbre de consentir a quienes han vivido de intimidar, secuestrar, extorsionar y gobernar territorios por la fuerza.

Tampoco hay que escoger entre brutalidad y claudicación. Ese es un falso dilema. Un Estado serio puede ser firme sin ser arbitrario. Puede aplicar la ley sin convertirse en tiranía. Puede derrotar criminales sin despreciar los derechos humanos. Puede dialogar cuando haya condiciones y levantarse de la mesa cuando la contraparte la usa para fortalecerse. Ese debería ser el debate. No la barba. No el traje. No Miami. No Florencia. No la burla de salón.

A Abad le preocupa el tirano de derecha. Esa preocupación puede ser legítima. Pero también debería preocuparle el autoritarismo que se disfraza de superioridad moral: el que decide quiénes son los buenos antes de mirar los hechos, el que convierte la paz en dogma y el que mira con desprecio al ciudadano que pide orden.

Colombia no necesita otra ronda de caricaturas, sermones y poses morales. Necesita autoridad legítima, seguridad, justicia, libertad y límites reales al poder. Necesita un debate serio sobre el país que se quiere gobernar, no otra competencia de insultos bien escritos desde las columnas de siempre.

El problema de Abad no es que critique a Abelardo. Tiene todo el derecho a hacerlo. El problema es que no parece querer entender por qué millones de colombianos sí lo están escuchando. Prefiere mirar desde su balcón moral y llamar tiranía a todo lo que no entiende, mientras guarda una indulgencia sospechosa frente a quienes llevan años alimentando resentimiento, lucha de clases y revancha bajo el lenguaje cómodo de la justicia social.

Quizá esa sea la ironía. Algunos viven recordándonos El olvido que seremos, pero olvidan algo más básico: que la democracia no se defiende tratando como monstruos a quienes piden orden, ni blindando con indulgencias a quienes hablan en nombre de la paz. Si Colombia sigue reducida a rótulos y caricaturas, el problema no será solo la pobreza argumentativa de sus columnistas. Será la soberbia de una élite que todavía no entiende por qué el país dejó de creerle.