La ingeniería narrativa

Hay artículos que terminan hablándonos menos del tema que anuncian en su título y mucho más de la época en la que fueron escritos. Hace unos días leí en The Spectator World un ensayo de Michael Gibson titulado The Rise of Palantir Derangement Syndrome, que podría traducirse como “El auge del síndrome de trastorno por Palantir”. La tesis del autor gira alrededor de Palantir Technologies, una empresa estadounidense fundada en 2003 por Peter Thiel y otros socios, dedicada al desarrollo de plataformas que integran y analizan enormes cantidades de información para que gobiernos, organismos de seguridad, sistemas de salud y grandes organizaciones puedan identificar patrones complejos y tomar decisiones. Gibson sostiene que, para una parte del debate público occidental, Palantir ha dejado de ser una empresa tecnológica que debe ser evaluada por sus contratos, sus resultados, sus límites y sus riesgos, para convertirse en un símbolo sobre el cual se proyectan prácticamente todos los temores contemporáneos: vigilancia masiva, autoritarismo, inteligencia artificial, inmigración, militarización, Israel o Donald Trump. Cada nueva noticia termina interpretándose como una confirmación de la misma historia.

Mientras avanzaba en la lectura, dejé de pensar en Silicon Valley y empecé a pensar en Colombia. No porque exista equivalencia alguna entre Palantir y nuestra realidad política, sino porque el artículo me permitió identificar un fenómeno que también aparece con frecuencia en nuestro debate público, particularmente en ciertos espacios de opinión. La diferencia es que aquí el problema no consiste únicamente en interpretar todos los hechos desde un mismo marco ideológico. Comienza un paso antes, cuando el relato se construye de tal manera que al lector apenas le queda espacio para llegar a una conclusión distinta de aquella que el autor había escogido desde el principio.

No encontré un nombre mejor para ese procedimiento que ingeniería narrativa.

Utilizo deliberadamente esa expresión porque describe un método sin necesidad de presumir mala fe. No estoy hablando de inventar documentos, fabricar pruebas o falsificar testimonios. Eso sería demasiado rudimentario y, además, relativamente sencillo de descubrir. La ingeniería narrativa opera de una manera bastante más sofisticada. Parte de elementos auténticos, verificables y muchas veces relevantes. Un documento verdadero, una fotografía verdadera, una declaración verdadera, una decisión judicial verdadera, una coincidencia cronológica o una analogía histórica pueden ser suficientes. El problema no reside en la autenticidad de cada pieza, sino en la arquitectura que termina uniéndolas y en el significado que esa composición pretende imponer sobre el conjunto.

Siempre me ha parecido que un rompecabezas explica mejor este fenómeno que cualquier tratado de comunicación. Pensemos en varias cajas producidas por la misma fábrica, con piezas hechas del mismo cartón y cortadas con el mismo troquel, de modo que todas pueden encajar entre sí aunque correspondan a imágenes distintas. Si alguien mezcla esas fichas y arma el tablero mirando únicamente el reverso, todo parecerá impecable: ninguna pieza sobra, ninguna unión se fuerza y el rompecabezas queda completo. El engaño aparece al voltearlo. Entonces se descubre que, aunque cada ficha era auténtica y todas ajustaban perfectamente, la imagen final no corresponde a ninguna de las que venían en las cajas originales. El problema no estaba en las piezas, sino en haberlas combinado de tal manera que produjeran una escena nueva, coherente en su forma, pero falsa en su significado.

La columna que Ana Cristina Restrepo publicó en El Espectador sobre la masacre de El Aro constituye, a mi juicio, uno de los ejemplos más acabados de ese procedimiento. Nadie con un mínimo de decencia puede desconocer la atrocidad de aquellos hechos, relativizar el sufrimiento de las víctimas o negar la obligación de preservar su memoria. Precisamente por la enorme fuerza moral de esa tragedia, el cuidado con que se organizan testimonios, antecedentes, acusaciones, actuaciones judiciales y referencias políticas debería ser todavía mayor. Sin embargo, cuando todos esos elementos terminan dispuestos dentro de una misma secuencia, la fuerza indiscutible de la masacre puede extenderse sobre controversias actuales y responsabilidades todavía discutidas, como si cada una de las piezas reunidas compartiera el mismo valor probatorio y condujera necesariamente a una sola lectura.

Ese es el punto donde recordar una tragedia y utilizarla para ordenar moralmente el presente empiezan a confundirse. La memoria deja de ser únicamente una herramienta para comprender lo sucedido y se convierte en una plataforma desde la cual se distribuyen culpas, se establecen continuidades políticas y se clasifica a los actores contemporáneos. El lector ya no recibe únicamente información sobre El Aro, sino una ruta cuidadosamente construida para que el peso moral de las víctimas acompañe cada asociación posterior. La columnista no necesita formular todas las conclusiones de manera expresa, porque la propia arquitectura del texto ha sido diseñada para que el público termine completándolas.

Ana Cristina Restrepo no es un caso aislado. El problema es más amplio: una parte del periodismo colombiano ha adoptado una forma de contar los hechos en la que primero se define quiénes son los buenos, quiénes son los culpables y cuál debe ser la conclusión, y solo después se organiza la información para sostener esa lectura. Por eso el mismo mecanismo aparece en distintos medios y con distintos protagonistas. Cambia el nombre del columnista, cambia el programa y cambia la noticia, pero se repite la misma práctica: la investigación deja de abrir preguntas y empieza a confirmar una respuesta que ya estaba decidida.

Ese procedimiento puede reconocerse, con distintos grados y matices, en espacios como Los DanielesLa Silla VacíaEl Espectador, algunos segmentos de Blu Radio, particularmente aquel conducido por Camila Zuluaga, ciertos programas de Caracol Radio (la otrora W) y otros medios que parecen haber desdibujado la frontera entre informar, interpretar y persuadir. No afirmo que toda su producción responda al mismo molde ni que cada periodista actúe de idéntica manera. Sería cometer precisamente el error que critico. Lo que sostengo es que en esos escenarios aparece con preocupante frecuencia una forma de construir la realidad en la que los hechos son seleccionados, jerarquizados y conectados de acuerdo con un marco moral que ya venía definido.

La diferencia resulta esencial para entender uno de los desafíos más complejos del periodismo contemporáneo. Durante décadas discutimos cómo combatir la desinformación y las noticias falsas. Hoy el problema parece bastante más sofisticado. Una narración puede estar construida exclusivamente con hechos verdaderos y, aun así, conducir al lector hacia una interpretación que no constituye la única explicación razonable de esos hechos. La fuerza persuasiva ya no proviene de la falsedad, sino de la selección, del orden, de las omisiones y de la relación que se establece entre elementos cuya autenticidad nadie discute.

Eso obliga a recuperar una distinción que el buen periodismo siempre entendió. Investigar no consiste únicamente en reunir información. Consiste también en reconocer el alcance de cada dato, distinguir entre lo probado y lo sugerido, separar una hipótesis de una conclusión y resistir la tentación de llenar con intuiciones los vacíos que la evidencia todavía no alcanza a cubrir. La prudencia intelectual nunca fue una señal de debilidad; fue una condición indispensable para preservar la credibilidad del oficio.

Recuerdo la serie de cinco entregas con la que Ana Cristina Restrepo se la dedicó a Andrés Pastrana entre febrero y mayo de 2026. Y digo que se la dedicó en el sentido más coloquial de la expresión. Un expresidente debe responder por sus relaciones, sus viajes y sus decisiones; nadie pretende eximirlo de preguntas incómodas. El problema aparece cuando fotografías, correos, registros de vuelo, preguntas formuladas en diligencias judiciales, silencios y asociaciones con el príncipe Andrés se organizan dentro de una misma secuencia hasta producir una impresión de culpabilidad mucho mayor que aquello que cada pieza demuestra por separado. Una pregunta no es una prueba, el silencio no equivale a una confesión y aparecer en un registro de vuelo no demuestra participación en los delitos de otros. Sin embargo, al juntar todas esas piezas, construyó una atmósfera en la que la sospecha terminó ocupando el lugar de la demostración. Ahí el periodismo empieza a parecerse a la justicia mediática: no dicta la condena, pero organiza el relato para que sea el lector quien lo haga.

Algo semejante ocurrió el 14 de junio de 2026, cuando decidió llamar “camisas negras” a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, a quienes incluso calificó como los camicie nere criollos, para rematar su columna con una exhortación tan elocuente como reveladora: “Votar con libertad: siempre, ¡pero nunca por fascistas!”. Los camicie nere no fueron una figura literaria para describir campañas de tono fuerte ni una metáfora disponible para todo proyecto político conservador que incomode a una columnista. Fueron las escuadras de choque del fascismo italiano, responsables de intimidación, persecución y violencia organizada contra los adversarios. Trasladar semejante carga histórica sobre dos candidatos que participaban en una contienda democrática exigía una demostración doctrinal, institucional y práctica de enorme rigor. En cambio, bastó acomodar algunos rasgos retóricos bajo el molde del Ur-Fascismo de Umberto Eco para convertir una analogía en una sentencia. Eso no fue una lección de historia; fue otro ejercicio de ingeniería narrativa.

Lo verdaderamente preocupante es que este mecanismo ya se volvió predecible. Para una parte de esa intelectualidad, todo aquello que huela a conservadurismo, reivindique la autoridad, defienda la ley y el orden, cuestione las agendas identitarias o simplemente no comparta los postulados de la Izquierda Progresista Radical termina siendo catalogado, con una irresponsabilidad proporcional al tamaño de sus propios egos, como «extrema derecha», «fascismo» o una amenaza para la democracia. El debate deja entonces de girar alrededor de las ideas y pasa a consistir en etiquetar al contradictor con la categoría histórica más infamante disponible. El problema es que cuando todo termina siendo fascismo, el fascismo deja de explicar una experiencia totalitaria concreta y se convierte simplemente en un mecanismo para deslegitimar al adversario. Esa no es una contribución al debate democrático. Es la renuncia a sostenerlo.

Lo preocupante es que esta forma de hacer periodismo no nació en Colombia, pero aquí se está adoptando casi como un copy-paste de las guerras culturales de Estados Unidos y Europa. Por una mezcla de esnobismo intelectual, necesidad de parecer cosmopolitas y fascinación por todo aquello que llega empacado desde universidades, fundaciones y grandes medios extranjeros, una parte de nuestra intelectualidad importa las Agendas de la Izquierda Progresista Radical, junto con sus etiquetas, sus enemigos y sus preocupaciones primermundistas, como si pudieran trasladarse sin adaptación alguna a un país con las urgencias de Colombia. Terminamos discutiendo con enorme solemnidad los traumas culturales de sociedades ricas, mientras aquí siguen pendientes problemas bastante menos elegantes, como el hambre, la informalidad, la inseguridad, la educación deficiente, la corrupción y la incapacidad del Estado para prestar servicios básicos.

Esa importación automática termina obligando a leer nuestra historia, nuestras instituciones y nuestros conflictos con categorías diseñadas para realidades muy distintas. El periodista deja entonces de acompañar al lector en la comprensión de un país complejo y empieza a actuar como arquitecto de una historia cuya conclusión ya estaba definida. Los hechos siguen siendo importantes, pero principalmente cuando sirven para reforzar el relato; aquello que no encaja se minimiza, se relega o desaparece.

El problema se vuelve todavía más grave cuando esas narraciones utilizan tragedias colectivas, violaciones de derechos humanos o víctimas reales como parte de la disputa política. Esos hechos exigen memoria, justicia y reparación, pero precisamente por su enorme peso moral no deberían convertirse en atajos argumentativos ni en escudos contra cualquier cuestionamiento. Recordar es un deber; utilizar la memoria para cerrar la discusión es otra cosa.

Las víctimas merecen justicia para poder reconstruir sus vidas y dejar de ser definidas únicamente por aquello que les hicieron. Sin embargo, una parte de la intelectualidad contemporánea parece encontrar mayor utilidad política en la víctima permanente que en la persona que logra rehacer su existencia. La primera sostiene relatos, instituciones y posiciones de autoridad moral; la segunda reduce la necesidad de quienes hicieron de hablar en su nombre una forma de presencia pública.

El gran desafío del periodismo ya no consiste solamente en combatir noticias falsas. También debe impedir que la ingeniería narrativa sustituya a la investigación y que la selección interesada de hechos termine reemplazando el esfuerzo por comprenderlos. Las democracias no necesitan periodistas que repartan certificados de virtud y de culpa, sino profesionales capaces de aceptar que la realidad suele ser más incómoda, contradictoria y desordenada que las agendas importadas con las que algunos pretenden explicarla.

Esa fue, al final, la lección que me dejó el artículo sobre Palantir. Las piezas pueden ser verdaderas, encajar perfectamente y completar el tablero sin dificultad; pero si al voltearlo la imagen no se parece a la de ninguna de las cajas originales, ya no estamos frente a una investigación que reconstruyó la realidad, sino frente a una arquitectura que logró reemplazarla.

Héctor Abad o la soberbia de no entender al país

No suelo leer El Espectador. Desde hace ya varios lustros dejó de ser, para mí, un periódico con carácter propio y se fue convirtiendo en algo mucho menos interesante: un panfleto elegante de la izquierda progresista radical.

No me molesta que un medio tenga origen político. Muchos periódicos nacen con ideas, causas y una manera particular de mirar el mundo. Lo que molesta es otra cosa: que se disfracen de árbitros morales, se presenten como conciencia democrática del país y terminen funcionando, demasiadas veces, como caja de resonancia de las mismas obsesiones ideológicas de siempre.

Una prueba de ello es la columna de Héctor Abad Faciolince publicada el 31 de mayo, dia de elecciones, la cual, además de llegarme tarde y de carambola, muestra muy bien el problema. No busca entender a Abelardo ni al país que lo está apoyando. Busca etiquetarlo, deformarlo y llenarlo de calificativos. Todo contra quien, salvo que algo verdaderamente irregular ocurra, será el próximo presidente de Colombia.

Mientras Colombia votaba, ya se intentaba marcar la elección con una etiqueta. Antes de aceptar lo que las urnas terminarían mostrando, había que dejar lista la acusación. Había que convertir al candidato incómodo en amenaza antes de reconocer que estaba conectado con un malestar real.

Ese mismo día, Abelardo de la Espriella les dio sopa y seco en las urnas a quienes creían tener el monopolio moral del país. Ahí se entiende mejor la columna: no como análisis sereno, sino como miedo anticipado. Cuando un candidato rompe el libreto de las élites opinadoras, no se le discute: se le patologiza. No se analizan sus ideas: se le convierte en amenaza. No se reconoce el malestar ciudadano que representa: se le reduce a caricatura.

Tirano. Vulgar. Fascista. Ignorante. Payaso. Peligroso.

El repertorio cambia poco, porque el método es siempre el mismo.

Abad pretendía hacer el retrato moral de un candidato. Le salió otra cosa: el retrato involuntario de cierta élite opinadora colombiana cuando pierde el control del relato.

Su columna no busca convencer. Busca degradar. No argumenta. Ridiculiza. No discute un programa de gobierno ni una visión de Estado. Prefiere el camino fácil: la barba, la ropa, la vanidad, el cuerpo, la esposa, Miami, Florencia, el supuesto mal gusto. Todo envuelto en una prosa que quiere sonar brillante, pero que termina mostrando una pobreza argumentativa preocupante.

La política no tiene por qué ser tibia. Una democracia necesita confrontación, ideas fuertes y denuncias. Pero advertir sobre riesgos autoritarios no es lo mismo que sustituir el análisis por la burla. Cuando un columnista describe al adversario como grotesco, ridículo o peligroso sin detenerse en lo que representa para millones de ciudadanos, deja de hacer crítica política y empieza a hacer desahogo social.

Ahí está el punto. Abelardo no apareció de la nada. No es solo un personaje pintoresco impulsado por la televisión o las redes. Es el síntoma de una Colombia cansada de que le pidan paciencia mientras el crimen avanza, de que le hablen de paz mientras los grupos armados se fortalecen, y de que le vendan superioridad moral mientras la extorsión, el narcotráfico y la secuestro territorial siguen creciendo.

Claro que se puede criticar su estilo. Claro que se le puede exigir mayor precisión programática (aunque su programa lo es, y cero de echar globos), mejor equipo técnico (que lo tiene) y menos teatralidad (un poco difícil por su espíritu caribe). Eso sería legítimo. Lo pobre es reducirlo a un “aspirante a tirano” sin tomarse en serio el malestar que lo explica. Esa soberbia es la que ha llevado a muchos sectores «ilustrados», de esa élite «intelectual» a no entender el país que dicen defender.

En democracia, el voto no siempre premia al más elegante ni al más cómodo para las tertulias. A veces premia al que logra nombrar problemas colectivos que otros prefirieron ignorar (o maquillar), y plantear acciones para solucionarlos.

Colombia tiene hoy una angustia real: la sensación de que el Estado ha cedido demasiado, de que la autoridad se volvió sospechosa y de que la palabra “paz” se ha usado para justificar concesiones que no siempre producen la tan anhelada paz.

Abad ya ha mostrado antes esa forma de superioridad moral. Recuerdo que en 2014, cuando Nairo Quintana llenaba de orgullo a Colombia con la maglia rosa en el Giro de Italia (la del liíder de la carrera), publicó en Twitter: “A la extrema derecha no le gusta mucho eso de ‘camiseta rosada’ o ‘maglia rosa’. Creen que es del orgullo gay”.

Ese comentario no era solo un mal chiste. Era una muestra perfecta de la ligereza con la que este tipo de opinadores hablan desde arriba, como si todos los que no piensan como ellos fueran brutos, atrasados o incapaces de entender algo tan elemental como una tradición deportiva.

Yo le respondí entonces con lo obvio, justamente para dejar en evidencia la ignorancia del comentario: si el problema era que la camiseta rosada podía asociarse, según él, con el orgullo gay, entonces qué hacía con la camiseta arcoíris del campeón mundial de ciclismo. Porque la camiseta de campeón mundial no es rosada. Es arcoíris. Y en ciclismo no representa su burla barata, ni su chiste político, ni su necesidad de ridiculizar a la derecha. Representa mérito, gloria, historia y jerarquía deportiva.

Esa era la respuesta. No un adorno. No una curiosidad de ciclismo. Era mostrarle que su comentario era flojo, ignorante y prejuicioso. Porque cualquiera que conozca mínimamente el ciclismo sabe que la maglia rosa del Giro y la camiseta arcoíris del campeón mundial pertenecen a una tradición deportiva, no a la necesidad ideológica de un columnista de burlarse de sus adversarios.

Aquel episodio no fue una anécdota menor. Fue una radiografía. Abad se presenta como defensor de la complejidad, pero con frecuencia reduce al contrario a un estereotipo. Habla de tolerancia, pero practica el desprecio. Reclama humanidad, pero se la niega políticamente a quienes no caben en su mundo. Él a la larga no discute con ciudadanos. Discute con muñecos que él mismo fabrica: el uribista bruto, el derechista homofóbico, el conservador primitivo.

Y lo peor es que suele salirse con la suya. Porque pertenece a ese roscograma intelectual donde ciertos escritores, periodistas y opinadores pueden descacharse una y otra vez, hablar desde la superioridad moral, decir simplezas con tono profundo y aun así seguir siendo tratados como conciencia del país. A otros les cobran cada palabra. A ellos les celebran hasta los disparates.

Ese es el nivel de quien posa de humanista mientras desprecia en bloque a quienes no caben en su mundo ideológico.

La columna también deja ver otra cosa: el miedo reverencial frente a cierto periodismo. Abad menciona el episodio de una «gran» periodista y parece sugerir que, si un candidato se incomoda con una periodista quien claramente le impregnó cicuta a su cuestionario, entonces ya estamos ante una señal autoritaria. Pero ahí también hay que hacer una precisión. No todo el que carga una libreta, un micrófono o una credencial actúa como periodista. Muchas veces actúa como activista, con agenda, con veneno, con preguntas cargadas y con una idea previa de a quién quiere destruir.

Eso no significa que los periodistas no puedan preguntar duro. Claro que pueden. Deben hacerlo. Pero una cosa es preguntar duro y otra muy distinta actuar como fiscal ideológico, provocar, torcer, insinuar y luego esconderse detrás de la palabra “periodismo” como si fuera una sotana. En Colombia y fuera de Colombia hay demasiados opinadores y periodistas que se creen ungidos por alguna autoridad superior. Preguntan con veneno, escriben con veneno, editan con veneno, y luego exigen que nadie les conteste duro porque entonces se sienten atacados en nombre de la libertad de prensa.

No. La libertad de prensa no convierte al periodista en intocable. Tampoco convierte al activismo en verdad. Y mucho menos obliga a un candidato a quedarse agachado frente a preguntas imprecisas, sesgadas o malintencionadas.

Hay, además, un punto delicado que conviene decir sin rodeos, pero con respeto. Héctor Abad Faciolince e Iván Cepeda comparten, cada uno desde su propia historia, una relación pública con la tragedia política colombiana. Sus familias fueron atravesadas por la violencia. Eso merece respeto. Nadie decente debería burlarse del dolor ni de una pérdida familiar marcada por la muerte.

Ahora bien, el respeto por la tragedia no puede convertirse en obediencia intelectual. Una biografía dolorosa no vuelve infalible a nadie. No convierte una columna en argumento ni una candidatura en reserva moral. El duelo puede explicar una sensibilidad, pero no puede blindar a nadie contra la crítica.

Colombia ha sufrido demasiado como para permitir que el dolor se vuelva escudo político intocable. La tragedia no puede ser patente de corso. No puede convertirse en licencia para caricaturizar al adversario, repartir certificados de decencia o hablar desde un pedestal moral frente a millones de ciudadanos que también han vivido miedo, violencia, secuestro, extorsión, desplazamiento o abandono estatal.

La indulgencia relativa de Abad con Iván Cepeda también dice mucho. No porque lo trate como santo, que no lo hace. También le teme, también lo mira como un riesgo y también lo ubica en el campo de los extremos. Pero la diferencia está en el método. A Abelardo lo despelleja con saña estética, corporal y moral. A Cepeda lo describe como hermético, esquivo e insondable. A uno lo vuelve caricatura de circo. Al otro lo convierte en enigma político.

Pero sí sabemos cosas. Sabemos que Cepeda ha defendido una visión política que insiste en el diálogo con estructuras armadas al margen de la ley y dedicadas al narcotráfiico como eje central de la respuesta del Estado. Sabemos que él ha estado ligado intimamente a procesos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados. Sabemos que su candidatura representa una continuidad, con otros modales, del proyecto político que gobernó estos último casi cuatro años.

La llamada paz total no puede seguir tratándose como una buena intención intocable. En Colombia ya deberíamos haber aprendido que las buenas intenciones no bastan cuando al frente hay organizaciones armadas que entienden el diálogo como pausa táctica u oportunidad de expansión. El problema no es hablar de paz. El problema es confundir paz con ingenuidad y negociación con rendición simbólica.

Existe una solidaridad boba, muy propia de cierta izquierda moralizante, que consiste en creer que todo enemigo de sus enemigos merece indulgencia (o dosis de esa empatía y resiliencia). Si alguien se opone a la por ellos etiquetada «extrema» derecha, se le perdonan silencios, alianzas o ambigüedades. Si alguien habla en nombre de la paz, cualquier crítica a sus métodos se interpreta como barbarie.

Esa lógica es peligrosa. El enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo. Puede ser simplemente otro enemigo de la libertad, del Estado de derecho o de la democracia, aunque hable con tono pausado, lea su libreta de apuntes y se presente no sólo como víctima de la historia, sino que nos quiera hacer creer que somos en esencia un país de victimas.

La discusión de fondo no es si Abelardo canta bien, se viste mal o tiene una personalidad excesiva. La discusión es si Colombia va a recuperar la autoridad legítima del Estado o si seguirá atrapada en la costumbre de consentir a quienes han vivido de intimidar, secuestrar, extorsionar y gobernar territorios por la fuerza.

Tampoco hay que escoger entre brutalidad y claudicación. Ese es un falso dilema. Un Estado serio puede ser firme sin ser arbitrario. Puede aplicar la ley sin convertirse en tiranía. Puede derrotar criminales sin despreciar los derechos humanos. Puede dialogar cuando haya condiciones y levantarse de la mesa cuando la contraparte la usa para fortalecerse. Ese debería ser el debate. No la barba. No el traje. No Miami. No Florencia. No la burla de salón.

A Abad le preocupa el tirano de derecha. Esa preocupación puede ser legítima. Pero también debería preocuparle el autoritarismo que se disfraza de superioridad moral: el que decide quiénes son los buenos antes de mirar los hechos, el que convierte la paz en dogma y el que mira con desprecio al ciudadano que pide orden.

Colombia no necesita otra ronda de caricaturas, sermones y poses morales. Necesita autoridad legítima, seguridad, justicia, libertad y límites reales al poder. Necesita un debate serio sobre el país que se quiere gobernar, no otra competencia de insultos bien escritos desde las columnas de siempre.

El problema de Abad no es que critique a Abelardo. Tiene todo el derecho a hacerlo. El problema es que no parece querer entender por qué millones de colombianos sí lo están escuchando. Prefiere mirar desde su balcón moral y llamar tiranía a todo lo que no entiende, mientras guarda una indulgencia sospechosa frente a quienes llevan años alimentando resentimiento, lucha de clases y revancha bajo el lenguaje cómodo de la justicia social.

Quizá esa sea la ironía. Algunos viven recordándonos El olvido que seremos, pero olvidan algo más básico: que la democracia no se defiende tratando como monstruos a quienes piden orden, ni blindando con indulgencias a quienes hablan en nombre de la paz. Si Colombia sigue reducida a rótulos y caricaturas, el problema no será solo la pobreza argumentativa de sus columnistas. Será la soberbia de una élite que todavía no entiende por qué el país dejó de creerle.