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La ingeniería narrativa

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Hay artículos que terminan hablándonos menos del tema que anuncian en su título y mucho más de la época en la que fueron escritos. Hace unos días leí en The Spectator World un ensayo de Michael Gibson titulado The Rise of Palantir Derangement Syndrome, que podría traducirse como “El auge del síndrome de trastorno por Palantir”. La tesis del autor gira alrededor de Palantir Technologies, una empresa estadounidense fundada en 2003 por Peter Thiel y otros socios, dedicada al desarrollo de plataformas que integran y analizan enormes cantidades de información para que gobiernos, organismos de seguridad, sistemas de salud y grandes organizaciones puedan identificar patrones complejos y tomar decisiones. Gibson sostiene que, para una parte del debate público occidental, Palantir ha dejado de ser una empresa tecnológica que debe ser evaluada por sus contratos, sus resultados, sus límites y sus riesgos, para convertirse en un símbolo sobre el cual se proyectan prácticamente todos los temores contemporáneos: vigilancia masiva, autoritarismo, inteligencia artificial, inmigración, militarización, Israel o Donald Trump. Cada nueva noticia termina interpretándose como una confirmación de la misma historia.

Mientras avanzaba en la lectura, dejé de pensar en Silicon Valley y empecé a pensar en Colombia. No porque exista equivalencia alguna entre Palantir y nuestra realidad política, sino porque el artículo me permitió identificar un fenómeno que también aparece con frecuencia en nuestro debate público, particularmente en ciertos espacios de opinión. La diferencia es que aquí el problema no consiste únicamente en interpretar todos los hechos desde un mismo marco ideológico. Comienza un paso antes, cuando el relato se construye de tal manera que al lector apenas le queda espacio para llegar a una conclusión distinta de aquella que el autor había escogido desde el principio.

No encontré un nombre mejor para ese procedimiento que ingeniería narrativa.

Utilizo deliberadamente esa expresión porque describe un método sin necesidad de presumir mala fe. No estoy hablando de inventar documentos, fabricar pruebas o falsificar testimonios. Eso sería demasiado rudimentario y, además, relativamente sencillo de descubrir. La ingeniería narrativa opera de una manera bastante más sofisticada. Parte de elementos auténticos, verificables y muchas veces relevantes. Un documento verdadero, una fotografía verdadera, una declaración verdadera, una decisión judicial verdadera, una coincidencia cronológica o una analogía histórica pueden ser suficientes. El problema no reside en la autenticidad de cada pieza, sino en la arquitectura que termina uniéndolas y en el significado que esa composición pretende imponer sobre el conjunto.

Siempre me ha parecido que un rompecabezas explica mejor este fenómeno que cualquier tratado de comunicación. Pensemos en varias cajas producidas por la misma fábrica, con piezas hechas del mismo cartón y cortadas con el mismo troquel, de modo que todas pueden encajar entre sí aunque correspondan a imágenes distintas. Si alguien mezcla esas fichas y arma el tablero mirando únicamente el reverso, todo parecerá impecable: ninguna pieza sobra, ninguna unión se fuerza y el rompecabezas queda completo. El engaño aparece al voltearlo. Entonces se descubre que, aunque cada ficha era auténtica y todas ajustaban perfectamente, la imagen final no corresponde a ninguna de las que venían en las cajas originales. El problema no estaba en las piezas, sino en haberlas combinado de tal manera que produjeran una escena nueva, coherente en su forma, pero falsa en su significado.

La columna que Ana Cristina Restrepo publicó en El Espectador sobre la masacre de El Aro constituye, a mi juicio, uno de los ejemplos más acabados de ese procedimiento. Nadie con un mínimo de decencia puede desconocer la atrocidad de aquellos hechos, relativizar el sufrimiento de las víctimas o negar la obligación de preservar su memoria. Precisamente por la enorme fuerza moral de esa tragedia, el cuidado con que se organizan testimonios, antecedentes, acusaciones, actuaciones judiciales y referencias políticas debería ser todavía mayor. Sin embargo, cuando todos esos elementos terminan dispuestos dentro de una misma secuencia, la fuerza indiscutible de la masacre puede extenderse sobre controversias actuales y responsabilidades todavía discutidas, como si cada una de las piezas reunidas compartiera el mismo valor probatorio y condujera necesariamente a una sola lectura.

Ese es el punto donde recordar una tragedia y utilizarla para ordenar moralmente el presente empiezan a confundirse. La memoria deja de ser únicamente una herramienta para comprender lo sucedido y se convierte en una plataforma desde la cual se distribuyen culpas, se establecen continuidades políticas y se clasifica a los actores contemporáneos. El lector ya no recibe únicamente información sobre El Aro, sino una ruta cuidadosamente construida para que el peso moral de las víctimas acompañe cada asociación posterior. La columnista no necesita formular todas las conclusiones de manera expresa, porque la propia arquitectura del texto ha sido diseñada para que el público termine completándolas.

Ana Cristina Restrepo no es un caso aislado. El problema es más amplio: una parte del periodismo colombiano ha adoptado una forma de contar los hechos en la que primero se define quiénes son los buenos, quiénes son los culpables y cuál debe ser la conclusión, y solo después se organiza la información para sostener esa lectura. Por eso el mismo mecanismo aparece en distintos medios y con distintos protagonistas. Cambia el nombre del columnista, cambia el programa y cambia la noticia, pero se repite la misma práctica: la investigación deja de abrir preguntas y empieza a confirmar una respuesta que ya estaba decidida.

Ese procedimiento puede reconocerse, con distintos grados y matices, en espacios como Los Danieles, La Silla Vacía, El Espectador, algunos segmentos de Blu Radio, particularmente aquel conducido por Camila Zuluaga, ciertos programas de Caracol Radio (la otrora W) y otros medios que parecen haber desdibujado la frontera entre informar, interpretar y persuadir. No afirmo que toda su producción responda al mismo molde ni que cada periodista actúe de idéntica manera. Sería cometer precisamente el error que critico. Lo que sostengo es que en esos escenarios aparece con preocupante frecuencia una forma de construir la realidad en la que los hechos son seleccionados, jerarquizados y conectados de acuerdo con un marco moral que ya venía definido.

La diferencia resulta esencial para entender uno de los desafíos más complejos del periodismo contemporáneo. Durante décadas discutimos cómo combatir la desinformación y las noticias falsas. Hoy el problema parece bastante más sofisticado. Una narración puede estar construida exclusivamente con hechos verdaderos y, aun así, conducir al lector hacia una interpretación que no constituye la única explicación razonable de esos hechos. La fuerza persuasiva ya no proviene de la falsedad, sino de la selección, del orden, de las omisiones y de la relación que se establece entre elementos cuya autenticidad nadie discute.

Eso obliga a recuperar una distinción que el buen periodismo siempre entendió. Investigar no consiste únicamente en reunir información. Consiste también en reconocer el alcance de cada dato, distinguir entre lo probado y lo sugerido, separar una hipótesis de una conclusión y resistir la tentación de llenar con intuiciones los vacíos que la evidencia todavía no alcanza a cubrir. La prudencia intelectual nunca fue una señal de debilidad; fue una condición indispensable para preservar la credibilidad del oficio.

Recuerdo la serie de cinco entregas con la que Ana Cristina Restrepo se la dedicó a Andrés Pastrana entre febrero y mayo de 2026. Y digo que se la dedicó en el sentido más coloquial de la expresión. Un expresidente debe responder por sus relaciones, sus viajes y sus decisiones; nadie pretende eximirlo de preguntas incómodas. El problema aparece cuando fotografías, correos, registros de vuelo, preguntas formuladas en diligencias judiciales, silencios y asociaciones con el príncipe Andrés se organizan dentro de una misma secuencia hasta producir una impresión de culpabilidad mucho mayor que aquello que cada pieza demuestra por separado. Una pregunta no es una prueba, el silencio no equivale a una confesión y aparecer en un registro de vuelo no demuestra participación en los delitos de otros. Sin embargo, al juntar todas esas piezas, construyó una atmósfera en la que la sospecha terminó ocupando el lugar de la demostración. Ahí el periodismo empieza a parecerse a la justicia mediática: no dicta la condena, pero organiza el relato para que sea el lector quien lo haga.

Algo semejante ocurrió el 14 de junio de 2026, cuando decidió llamar “camisas negras” a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, a quienes incluso calificó como los camicie nere criollos, para rematar su columna con una exhortación tan elocuente como reveladora: “Votar con libertad: siempre, ¡pero nunca por fascistas!”. Los camicie nere no fueron una figura literaria para describir campañas de tono fuerte ni una metáfora disponible para todo proyecto político conservador que incomode a una columnista. Fueron las escuadras de choque del fascismo italiano, responsables de intimidación, persecución y violencia organizada contra los adversarios. Trasladar semejante carga histórica sobre dos candidatos que participaban en una contienda democrática exigía una demostración doctrinal, institucional y práctica de enorme rigor. En cambio, bastó acomodar algunos rasgos retóricos bajo el molde del Ur-Fascismo de Umberto Eco para convertir una analogía en una sentencia. Eso no fue una lección de historia; fue otro ejercicio de ingeniería narrativa.

Lo verdaderamente preocupante es que este mecanismo ya se volvió predecible. Para una parte de esa intelectualidad, todo aquello que huela a conservadurismo, reivindique la autoridad, defienda la ley y el orden, cuestione las agendas identitarias o simplemente no comparta los postulados de la Izquierda Progresista Radical termina siendo catalogado, con una irresponsabilidad proporcional al tamaño de sus propios egos, como «extrema derecha», «fascismo» o una amenaza para la democracia. El debate deja entonces de girar alrededor de las ideas y pasa a consistir en etiquetar al contradictor con la categoría histórica más infamante disponible. El problema es que cuando todo termina siendo fascismo, el fascismo deja de explicar una experiencia totalitaria concreta y se convierte simplemente en un mecanismo para deslegitimar al adversario. Esa no es una contribución al debate democrático. Es la renuncia a sostenerlo.

Lo preocupante es que esta forma de hacer periodismo no nació en Colombia, pero aquí se está adoptando casi como un copy-paste de las guerras culturales de Estados Unidos y Europa. Por una mezcla de esnobismo intelectual, necesidad de parecer cosmopolitas y fascinación por todo aquello que llega empacado desde universidades, fundaciones y grandes medios extranjeros, una parte de nuestra intelectualidad importa las Agendas de la Izquierda Progresista Radical, junto con sus etiquetas, sus enemigos y sus preocupaciones primermundistas, como si pudieran trasladarse sin adaptación alguna a un país con las urgencias de Colombia. Terminamos discutiendo con enorme solemnidad los traumas culturales de sociedades ricas, mientras aquí siguen pendientes problemas bastante menos elegantes, como el hambre, la informalidad, la inseguridad, la educación deficiente, la corrupción y la incapacidad del Estado para prestar servicios básicos.

Esa importación automática termina obligando a leer nuestra historia, nuestras instituciones y nuestros conflictos con categorías diseñadas para realidades muy distintas. El periodista deja entonces de acompañar al lector en la comprensión de un país complejo y empieza a actuar como arquitecto de una historia cuya conclusión ya estaba definida. Los hechos siguen siendo importantes, pero principalmente cuando sirven para reforzar el relato; aquello que no encaja se minimiza, se relega o desaparece.

El problema se vuelve todavía más grave cuando esas narraciones utilizan tragedias colectivas, violaciones de derechos humanos o víctimas reales como parte de la disputa política. Esos hechos exigen memoria, justicia y reparación, pero precisamente por su enorme peso moral no deberían convertirse en atajos argumentativos ni en escudos contra cualquier cuestionamiento. Recordar es un deber; utilizar la memoria para cerrar la discusión es otra cosa.

Las víctimas merecen justicia para poder reconstruir sus vidas y dejar de ser definidas únicamente por aquello que les hicieron. Sin embargo, una parte de la intelectualidad contemporánea parece encontrar mayor utilidad política en la víctima permanente que en la persona que logra rehacer su existencia. La primera sostiene relatos, instituciones y posiciones de autoridad moral; la segunda reduce la necesidad de quienes hicieron de hablar en su nombre una forma de presencia pública.

El gran desafío del periodismo ya no consiste solamente en combatir noticias falsas. También debe impedir que la ingeniería narrativa sustituya a la investigación y que la selección interesada de hechos termine reemplazando el esfuerzo por comprenderlos. Las democracias no necesitan periodistas que repartan certificados de virtud y de culpa, sino profesionales capaces de aceptar que la realidad suele ser más incómoda, contradictoria y desordenada que las agendas importadas con las que algunos pretenden explicarla.

Esa fue, al final, la lección que me dejó el artículo sobre Palantir. Las piezas pueden ser verdaderas, encajar perfectamente y completar el tablero sin dificultad; pero si al voltearlo la imagen no se parece a la de ninguna de las cajas originales, ya no estamos frente a una investigación que reconstruyó la realidad, sino frente a una arquitectura que logró reemplazarla.

Del hombre blanco al cadáver del Estado

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Hay una patología intelectual bastante extendida en cierta élite colombiana: mirar al resto del país por encima del hombro y confundir esa pose con lucidez. No es consecuencia de estudiar en el exterior, hablar inglés, francés o alemán, ni mucho menos de conocer, o pretender entender, debates internacionales. El problema aparece cuando ciertas angustias del primer mundo se importan como si fueran prioridades universales y se aterrizan, sin traducción ni contexto, sobre un país que todavía pelea por resolver asuntos bastante menos sofisticados y bastante más urgentes: pobreza, seguridad, autoridad, empleo, justicia, energía, infraestructura y presencia efectiva del Estado.

Esa es, en buena medida, la lógica de las Agendas de la Izquierda Progresista Radical. Llegan con lenguaje terapéutico, tono académico y superioridad moral incorporada de fábrica. No explican el país: lo corrigen; no escuchan al ciudadano: lo diagnostican; no discuten al contradictor: lo patologizan. Lo hemos visto durante años en ciertos sectores del periodismo, la academia y la opinión pública, con esa costumbre tan colombiana de posar de sofisticación moral mientras se desprecia al ciudadano que no habla con las claves correctas.

Un ejemplo ayuda a entender el fenómeno. En Estados Unidos, el famoso white guilt, la culpa blanca, surgió de una historia concreta de esclavitud, segregación y discriminación racial. Pero hace mucho dejó de ser únicamente una reflexión histórica para convertirse también, según autores como Thomas Sowell, en una herramienta política y cultural utilizada para administrar culpas colectivas, movilizar identidades y justificar políticas cuyos resultados sobre las mismas comunidades que buscaban beneficiar siguen siendo objeto de debate. Uno podrá compartir o no esa tesis, pero al menos existe una discusión intelectual seria detrás de ella; lo absurdo comienza cuando algunos sectores de nuestras élites importan ese paquete ideológico completo y lo aplican sobre Colombia como si Medellín fuera Berkeley con montañas y como si Antioquia pudiera entenderse utilizando exactamente la misma plantilla moral de un campus de la Ivy League.

Ahí es donde el periodismo empieza a perder el oficio y el activismo empieza a ocupar su lugar. Para efectos de esta columna, Ana Cristina Restrepo se convirtió recientemente en un ejemplo particularmente ilustrativo de esa deriva, no porque sea la única ni mucho menos la más importante, sino porque en apenas unas semanas dejó tres fallas argumentales muy claras. Y por eso hablo de strikes: no como adorno deportivo ni como chiste gratuito, sino porque en tres turnos distintos al bate intentó hacer análisis público y terminó abanicando frente a la realidad. Uno puede equivocarse una vez. Puede incluso rozar la bola y quedar en foul. Pero cuando el patrón se repite, el problema ya no es el accidente sino el método.

El primer strike argumental fue José Manuel Restrepo. Estamos hablando de un economista, académico, exministro, rector universitario y doctor de la Universidad de Bath; una figura perfectamente discutible en el terreno político, a quien se le podía debatir su gestión, sus decisiones, su visión económica, su paso por el Ministerio de Hacienda o su papel dentro del nuevo gobierno. Pero Ana Cristina eligió otro camino: “hombre blanco neoliberal”.

Posteriormente explicó que aquello no era una opinión sino una descripción, y ahí está precisamente el punto. Claro que “hombre” y “blanco” son descripciones si uno está diligenciando una encuesta demográfica o un formulario estadístico. Pero cuando esas categorías se utilizan para presentar políticamente a una persona, dejan inmediatamente de ser neutrales. En el lenguaje contemporáneo de estas agendas, “hombre blanco” rara vez significa simplemente hombre blanco: significa privilegio, sospecha, poder heredado y pecado original identitario; significa que antes de escuchar una sola idea ya se decidió quién ocupa el banquillo moral y quién recibe el beneficio de la duda.

No era una descripción neutra, sino una valoración política presentada como si fuera una ficha técnica. Y el contraste resulta todavía más claro si se mira el debate político reciente: mientras algunos sectores celebran fórmulas construidas alrededor de la corrección política lastimera, de la cuota identitaria y de la apelación emocional a las causas sociales, Abelardo de la Espriella eligió a José Manuel Restrepo por competencia, trayectoria y capacidad técnica. Esa diferencia es precisamente la que incomoda a quienes prefieren leer la política como catálogo de identidades y no como discusión sobre gobierno.

El segundo strike argumental llegó con la reacción frente al triunfo de Abelardo de la Espriella y, particularmente, con la manera como Ana Cristina Restrepo decidió interpretar las celebraciones en Antioquia, en conversación con Camila Zuluaga en Blu Radio. Conviene recordar el contexto: en ese momento no existía todavía gabinete, no se conocían ministros, no se había anunciado buena parte del equipo de gobierno y ni siquiera se había abierto una discusión seria sobre políticas públicas concretas. Lo único que había ocurrido era una elección y la celebración de quienes habían ganado esa elección.

Sin embargo, Ana Cristina escogió leer esa celebración como una evocación de los años ochenta, de cargamentos y de narcotráfico. Y ahí el problema no es solo la frase. Es la necesidad de traducir una alegría democrática incómoda al lenguaje moralmente aceptable del roscograma intelectual: si gana alguien que no les gusta, la victoria no puede ser simplemente política; tiene que tener un olor oscuro, mafioso, atrasado o vergonzante.

Esa comparación, hecha ante Camila Zuluaga, sonó menos a análisis y más a guiño para congraciarse con esa intelectualidad activista que ya sabemos cómo opera. Ahí caben, cada uno con su estilo y su parroquia, Daniel Coronell, Félix de Bedout, Alejandro Gaviria, Héctor Abad Faciolince, Rodrigo Uprimny y varios más. Cuando la ciudadanía vota por proyectos cercanos a sus sensibilidades, aparecen las palabras democracia, esperanza, ciudadanía y cambio. Cuando vota distinto, aparecen inmediatamente los fantasmas del miedo, del autoritarismo, del narcotráfico y del atraso cultural.

Yo sí recuerdo la Medellín del miedo, la Medellín de las bombas, de las rutas cambiadas y de las familias aprendiendo a vivir calculando riesgos. Precisamente por eso me parece profundamente injusto convertir una celebración democrática en referencia automática a la criminalidad. No todo lo que incomoda a ciertas élites culturales es mafia; a veces es simplemente una región votando distinto y negándose a pedir permiso para existir políticamente.

Y lo más curioso es que esa severidad moral casi nunca opera en sentido contrario. Los mismos que encuentran asociaciones rápidas entre la derecha y lo peor de nuestra historia suelen volverse extraordinariamente cuidadosos con el lenguaje cuando se trata del viejo mundo subversivo que tanto daño le hizo al país. Ahí aparecen los contextos, las complejidades, las causas estructurales y toda la compasión semántica disponible.

Después vino un foul el 30 de junio, y conviene llamarlo así para no exagerar. En una conversación sobre la posibilidad de que Iván Duque fuera embajador en Washington apareció la duda sobre si sería el primer expresidente colombiano en ocupar ese cargo. No lo sería: Andrés Pastrana ya ocupó esa posición durante el gobierno de Álvaro Uribe. Todos podemos olvidar un dato histórico o confundirnos al aire; por eso no lo cuento como strike, sino como foul. Pero incluso los fouls dicen algo cuando el turno al bate ya viene complicado, sobre todo cuando el debate ocurre después de años de nombramientos diplomáticos donde tantas veces pareció importar más la señal identitaria, la cuota correcta o el símbolo adecuado que la experiencia, la idoneidad o los resultados.

El tercer strike argumental llegó el 2 de julio. Criticando el proceso de empalme del nuevo gobierno, Ana Cristina explicó que la auditoría forense tendría sentido únicamente frente a un cadáver y que, como el Estado colombiano no estaba muerto porque había democracia y un nuevo presidente elegido, hablar de auditoría forense sería un exceso retórico. La tesis merece reconocimiento por original: según esa lógica, la informática forense solo podría practicarse sobre computadores enterrados, la contabilidad forense sobre balances con velorio y la ingeniería forense sobre edificios con certificado de defunción.

Una auditoría forense no es medicina legal. No necesita camilla, sábana blanca ni dolientes; necesita contratos, documentos, trazabilidad, registros y evidencia. Lo forense, en este contexto, no significa cadáver, sino reconstrucción probatoria. Y precisamente porque existe democracia debe existir rendición de cuentas. La alternancia en el poder no es una amnistía contable: los Estados vivos se auditan; los muertos ya no responden.

Aclaro, antes de que aparezca una nueva modalidad de victimización beisbolística, que hablar de dos strikes, un foul y un tercer strike no constituye censura, persecución ni ataque a la libertad de prensa, como ella suele decir cuando alguien tiene la forma y el fondo para exponer su pseudoperiodismo. Es simplemente una metáfora deportiva para señalar fallas argumentales, o, si se prefiere utilizar la terminología ya conocida, una descripción. Porque el problema nunca fue que Ana Cristina Restrepo critique a la derecha; tiene todo el derecho a hacerlo. El problema aparece cuando el periodismo empieza a parecerse demasiado al activismo y el análisis empieza a ceder terreno frente al libreto moral previamente escrito.

En el fondo, los tres strikes muestran exactamente la misma operación intelectual: a José Manuel Restrepo no se le discute, se le clasifica; a Antioquia no se le escucha, se le sospecha; y a la auditoría forense no se la entiende, se la manda para Medicina Legal. Ese es el recorrido completo, del hombre blanco al cadáver del Estado.

El turno terminó, aunque probablemente no faltará la explicación posterior, porque en ciertos sectores del activismo contemporáneo existe una curiosa asimetría: resulta perfectamente legítimo etiquetar, caricaturizar y simplificar al contradictor, pero responder esas etiquetas suele interpretarse inmediatamente como agresión, persecución o intolerancia. La crítica, sin embargo, sigue siendo parte de la conversación democrática, y esta vez no hizo falta umpire: el argumento se ponchó solo.

erdades universales y se aterrizan, sin traducción ni contexto, sobre un país que todavía pelea por resolver asuntos bastante menos sofisticados y bastante más urgentes: pobreza, seguridad, autoridad, empleo, justicia, energía, infraestructura y