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Del hombre blanco al cadáver del Estado

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Hay una patología intelectual bastante extendida en cierta élite colombiana: mirar al resto del país por encima del hombro y confundir esa pose con lucidez. No es consecuencia de estudiar en el exterior, hablar inglés, francés o alemán, ni mucho menos de conocer, o pretender entender, debates internacionales. El problema aparece cuando ciertas angustias del primer mundo se importan como si fueran prioridades universales y se aterrizan, sin traducción ni contexto, sobre un país que todavía pelea por resolver asuntos bastante menos sofisticados y bastante más urgentes: pobreza, seguridad, autoridad, empleo, justicia, energía, infraestructura y presencia efectiva del Estado.

Esa es, en buena medida, la lógica de las Agendas de la Izquierda Progresista Radical. Llegan con lenguaje terapéutico, tono académico y superioridad moral incorporada de fábrica. No explican el país: lo corrigen; no escuchan al ciudadano: lo diagnostican; no discuten al contradictor: lo patologizan. Lo hemos visto durante años en ciertos sectores del periodismo, la academia y la opinión pública, con esa costumbre tan colombiana de posar de sofisticación moral mientras se desprecia al ciudadano que no habla con las claves correctas.

Un ejemplo ayuda a entender el fenómeno. En Estados Unidos, el famoso white guilt, la culpa blanca, surgió de una historia concreta de esclavitud, segregación y discriminación racial. Pero hace mucho dejó de ser únicamente una reflexión histórica para convertirse también, según autores como Thomas Sowell, en una herramienta política y cultural utilizada para administrar culpas colectivas, movilizar identidades y justificar políticas cuyos resultados sobre las mismas comunidades que buscaban beneficiar siguen siendo objeto de debate. Uno podrá compartir o no esa tesis, pero al menos existe una discusión intelectual seria detrás de ella; lo absurdo comienza cuando algunos sectores de nuestras élites importan ese paquete ideológico completo y lo aplican sobre Colombia como si Medellín fuera Berkeley con montañas y como si Antioquia pudiera entenderse utilizando exactamente la misma plantilla moral de un campus de la Ivy League.

Ahí es donde el periodismo empieza a perder el oficio y el activismo empieza a ocupar su lugar. Para efectos de esta columna, Ana Cristina Restrepo se convirtió recientemente en un ejemplo particularmente ilustrativo de esa deriva, no porque sea la única ni mucho menos la más importante, sino porque en apenas unas semanas dejó tres fallas argumentales muy claras. Y por eso hablo de strikes: no como adorno deportivo ni como chiste gratuito, sino porque en tres turnos distintos al bate intentó hacer análisis público y terminó abanicando frente a la realidad. Uno puede equivocarse una vez. Puede incluso rozar la bola y quedar en foul. Pero cuando el patrón se repite, el problema ya no es el accidente sino el método.

El primer strike argumental fue José Manuel Restrepo. Estamos hablando de un economista, académico, exministro, rector universitario y doctor de la Universidad de Bath; una figura perfectamente discutible en el terreno político, a quien se le podía debatir su gestión, sus decisiones, su visión económica, su paso por el Ministerio de Hacienda o su papel dentro del nuevo gobierno. Pero Ana Cristina eligió otro camino: “hombre blanco neoliberal”.

Posteriormente explicó que aquello no era una opinión sino una descripción, y ahí está precisamente el punto. Claro que “hombre” y “blanco” son descripciones si uno está diligenciando una encuesta demográfica o un formulario estadístico. Pero cuando esas categorías se utilizan para presentar políticamente a una persona, dejan inmediatamente de ser neutrales. En el lenguaje contemporáneo de estas agendas, “hombre blanco” rara vez significa simplemente hombre blanco: significa privilegio, sospecha, poder heredado y pecado original identitario; significa que antes de escuchar una sola idea ya se decidió quién ocupa el banquillo moral y quién recibe el beneficio de la duda.

No era una descripción neutra, sino una valoración política presentada como si fuera una ficha técnica. Y el contraste resulta todavía más claro si se mira el debate político reciente: mientras algunos sectores celebran fórmulas construidas alrededor de la corrección política lastimera, de la cuota identitaria y de la apelación emocional a las causas sociales, Abelardo de la Espriella eligió a José Manuel Restrepo por competencia, trayectoria y capacidad técnica. Esa diferencia es precisamente la que incomoda a quienes prefieren leer la política como catálogo de identidades y no como discusión sobre gobierno.

El segundo strike argumental llegó con la reacción frente al triunfo de Abelardo de la Espriella y, particularmente, con la manera como Ana Cristina Restrepo decidió interpretar las celebraciones en Antioquia, en conversación con Camila Zuluaga en Blu Radio. Conviene recordar el contexto: en ese momento no existía todavía gabinete, no se conocían ministros, no se había anunciado buena parte del equipo de gobierno y ni siquiera se había abierto una discusión seria sobre políticas públicas concretas. Lo único que había ocurrido era una elección y la celebración de quienes habían ganado esa elección.

Sin embargo, Ana Cristina escogió leer esa celebración como una evocación de los años ochenta, de cargamentos y de narcotráfico. Y ahí el problema no es solo la frase. Es la necesidad de traducir una alegría democrática incómoda al lenguaje moralmente aceptable del roscograma intelectual: si gana alguien que no les gusta, la victoria no puede ser simplemente política; tiene que tener un olor oscuro, mafioso, atrasado o vergonzante.

Esa comparación, hecha ante Camila Zuluaga, sonó menos a análisis y más a guiño para congraciarse con esa intelectualidad activista que ya sabemos cómo opera. Ahí caben, cada uno con su estilo y su parroquia, Daniel Coronell, Félix de Bedout, Alejandro Gaviria, Héctor Abad Faciolince, Rodrigo Uprimny y varios más. Cuando la ciudadanía vota por proyectos cercanos a sus sensibilidades, aparecen las palabras democracia, esperanza, ciudadanía y cambio. Cuando vota distinto, aparecen inmediatamente los fantasmas del miedo, del autoritarismo, del narcotráfico y del atraso cultural.

Yo sí recuerdo la Medellín del miedo, la Medellín de las bombas, de las rutas cambiadas y de las familias aprendiendo a vivir calculando riesgos. Precisamente por eso me parece profundamente injusto convertir una celebración democrática en referencia automática a la criminalidad. No todo lo que incomoda a ciertas élites culturales es mafia; a veces es simplemente una región votando distinto y negándose a pedir permiso para existir políticamente.

Y lo más curioso es que esa severidad moral casi nunca opera en sentido contrario. Los mismos que encuentran asociaciones rápidas entre la derecha y lo peor de nuestra historia suelen volverse extraordinariamente cuidadosos con el lenguaje cuando se trata del viejo mundo subversivo que tanto daño le hizo al país. Ahí aparecen los contextos, las complejidades, las causas estructurales y toda la compasión semántica disponible.

Después vino un foul el 30 de junio, y conviene llamarlo así para no exagerar. En una conversación sobre la posibilidad de que Iván Duque fuera embajador en Washington apareció la duda sobre si sería el primer expresidente colombiano en ocupar ese cargo. No lo sería: Andrés Pastrana ya ocupó esa posición durante el gobierno de Álvaro Uribe. Todos podemos olvidar un dato histórico o confundirnos al aire; por eso no lo cuento como strike, sino como foul. Pero incluso los fouls dicen algo cuando el turno al bate ya viene complicado, sobre todo cuando el debate ocurre después de años de nombramientos diplomáticos donde tantas veces pareció importar más la señal identitaria, la cuota correcta o el símbolo adecuado que la experiencia, la idoneidad o los resultados.

El tercer strike argumental llegó el 2 de julio. Criticando el proceso de empalme del nuevo gobierno, Ana Cristina explicó que la auditoría forense tendría sentido únicamente frente a un cadáver y que, como el Estado colombiano no estaba muerto porque había democracia y un nuevo presidente elegido, hablar de auditoría forense sería un exceso retórico. La tesis merece reconocimiento por original: según esa lógica, la informática forense solo podría practicarse sobre computadores enterrados, la contabilidad forense sobre balances con velorio y la ingeniería forense sobre edificios con certificado de defunción.

Una auditoría forense no es medicina legal. No necesita camilla, sábana blanca ni dolientes; necesita contratos, documentos, trazabilidad, registros y evidencia. Lo forense, en este contexto, no significa cadáver, sino reconstrucción probatoria. Y precisamente porque existe democracia debe existir rendición de cuentas. La alternancia en el poder no es una amnistía contable: los Estados vivos se auditan; los muertos ya no responden.

Aclaro, antes de que aparezca una nueva modalidad de victimización beisbolística, que hablar de dos strikes, un foul y un tercer strike no constituye censura, persecución ni ataque a la libertad de prensa, como ella suele decir cuando alguien tiene la forma y el fondo para exponer su pseudoperiodismo. Es simplemente una metáfora deportiva para señalar fallas argumentales, o, si se prefiere utilizar la terminología ya conocida, una descripción. Porque el problema nunca fue que Ana Cristina Restrepo critique a la derecha; tiene todo el derecho a hacerlo. El problema aparece cuando el periodismo empieza a parecerse demasiado al activismo y el análisis empieza a ceder terreno frente al libreto moral previamente escrito.

En el fondo, los tres strikes muestran exactamente la misma operación intelectual: a José Manuel Restrepo no se le discute, se le clasifica; a Antioquia no se le escucha, se le sospecha; y a la auditoría forense no se la entiende, se la manda para Medicina Legal. Ese es el recorrido completo, del hombre blanco al cadáver del Estado.

El turno terminó, aunque probablemente no faltará la explicación posterior, porque en ciertos sectores del activismo contemporáneo existe una curiosa asimetría: resulta perfectamente legítimo etiquetar, caricaturizar y simplificar al contradictor, pero responder esas etiquetas suele interpretarse inmediatamente como agresión, persecución o intolerancia. La crítica, sin embargo, sigue siendo parte de la conversación democrática, y esta vez no hizo falta umpire: el argumento se ponchó solo.

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Héctor Abad Faciolince: el barro de quien presume blancura

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Ayer, todavía tratando de practicar esa empatía tan de moda con quienes fueron llevados a votar contra Abelardo de la Espriella convencidos de que venía el fascismo, la dictadura, el paramilitarismo reciclado y el fin de la democracia, y deseándoles mucha resiliencia a quienes ahora sienten que los próximos cuatro años serán su peor pesadilla, alguien me dijo que le había gustado mucho una columna que publiqué el 2 de junio de 2026, Héctor Abad o la soberbia de no entender al país. Me lo dijo como un piropo sincero: le parecía que yo había controvertido, para mi público, a Héctor Abad Faciolince “con altura”.

Lo agradecí. De verdad. Pero la palabra “altura” me dejó pensando. En Colombia, cuando uno controvierte a ciertos miembros del roscograma intelectual, la altura suele medirse de una manera curiosa: uno debe ser elegante, prudente, contenido y casi quirúrgico, mientras ellos pueden caricaturizar, exagerar, insultar con metáforas y mirar al país por encima del hombro sin que nadie les cobre demasiado. Sus excesos son literatura; sus prejuicios, ironía; sus ataques, advertencias democráticas. Pero si alguien de afuera les responde con firmeza, entonces aparecen las alarmas sobre el tono, las formas y la necesidad de no bajar el nivel del debate.

Digo “para mi público” porque es evidente que ningún gran medio va a abrir con entusiasmo sus páginas para que uno les toque sus ídolos de barro. Ese roscograma protege a los suyos con eficacia admirable: se leen entre ellos, se citan entre ellos, se absuelven entre ellos y se aplauden entre ellos, mientras tratan al resto del país como una masa emocional, manipulable y un poco inferior. Pues bien: la altura no consiste en escribir con anestesia ni en pedir permiso para incomodar. La altura consiste en decir las cosas con precisión. Y a veces la precisión corta.

Con ese ánimo, al día siguiente de las elecciones fui a buscar la columna que sabía que Héctor Abad Faciolince habría escrito para el domingo electoral. No era difícil imaginarla. Cuando el país se sale del libreto de ciertas élites opinadoras, siempre aparece alguien con tono grave a explicar que el pueblo se equivocó, que la democracia está en peligro y que el único lugar moralmente seguro es, por supuesto, el que ellos ocupan.

Y apareció: La poesía es un arma cargada de sentido.

El título prometía poesía. El texto entregó una columna electoral disfrazada de reflexión literaria. Abad Faciolince arrancó con Gabriel Celaya, Paco Ibáñez, Brecht, Neruda, la poesía comprometida y la poesía que no se lava las manos. Todo muy culto, muy solemne, muy de biblioteca desde donde algunos creen iluminar al país. Pero al poco andar se entiende el truco: la poesía era el mantel blanco sobre el que puso una columna llena de barro.

La frase central fue que, en su “andropausia pacífica y serena”, resolvió no mancharse y vestirse de blanco pacifista. Ahí está el corazón del texto: no mancharse. Parece humildad, pero funciona como pedestal. Una cosa era votar en blanco, decisión completamente respetable; otra muy distinta era convertir ese voto en lavamanos moral. Una cosa era decir “no me gustó ninguno”, y otra era decir “yo no me manché”, como si quienes sí escogimos hubiéramos quedado contaminados o condenados a caminar por el lodazal donde el escritor puro no quiso poner sus zapatos blancos.

El problema no es que Héctor Abad Faciolince haya votado en blanco. Estaba en su derecho. El problema es que haya intentado vender ese voto como “verdad”, “independencia” y “opción radical y moral contra todo mal”. Eso ya no fue una decisión electoral sino una puesta en escena de superioridad. Y lo curioso es que el hombre que dijo no querer mancharse escribió con las manos llenas de barro.

A Abelardo de la Espriella lo llamó “falso patriota entregado a Trump”, lo asoció con “aliados paracos”, lo llamó “camisa negra desteñido en la lejía caribe y en sus ganas de plata”, y lo acercó a Hitler, Stalin, fascistas y comunistas, aunque después se curó en salud diciendo que exageraba. Muy limpio todo. Muy blanco. Muy pacifista.

Ese es el primer problema serio de la columna: Abad Faciolince repudió la violencia verbal mientras la practicó con entusiasmo literario. La diferencia es que él no la llama violencia verbal; la llama hipérbole, advertencia, poesía, verdad o independencia. Si otro golpea con palabras, es vulgaridad. Si él golpea, es estilo. Si otro exagera, es fanatismo. Si él exagera, es literatura. A cierta gente no le molesta la violencia verbal: le molesta perder el monopolio de administrarla.

También aparece ahí el recurso Trump. En Colombia, Trump rara vez llega como fenómeno político complejo, con luces, sombras, errores, logros, excesos y una base social que merece análisis. Llega, muchas veces, como caricatura importada por medios activistas, opinadores militantes y las Agendas de la Izquierda Progresista Radical: Trump como insulto portátil, como sello de infamia, como forma rápida de no pensar. En ese coro también aparecen ciertos antioqueños vergonzantes, siempre ansiosos por demostrar que ya superaron la provincia, que ya pueden mirar a Medellín y a Antioquia con distancia suficiente, y que ya dominan los códigos morales del club correcto. No se trata de negar nuestros defectos, que los tenemos de sobra. Se trata de esa necesidad de lavar la identidad propia con modales prestados, causas de temporada y una bogotanización mental que confunde sofisticación con complejo. Por eso basta decir “Trump” para cerrar la conversación. Si alguien habla de autoridad, Trump. Si alguien exige orden, Trump. Si alguien cuestiona ciertos dogmas progresistas, Trump. Si alguien defiende a Abelardo de la Espriella, Trump. La palabra deja de nombrar a un político y se vuelve un garrote retórico.

Eso hizo Abad Faciolince con Abelardo. No discutió seriamente qué significa una agenda de autoridad, seguridad, ley y orden en Colombia. Prefirió colgarle encima el fantasma de Trump, como si eso bastara para probar algo. Pero Colombia no estaba votando en Washington. Colombia estaba votando después de años de inseguridad, extorsión, debilitamiento institucional, grupos armados fortalecidos y un Estado que demasiadas veces pareció pedir permiso para existir.

La pirueta con Celaya fue todavía más reveladora. Citó el poema que maldice la poesía de quienes se lavan las manos, no toman partido y se desentienden, para luego concluir que él resolvió no mancharse. Es decir, usó un poema contra lavarse las manos para lavarse las manos con elegancia. Eso no es profundidad: es acrobacia moral.

Abad Faciolince dijo que su voto en blanco no era neutral, sino valiente, radical y moral. Puede sonar elevado, pero también puede sonar demasiado cómodo. Que a uno lo critiquen dos bandos no vuelve automáticamente su posición valiente. A veces solo significa que logró irritar a dos grupos distintos. Eso puede ser coraje, pero también puede ser vanidad. La política real rara vez ofrece opciones impolutas; no se decide entre ángeles con hojas de vida perfectas, sino entre proyectos, riesgos, prioridades y consecuencias. El país no se gobierna con pureza testimonial. Se gobierna escogiendo.

Y ahí apareció otra maniobra. Abad Faciolince dijo que no quería escoger entre el mal mayor y el mal menor, pero al decirlo ya había escogido el marco moral desde el cual quería que todos miráramos la elección. Abelardo quedó como el mal mayor: Trump, paracos, fascismo, dinero, Caribe, camisa negra. Iván Cepeda quedó como mal menor: comunismo menos exaltado, falsa paz total, partidarios corruptos y narcos embutidos. A los dos les pegó, sí, pero no los trató igual. A Abelardo lo volvió caricatura moral y estética. A Cepeda lo dejó envuelto en una niebla de matices.

Y con Cepeda no hace falta escribir una enciclopedia. Basta recordar lo esencial. No es un misterio político ni un accidente histórico. Viene de una tradición concreta: su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue una figura central del Partido Comunista, una de las matrices ideológicas del mundo político del que surgieron las FARC. Eso no transfiere culpas de sangre ni pretende condenar a un hijo por la biografía de su padre, pero sí ayuda a entender una sensibilidad, una trayectoria y una forma de mirar el conflicto colombiano.

Cepeda representa una visión que insiste en el diálogo con estructuras criminales como eje de la respuesta del Estado. Ha estado ligado a procesos de paz con las FARC, el ELN y otros actores armados, y su candidatura recogía, con otros modales, buena parte del proyecto que gobernó estos años. Por eso la llamada paz total ya no puede seguir tratándose como una buena intención intocable. En Colombia deberíamos haber aprendido que las buenas intenciones no bastan cuando al frente hay organizaciones criminales que entienden la mesa como pausa táctica, oportunidad de expansión o mecanismo de legitimación.

El problema no es hablar de paz. El problema es confundir paz con ingenuidad, negociación con rendición simbólica y sensibilidad social con incapacidad para llamar al crimen por su nombre. Por eso resulta tan llamativo que Abad Faciolince hablara de violencia verbal como si el problema central del país fuera la temperatura del lenguaje, y no el hecho de que durante años actores armados, criminales y economías ilegales hayan aprovechado la debilidad del Estado para crecer, intimidar, extorsionar y mandar en territorios enteros.

Claro que el lenguaje importa. Pero Colombia no se está rompiendo solo por palabras duras. Se está rompiendo porque demasiadas veces el Estado renunció a ejercer autoridad legítima, mientras una parte del mundo opinador convirtió cualquier demanda de orden en sospecha autoritaria. Si uno pidió autoridad, lo acercaron al fascismo; si pidió seguridad, le dijeron enemigo de la paz; si exigió que el Estado dejara de arrodillarse ante quienes secuestran, extorsionan y gobiernan por la fuerza, le diagnosticaron barbarie.

No. Pedir autoridad no es pedir tiranía. Pedir seguridad no es despreciar los derechos humanos. Pedir que la democracia tenga dientes no es querer una dictadura. Es entender que sin Estado, sin ley y sin consecuencias, la palabra paz termina convertida en decoración.

Mientras tanto, el país real siguió por fuera de esa escenografía literaria. Está en la gente que vive con miedo, en quien paga extorsión, en quien ve cómo los criminales mandan en territorios enteros, en quien oyó hablar de paz mientras los violentos crecían, en quien escuchó sermones sobre democracia de personas que rara vez sufren las consecuencias de la debilidad del Estado. A esa gente no le basta una poesía cargada de sentido. Necesita un Estado cargado de autoridad.

Y no necesita que desde un balcón moral le expliquen que votar por orden es caer en el fascismo. Mucho menos necesita que le digan que exigir autoridad es nostalgia paramilitar o que votar por Abelardo de la Espriella es votar por el fin de la democracia. Necesita que dejen de tratarla como una masa manipulada cada vez que vota distinto a lo que recomienda el roscograma.

Por eso la columna del domingo merecía respuesta. No porque Héctor Abad Faciolince hubiera votado en blanco, ni porque citara poesía, ni porque desconfiara de Abelardo, que por supuesto podía hacerlo. Merecía respuesta porque volvió a mostrar esa vieja costumbre de cierta élite opinadora: convertir su incomodidad política en superioridad moral.

Abad Faciolince no se limitó a decir que no le gustaba ninguno. Dijo que él no se manchaba. Y ahí, justamente ahí, se le cayó la blancura. Porque nadie que llame “camisa negra” a un candidato, lo acerque a Hitler, lo asocie con paracos, lo reduzca a Caribe, plata y lejía, puede luego pretender que escribió desde una túnica blanca. Estuvo en el barro como todos. Solo que algunos tiran barro con las manos y otros lo tiran con guantes literarios.

Quizá ahí esté la ironía. Algunos viven recordándonos El olvido que seremos, pero olvidan lo más elemental: que la democracia no se defiende mirando al país por encima del hombro, llamando monstruos a quienes piden orden o disfrazando el desprecio de sensibilidad literaria.

Si Héctor Abad Faciolince quiso votar en blanco, bien. Si quiso vestirse de blanco, también. Estaba en todo su derecho. Pero que no pretenda convencernos de que no se manchó mientras tiraba barro con las dos manos.

Porque cuando la poesía se usa para esconder la soberbia, deja de ser un arma cargada de sentido y se convierte apenas en otra forma elegante de lavarse las manos.

Héctor Abad o la soberbia de no entender al país

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No suelo leer El Espectador. Desde hace ya varios lustros dejó de ser, para mí, un periódico con carácter propio y se fue convirtiendo en algo mucho menos interesante: un panfleto elegante de la izquierda progresista radical.

No me molesta que un medio tenga origen político. Muchos periódicos nacen con ideas, causas y una manera particular de mirar el mundo. Lo que molesta es otra cosa: que se disfracen de árbitros morales, se presenten como conciencia democrática del país y terminen funcionando, demasiadas veces, como caja de resonancia de las mismas obsesiones ideológicas de siempre.

Una prueba de ello es la columna de Héctor Abad Faciolince publicada el 31 de mayo, dia de elecciones, la cual, además de llegarme tarde y de carambola, muestra muy bien el problema. No busca entender a Abelardo ni al país que lo está apoyando. Busca etiquetarlo, deformarlo y llenarlo de calificativos. Todo contra quien, salvo que algo verdaderamente irregular ocurra, será el próximo presidente de Colombia.

Mientras Colombia votaba, ya se intentaba marcar la elección con una etiqueta. Antes de aceptar lo que las urnas terminarían mostrando, había que dejar lista la acusación. Había que convertir al candidato incómodo en amenaza antes de reconocer que estaba conectado con un malestar real.

Ese mismo día, Abelardo de la Espriella les dio sopa y seco en las urnas a quienes creían tener el monopolio moral del país. Ahí se entiende mejor la columna: no como análisis sereno, sino como miedo anticipado. Cuando un candidato rompe el libreto de las élites opinadoras, no se le discute: se le patologiza. No se analizan sus ideas: se le convierte en amenaza. No se reconoce el malestar ciudadano que representa: se le reduce a caricatura.

Tirano. Vulgar. Fascista. Ignorante. Payaso. Peligroso.

El repertorio cambia poco, porque el método es siempre el mismo.

Abad pretendía hacer el retrato moral de un candidato. Le salió otra cosa: el retrato involuntario de cierta élite opinadora colombiana cuando pierde el control del relato.

Su columna no busca convencer. Busca degradar. No argumenta. Ridiculiza. No discute un programa de gobierno ni una visión de Estado. Prefiere el camino fácil: la barba, la ropa, la vanidad, el cuerpo, la esposa, Miami, Florencia, el supuesto mal gusto. Todo envuelto en una prosa que quiere sonar brillante, pero que termina mostrando una pobreza argumentativa preocupante.

La política no tiene por qué ser tibia. Una democracia necesita confrontación, ideas fuertes y denuncias. Pero advertir sobre riesgos autoritarios no es lo mismo que sustituir el análisis por la burla. Cuando un columnista describe al adversario como grotesco, ridículo o peligroso sin detenerse en lo que representa para millones de ciudadanos, deja de hacer crítica política y empieza a hacer desahogo social.

Ahí está el punto. Abelardo no apareció de la nada. No es solo un personaje pintoresco impulsado por la televisión o las redes. Es el síntoma de una Colombia cansada de que le pidan paciencia mientras el crimen avanza, de que le hablen de paz mientras los grupos armados se fortalecen, y de que le vendan superioridad moral mientras la extorsión, el narcotráfico y la secuestro territorial siguen creciendo.

Claro que se puede criticar su estilo. Claro que se le puede exigir mayor precisión programática (aunque su programa lo es, y cero de echar globos), mejor equipo técnico (que lo tiene) y menos teatralidad (un poco difícil por su espíritu caribe). Eso sería legítimo. Lo pobre es reducirlo a un “aspirante a tirano” sin tomarse en serio el malestar que lo explica. Esa soberbia es la que ha llevado a muchos sectores «ilustrados», de esa élite «intelectual» a no entender el país que dicen defender.

En democracia, el voto no siempre premia al más elegante ni al más cómodo para las tertulias. A veces premia al que logra nombrar problemas colectivos que otros prefirieron ignorar (o maquillar), y plantear acciones para solucionarlos.

Colombia tiene hoy una angustia real: la sensación de que el Estado ha cedido demasiado, de que la autoridad se volvió sospechosa y de que la palabra “paz” se ha usado para justificar concesiones que no siempre producen la tan anhelada paz.

Abad ya ha mostrado antes esa forma de superioridad moral. Recuerdo que en 2014, cuando Nairo Quintana llenaba de orgullo a Colombia con la maglia rosa en el Giro de Italia (la del liíder de la carrera), publicó en Twitter: “A la extrema derecha no le gusta mucho eso de ‘camiseta rosada’ o ‘maglia rosa’. Creen que es del orgullo gay”.

Ese comentario no era solo un mal chiste. Era una muestra perfecta de la ligereza con la que este tipo de opinadores hablan desde arriba, como si todos los que no piensan como ellos fueran brutos, atrasados o incapaces de entender algo tan elemental como una tradición deportiva.

Yo le respondí entonces con lo obvio, justamente para dejar en evidencia la ignorancia del comentario: si el problema era que la camiseta rosada podía asociarse, según él, con el orgullo gay, entonces qué hacía con la camiseta arcoíris del campeón mundial de ciclismo. Porque la camiseta de campeón mundial no es rosada. Es arcoíris. Y en ciclismo no representa su burla barata, ni su chiste político, ni su necesidad de ridiculizar a la derecha. Representa mérito, gloria, historia y jerarquía deportiva.

Esa era la respuesta. No un adorno. No una curiosidad de ciclismo. Era mostrarle que su comentario era flojo, ignorante y prejuicioso. Porque cualquiera que conozca mínimamente el ciclismo sabe que la maglia rosa del Giro y la camiseta arcoíris del campeón mundial pertenecen a una tradición deportiva, no a la necesidad ideológica de un columnista de burlarse de sus adversarios.

Aquel episodio no fue una anécdota menor. Fue una radiografía. Abad se presenta como defensor de la complejidad, pero con frecuencia reduce al contrario a un estereotipo. Habla de tolerancia, pero practica el desprecio. Reclama humanidad, pero se la niega políticamente a quienes no caben en su mundo. Él a la larga no discute con ciudadanos. Discute con muñecos que él mismo fabrica: el uribista bruto, el derechista homofóbico, el conservador primitivo.

Y lo peor es que suele salirse con la suya. Porque pertenece a ese roscograma intelectual donde ciertos escritores, periodistas y opinadores pueden descacharse una y otra vez, hablar desde la superioridad moral, decir simplezas con tono profundo y aun así seguir siendo tratados como conciencia del país. A otros les cobran cada palabra. A ellos les celebran hasta los disparates.

Ese es el nivel de quien posa de humanista mientras desprecia en bloque a quienes no caben en su mundo ideológico.

La columna también deja ver otra cosa: el miedo reverencial frente a cierto periodismo. Abad menciona el episodio de una «gran» periodista y parece sugerir que, si un candidato se incomoda con una periodista quien claramente le impregnó cicuta a su cuestionario, entonces ya estamos ante una señal autoritaria. Pero ahí también hay que hacer una precisión. No todo el que carga una libreta, un micrófono o una credencial actúa como periodista. Muchas veces actúa como activista, con agenda, con veneno, con preguntas cargadas y con una idea previa de a quién quiere destruir.

Eso no significa que los periodistas no puedan preguntar duro. Claro que pueden. Deben hacerlo. Pero una cosa es preguntar duro y otra muy distinta actuar como fiscal ideológico, provocar, torcer, insinuar y luego esconderse detrás de la palabra “periodismo” como si fuera una sotana. En Colombia y fuera de Colombia hay demasiados opinadores y periodistas que se creen ungidos por alguna autoridad superior. Preguntan con veneno, escriben con veneno, editan con veneno, y luego exigen que nadie les conteste duro porque entonces se sienten atacados en nombre de la libertad de prensa.

No. La libertad de prensa no convierte al periodista en intocable. Tampoco convierte al activismo en verdad. Y mucho menos obliga a un candidato a quedarse agachado frente a preguntas imprecisas, sesgadas o malintencionadas.

Hay, además, un punto delicado que conviene decir sin rodeos, pero con respeto. Héctor Abad Faciolince e Iván Cepeda comparten, cada uno desde su propia historia, una relación pública con la tragedia política colombiana. Sus familias fueron atravesadas por la violencia. Eso merece respeto. Nadie decente debería burlarse del dolor ni de una pérdida familiar marcada por la muerte.

Ahora bien, el respeto por la tragedia no puede convertirse en obediencia intelectual. Una biografía dolorosa no vuelve infalible a nadie. No convierte una columna en argumento ni una candidatura en reserva moral. El duelo puede explicar una sensibilidad, pero no puede blindar a nadie contra la crítica.

Colombia ha sufrido demasiado como para permitir que el dolor se vuelva escudo político intocable. La tragedia no puede ser patente de corso. No puede convertirse en licencia para caricaturizar al adversario, repartir certificados de decencia o hablar desde un pedestal moral frente a millones de ciudadanos que también han vivido miedo, violencia, secuestro, extorsión, desplazamiento o abandono estatal.

La indulgencia relativa de Abad con Iván Cepeda también dice mucho. No porque lo trate como santo, que no lo hace. También le teme, también lo mira como un riesgo y también lo ubica en el campo de los extremos. Pero la diferencia está en el método. A Abelardo lo despelleja con saña estética, corporal y moral. A Cepeda lo describe como hermético, esquivo e insondable. A uno lo vuelve caricatura de circo. Al otro lo convierte en enigma político.

Pero sí sabemos cosas. Sabemos que Cepeda ha defendido una visión política que insiste en el diálogo con estructuras armadas al margen de la ley y dedicadas al narcotráfiico como eje central de la respuesta del Estado. Sabemos que él ha estado ligado intimamente a procesos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados. Sabemos que su candidatura representa una continuidad, con otros modales, del proyecto político que gobernó estos último casi cuatro años.

La llamada paz total no puede seguir tratándose como una buena intención intocable. En Colombia ya deberíamos haber aprendido que las buenas intenciones no bastan cuando al frente hay organizaciones armadas que entienden el diálogo como pausa táctica u oportunidad de expansión. El problema no es hablar de paz. El problema es confundir paz con ingenuidad y negociación con rendición simbólica.

Existe una solidaridad boba, muy propia de cierta izquierda moralizante, que consiste en creer que todo enemigo de sus enemigos merece indulgencia (o dosis de esa empatía y resiliencia). Si alguien se opone a la por ellos etiquetada «extrema» derecha, se le perdonan silencios, alianzas o ambigüedades. Si alguien habla en nombre de la paz, cualquier crítica a sus métodos se interpreta como barbarie.

Esa lógica es peligrosa. El enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo. Puede ser simplemente otro enemigo de la libertad, del Estado de derecho o de la democracia, aunque hable con tono pausado, lea su libreta de apuntes y se presente no sólo como víctima de la historia, sino que nos quiera hacer creer que somos en esencia un país de victimas.

La discusión de fondo no es si Abelardo canta bien, se viste mal o tiene una personalidad excesiva. La discusión es si Colombia va a recuperar la autoridad legítima del Estado o si seguirá atrapada en la costumbre de consentir a quienes han vivido de intimidar, secuestrar, extorsionar y gobernar territorios por la fuerza.

Tampoco hay que escoger entre brutalidad y claudicación. Ese es un falso dilema. Un Estado serio puede ser firme sin ser arbitrario. Puede aplicar la ley sin convertirse en tiranía. Puede derrotar criminales sin despreciar los derechos humanos. Puede dialogar cuando haya condiciones y levantarse de la mesa cuando la contraparte la usa para fortalecerse. Ese debería ser el debate. No la barba. No el traje. No Miami. No Florencia. No la burla de salón.

A Abad le preocupa el tirano de derecha. Esa preocupación puede ser legítima. Pero también debería preocuparle el autoritarismo que se disfraza de superioridad moral: el que decide quiénes son los buenos antes de mirar los hechos, el que convierte la paz en dogma y el que mira con desprecio al ciudadano que pide orden.

Colombia no necesita otra ronda de caricaturas, sermones y poses morales. Necesita autoridad legítima, seguridad, justicia, libertad y límites reales al poder. Necesita un debate serio sobre el país que se quiere gobernar, no otra competencia de insultos bien escritos desde las columnas de siempre.

El problema de Abad no es que critique a Abelardo. Tiene todo el derecho a hacerlo. El problema es que no parece querer entender por qué millones de colombianos sí lo están escuchando. Prefiere mirar desde su balcón moral y llamar tiranía a todo lo que no entiende, mientras guarda una indulgencia sospechosa frente a quienes llevan años alimentando resentimiento, lucha de clases y revancha bajo el lenguaje cómodo de la justicia social.

Quizá esa sea la ironía. Algunos viven recordándonos El olvido que seremos, pero olvidan algo más básico: que la democracia no se defiende tratando como monstruos a quienes piden orden, ni blindando con indulgencias a quienes hablan en nombre de la paz. Si Colombia sigue reducida a rótulos y caricaturas, el problema no será solo la pobreza argumentativa de sus columnistas. Será la soberbia de una élite que todavía no entiende por qué el país dejó de creerle.

Salida, voz y lealtad: Colombia no se abandona

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A dos días de unas elecciones decisivas, Colombia vuelve a estar frente a una pregunta que no es simplemente electoral: qué hacemos quienes todavía creemos que este país tiene futuro. Qué hacemos quienes creemos que la empresa no es enemiga de la sociedad, que el trabajo formal sigue siendo una herramienta de dignidad, y que la democracia no puede reducirse a una rabia administrada desde el poder.

La pregunta, en el fondo, es si frente al deterioro vamos a escoger la salida, ejercer la voz o asumir la lealtad como una forma seria de permanecer y corregir.

Albert O. Hirschman (1915-2012) no fue un consultor internacional más, de esos que llegan a un país, producen un diagnóstico elegante y se van sin haber entendido realmente lo que ocurre por debajo. Fue un economista del desarrollo, pero también un hombre interesado en la política, la filosofía, la historia y en la manera concreta en que las sociedades enfrentan sus bloqueos. Nacido en Alemania, formado en Europa y Estados Unidos, llegó a Colombia en 1952, recomendado por el Banco Mundial para asesorar al Consejo Nacional de Planeación. Terminó viviendo y trabajando en Bogotá durante cerca de cuatro años. No miró a Colombia desde lejos. La vivió.

Ese paso no fue anecdótico. Colombia marcó su manera de pensar el desarrollo. Hirschman encontró un país difícil, desordenado, contradictorio, pero lleno de energía e iniciativa. Un país que muchas veces no se entiende a sí mismo. Un país que tiene mucho más potencial del que parece dispuesto a reconocer.

Uno de sus trabajos posteriores fue Getting Ahead Collectively (Saliendo adelante colectivamente), publicado en 1984, hace ya más de cuarenta años. Al leerlo hoy, uno siente algo incómodo: pareciera una máquina del tiempo detenida. Esa Colombia de la periferia, que tantos políticos mencionan con voz solemne en discursos y campañas, sigue muchas veces atrapada en los mismos diagnósticos, las mismas promesas y la misma ausencia de soluciones concretas. Se habla de ella, se la invoca, se la usa como símbolo, pero demasiadas veces no se le resuelven los problemas de fondo.

Pero el Hirschman que más me interesa para este momento es el de Exit, Voice, and Loyalty (Salida, voz y lealtad). Ese libro me ha impactado porque ayuda a entender algo que Colombia no puede ignorar: las sociedades no se destruyen de un día para otro. Van repitiendo guiones. Van normalizando deterioros. Van acostumbrándose a la mediocridad. Dejan de hablar a tiempo y terminan aceptando como inevitable lo que antes parecía impensable.
Así empiezan muchos infiernos terrenales. Venezuela es uno de ellos.

Salida, voz y lealtad no son tres palabras bonitas para citar en una columna. Son tres respuestas frente al deterioro. Salida es irse, retirar el talento, el capital, la energía y la esperanza. Voz es hablar, advertir, incomodar, reclamar y participar antes de que sea demasiado tarde. Lealtad no es quedarse callado ni aplaudir por miedo. Lealtad es permanecer con sentido crítico, precisamente porque todavía importa aquello que se quiere corregir.

Ese es el punto. Colombia no necesita más gente empacando la maleta mental antes de que ocurra la tragedia. Necesita gente dispuesta a quedarse, hablar y construir. Lo digo, además, desde una contradicción personal que no deja de parecerme curiosa: en un momento en que muchos piensan cómo irse del país, yo llevo bastante rato buscando la manera de hacer más cosas en Colombia y de vivir, por qué no, permanentemente allá.

Tengo ciudadanía estadounidense y alemana, además de la colombiana. Vivo legalmente en Estados Unidos y podría seguir viviendo acá. También podría construir vida en Europa. Podría mirar a Colombia desde lejos y opinar con la comodidad de quien no se juega nada. Y, sin embargo, intento acercarme más al país, aportar más y encontrar una forma real de trabajar por Colombia desde Colombia.

No por nostalgia barata. No por cálculo político. No por posar de patriota de domingo. Lo veo más bien como una responsabilidad frente a un país que tiene un potencial enorme, pero que demasiadas veces no ha sabido aprovecharlo.

Colombia tiene talento, pero muchas veces sin método. Tiene riqueza natural, pero muchas veces sin visión. Tiene gente capaz, pero atrapada en desconfianzas, roscas, complejos, resentimientos y pequeñas miserias culturales. Tenemos potencial de sobra. El problema es que nos cuesta convertirlo en instituciones, productividad, movilidad social y futuro compartido.

Ahí aparece una reacción que entiendo, pero que también me inquieta. Algunos amigos, incluso amigos con responsabilidades importantes en Colombia, me lo han dicho de distintas maneras: “Max, ¿vos para qué te vas a devolver? Vos estás tranquilo allá. Tenés cómo vivir en Estados Unidos, tenés ciudadanía alemana, podés moverte en Europa. ¿Para qué te vas a meter otra vez en ese chicharrón?”. No lo digo como reproche. Al contrario, entiendo de dónde viene la pregunta. En un país cansado, inseguro, desconfiado y muchas veces mal administrado, querer volver puede parecer una locura.

Pero ahí está precisamente el punto. Cuando la pregunta natural empieza a ser “¿para qué volver?”, algo serio está pasando. No porque todo el que se va esté equivocado, ni porque irse sea siempre cobardía. Cada persona sabe qué familia protege, qué oportunidades busca y qué cansancio carga. Pero cuando un país empieza a producir más razones para salir que para quedarse, la salida deja de ser una decisión individual y empieza a convertirse en síntoma colectivo.

Por eso Venezuela no puede tratarse como exageración retórica. Allí no se perdió únicamente una economía, una industria petrolera, una moneda o un aparato productivo. Venezuela perdió millones de personas. Y antes de que esas personas cruzaran una frontera, compraran un tiquete o buscaran otro pasaporte, pasó algo más profundo: dejaron de creer que valía la pena seguir peleando por su país.

Ahora bien, la cifra citada oficialmente por organismos internacionales habla de casi 7.9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo. Pero esa cifra debe leerse como un piso, no necesariamente como un techo, porque los registros oficiales no siempre capturan bien a quienes salieron usando una segunda nacionalidad o se regularizaron como nacionales de otro país.

Ese matiz es enorme en el caso de los colombo-venezolanos. Por historia familiar, frontera y migración de ida y vuelta, muchos venezolanos tienen o pueden reclamar nacionalidad colombiana por padre o madre colombiana. Algo parecido ocurre con venezolanos de origen español, italiano, portugués o europeo. Por eso, aunque no exista una cifra oficial única, no es descabellado sostener que la pérdida humana venezolana podría superar los 10 millones de personas si se consideran dobles nacionales, retornados, colombo-venezolanos y venezolanos con raíces europeas.

La comparación ayuda a entender el tamaño del desastre. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, Venezuela tenía alrededor de 23.6 millones de habitantes. Frente a esa base, los casi 7.9 millones oficialmente contabilizados equivalen a cerca de un tercio de la población que tenía el país al inicio del chavismo. Si la pérdida humana real supera los 10 millones, hablaríamos de más del 40% de esa población de referencia.

Y para yo no dar papaya con las cifras, usemos también una base más amplia: la población de Venezuela en 2015, antes de que se hiciera plenamente visible la gran aceleración del éxodo. Para ese año, Venezuela tenía alrededor de 30.5 millones de habitantes. Incluso con esa base, los casi 7.9 millones oficialmente registrados representan más de una cuarta parte del país. Y si el número real supera los 10 millones, estaríamos hablando de casi un tercio de la población venezolana previa al vaciamiento.

Eso no es migración normal. Eso es pérdida humana en escala histórica.

Chile ofrece una comparación incómoda, porque las narrativas de la izquierda han sido eficaces para convertir ciertos relatos en verdades morales absolutas. En muchos círculos académicos, Chile suele resumirse en una fórmula demasiado cómoda: Allende, mártir democrático; Pinochet, dictador neoliberal; y todo lo demás sobra.

Pero Allende, mártir para muchos, también dejó a Chile metido en un desastre económico, institucional y político monumental. En 1973, Chile enfrentaba inflación desbordada, escasez, mercados negros, controles de precios, expropiaciones, deterioro de la producción, radicalización política y una economía caminando hacia el abismo. Eso no justifica violaciones de derechos humanos ni convierte una dictadura en algo deseable. Pero sí obliga a decir que Chile no llegó al 11 de septiembre de 1973 como un país ordenado al que simplemente se le atravesó la historia.

Pinochet no fue un santo. Hubo represión, exilio, miedo, tortura y violaciones graves de derechos humanos. Pero tampoco se puede negar que Chile corrigió un rumbo económico que lo estaba llevando al desastre. Se redujo el desorden fiscal, se abrió la economía, se atrajo inversión, se estabilizó el país y, con el tiempo, Chile se convirtió en una de las economías más serias de América Latina.

La comparación con Venezuela es reveladora. Chile tuvo exilio político, claro. Una estimación frecuentemente citada habla de alrededor de 200.000 chilenos forzados al exilio durante la dictadura. Chile tenía cerca de 10.3 millones de habitantes en 1973. Incluso si se usa una base poblacional mayor, cercana a 11.2 millones, que corresponde más bien a finales de los años setenta, ese exilio representó alrededor del 2% de la población chilena.

La diferencia no es de matiz. Es de naturaleza. Chile no se vació. No perdió una cuarta parte o un tercio de su población. No vio salir millones de personas llevando consigo talento, capital, memoria, redes y capacidad productiva. Una parte de ese exilio tuvo enorme capacidad narrativa en universidades, medios, centros culturales, organizaciones internacionales y redes políticas. No necesariamente fueron muchos en términos demográficos, pero sí fueron muy influyentes en términos simbólicos. Esa capacidad instaló una lectura casi religiosa: Allende como mártir absoluto, Pinochet como mal absoluto y el modelo económico chileno como pecado original. Pero la realidad fue más compleja.

Venezuela, en cambio, fue vaciada. Y eso debería estremecer a Colombia. Un país no se destruye solo cuando cae su moneda, se deteriora su empresa privada o se pierden sus instituciones. Se destruye cuando su gente empieza a pensar que lo mejor que puede hacer es irse: el médico, el empresario, el joven, el profesor, el técnico, la familia entera, el que podría quedarse a construir y decide que ya no vale la pena.

Por eso, si durante años hemos advertido que Colombia puede terminar pareciéndose a Venezuela o a Cuba, no podemos responder haciendo exactamente lo que esos modelos terminan provocando: que quienes aportan, construyen, generan empleo o tienen algo que decir se cansen, se vayan o se queden callados. Si uno ha advertido tanto sobre el peligro del socialismo, no puede terminar actuando como si el socialismo ya hubiera ganado la partida.

La salida puede ser comprensible a nivel individual. Pero como actitud colectiva, la salida puede convertirse en abandono. Y cuando quienes tienen formación, empresa, redes, criterio o liderazgo abandonan el barco, el vacío no queda vacío. Lo ocupan otros: la improvisación, la rabia y quienes no quieren construir sobre lo existente, sino reemplazarlo todo por una épica de resentimiento.

Por eso la voz importa. La voz no es gritar, insultar ni repetir consignas como loro mojado. La voz es participar con claridad, argumentos y carácter. Es decir que la empresa no es el problema de Colombia, sino parte esencial de cualquier solución seria. Es decir que la movilidad social no se logra atacando al que genera empleo, sino ampliando capacidades, educación, formalidad, productividad y confianza. Es decir que el Estado debe servir al ciudadano, no convertirlo en dependiente.

Ahí aparece una discusión que Colombia evita porque incomoda: la pobreza mental. No como insulto a los pobres, ni como desprecio de clase, sino como una restricción real que atraviesa todos los estratos. Hay pobreza mental en quien no cree que puede hacerse cargo de su vida, en quien espera que el Estado le resuelva todo, en quien tiene poder y bloquea al que quiere aportar, en quien confunde resentimiento con justicia, en quien cree que destruir al que produce es una forma de igualar. Y también hay pobreza mental en élites que se acostumbraron a hablar del país desde la comodidad, pero no desde el compromiso.

Colombia necesita movilidad social, mejores ingresos, mejores empleos, más formalidad y más personas entrando a una clase media real. Pero necesita también movilidad de mentalidad: pasar de la queja a la acción, de la dependencia a la agencia, del resentimiento a la responsabilidad, de la sospecha permanente a la construcción de confianza. Sin eso, cualquier aumento de ingresos será frágil y cualquier promesa de cambio terminará convertida en otra frustración.

Tal vez ahí está una de las grandes deudas con el propio escudo. Libertad sin orden termina en desorden, informalidad, viveza y deterioro institucional. Orden sin libertad termina en obediencia, miedo y abuso. Colombia necesita las dos cosas: libertad para emprender, hablar, crear, disentir y construir; orden para respetar la ley, cumplir la palabra, cuidar las instituciones y dejar de confundir astucia con inteligencia.

Por eso, ante la incertidumbre electoral, la respuesta no puede ser la salida, el silencio ni la resignación. La respuesta debe ser una lealtad activa con Colombia: no aplaudir lo que está mal, pero tampoco abandonar el país cuando más necesita voces firmes.

Espero, además, que pasado el susto y la angustia de estos días, como tengo certeza de que ocurrirá, no volvamos a la comodidad de siempre. Sería un error creer que, porque Colombia esquiva un abismo, ya resolvió sus problemas. No podemos seguir manteniendo un país apenas por inercia, sin soluciones serias para problemas serios.

Incluso ganando una elección, Colombia tiene que resolver problemas de fondo y de forma. De fondo, porque seguimos arrastrando inseguridad, informalidad, pobreza, mala educación, baja productividad, justicia débil, corrupción, desconfianza institucional y una cultura ciudadana muchas veces pobre. De forma, porque tampoco basta con tener buenas ideas si no se sabe ejecutarlas, comunicarlas, sostenerlas y volverlas política pública real.

El país necesita algo más que evitar el desastre. Necesita una propuesta seria para ser, por fin, el país que puede ser.

Colombia no se abandona cuando gana alguien que no nos gusta. No se abandona cuando el ambiente se vuelve incierto. No se abandona cuando algunos prefieren desconfiar del que quiere aportar antes que abrirle espacio. Y tampoco se abandona cuando pasa el susto y vuelve la falsa tranquilidad. Colombia se abandona cuando dejamos de exigirle más a quienes dicen querer defenderla.

Colombia se habla. Colombia se trabaja. Colombia se defiende construyéndola.

Y si de verdad creemos que este país puede evitar el camino de Venezuela o Cuba, la primera obligación es no comportarnos como si ya estuviera perdido. Porque un país empieza a perderse cuando quienes podrían sostenerlo deciden que ya no vale la pena intentarlo.

Yo, por mi parte, sigo creyendo que vale la pena.