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Salida, voz y lealtad: Colombia no se abandona

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A dos días de unas elecciones decisivas, Colombia vuelve a estar frente a una pregunta que no es simplemente electoral: qué hacemos quienes todavía creemos que este país tiene futuro. Qué hacemos quienes creemos que la empresa no es enemiga de la sociedad, que el trabajo formal sigue siendo una herramienta de dignidad, y que la democracia no puede reducirse a una rabia administrada desde el poder.

La pregunta, en el fondo, es si frente al deterioro vamos a escoger la salida, ejercer la voz o asumir la lealtad como una forma seria de permanecer y corregir.

Albert O. Hirschman (1915-2012) no fue un consultor internacional más, de esos que llegan a un país, producen un diagnóstico elegante y se van sin haber entendido realmente lo que ocurre por debajo. Fue un economista del desarrollo, pero también un hombre interesado en la política, la filosofía, la historia y en la manera concreta en que las sociedades enfrentan sus bloqueos. Nacido en Alemania, formado en Europa y Estados Unidos, llegó a Colombia en 1952, recomendado por el Banco Mundial para asesorar al Consejo Nacional de Planeación. Terminó viviendo y trabajando en Bogotá durante cerca de cuatro años. No miró a Colombia desde lejos. La vivió.

Ese paso no fue anecdótico. Colombia marcó su manera de pensar el desarrollo. Hirschman encontró un país difícil, desordenado, contradictorio, pero lleno de energía e iniciativa. Un país que muchas veces no se entiende a sí mismo. Un país que tiene mucho más potencial del que parece dispuesto a reconocer.

Uno de sus trabajos posteriores fue Getting Ahead Collectively (Saliendo adelante colectivamente), publicado en 1984, hace ya más de cuarenta años. Al leerlo hoy, uno siente algo incómodo: pareciera una máquina del tiempo detenida. Esa Colombia de la periferia, que tantos políticos mencionan con voz solemne en discursos y campañas, sigue muchas veces atrapada en los mismos diagnósticos, las mismas promesas y la misma ausencia de soluciones concretas. Se habla de ella, se la invoca, se la usa como símbolo, pero demasiadas veces no se le resuelven los problemas de fondo.

Pero el Hirschman que más me interesa para este momento es el de Exit, Voice, and Loyalty (Salida, voz y lealtad). Ese libro me ha impactado porque ayuda a entender algo que Colombia no puede ignorar: las sociedades no se destruyen de un día para otro. Van repitiendo guiones. Van normalizando deterioros. Van acostumbrándose a la mediocridad. Dejan de hablar a tiempo y terminan aceptando como inevitable lo que antes parecía impensable.
Así empiezan muchos infiernos terrenales. Venezuela es uno de ellos.

Salida, voz y lealtad no son tres palabras bonitas para citar en una columna. Son tres respuestas frente al deterioro. Salida es irse, retirar el talento, el capital, la energía y la esperanza. Voz es hablar, advertir, incomodar, reclamar y participar antes de que sea demasiado tarde. Lealtad no es quedarse callado ni aplaudir por miedo. Lealtad es permanecer con sentido crítico, precisamente porque todavía importa aquello que se quiere corregir.

Ese es el punto. Colombia no necesita más gente empacando la maleta mental antes de que ocurra la tragedia. Necesita gente dispuesta a quedarse, hablar y construir. Lo digo, además, desde una contradicción personal que no deja de parecerme curiosa: en un momento en que muchos piensan cómo irse del país, yo llevo bastante rato buscando la manera de hacer más cosas en Colombia y de vivir, por qué no, permanentemente allá.

Tengo ciudadanía estadounidense y alemana, además de la colombiana. Vivo legalmente en Estados Unidos y podría seguir viviendo acá. También podría construir vida en Europa. Podría mirar a Colombia desde lejos y opinar con la comodidad de quien no se juega nada. Y, sin embargo, intento acercarme más al país, aportar más y encontrar una forma real de trabajar por Colombia desde Colombia.

No por nostalgia barata. No por cálculo político. No por posar de patriota de domingo. Lo veo más bien como una responsabilidad frente a un país que tiene un potencial enorme, pero que demasiadas veces no ha sabido aprovecharlo.

Colombia tiene talento, pero muchas veces sin método. Tiene riqueza natural, pero muchas veces sin visión. Tiene gente capaz, pero atrapada en desconfianzas, roscas, complejos, resentimientos y pequeñas miserias culturales. Tenemos potencial de sobra. El problema es que nos cuesta convertirlo en instituciones, productividad, movilidad social y futuro compartido.

Ahí aparece una reacción que entiendo, pero que también me inquieta. Algunos amigos, incluso amigos con responsabilidades importantes en Colombia, me lo han dicho de distintas maneras: “Max, ¿vos para qué te vas a devolver? Vos estás tranquilo allá. Tenés cómo vivir en Estados Unidos, tenés ciudadanía alemana, podés moverte en Europa. ¿Para qué te vas a meter otra vez en ese chicharrón?”. No lo digo como reproche. Al contrario, entiendo de dónde viene la pregunta. En un país cansado, inseguro, desconfiado y muchas veces mal administrado, querer volver puede parecer una locura.

Pero ahí está precisamente el punto. Cuando la pregunta natural empieza a ser “¿para qué volver?”, algo serio está pasando. No porque todo el que se va esté equivocado, ni porque irse sea siempre cobardía. Cada persona sabe qué familia protege, qué oportunidades busca y qué cansancio carga. Pero cuando un país empieza a producir más razones para salir que para quedarse, la salida deja de ser una decisión individual y empieza a convertirse en síntoma colectivo.

Por eso Venezuela no puede tratarse como exageración retórica. Allí no se perdió únicamente una economía, una industria petrolera, una moneda o un aparato productivo. Venezuela perdió millones de personas. Y antes de que esas personas cruzaran una frontera, compraran un tiquete o buscaran otro pasaporte, pasó algo más profundo: dejaron de creer que valía la pena seguir peleando por su país.

Ahora bien, la cifra citada oficialmente por organismos internacionales habla de casi 7.9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo. Pero esa cifra debe leerse como un piso, no necesariamente como un techo, porque los registros oficiales no siempre capturan bien a quienes salieron usando una segunda nacionalidad o se regularizaron como nacionales de otro país.

Ese matiz es enorme en el caso de los colombo-venezolanos. Por historia familiar, frontera y migración de ida y vuelta, muchos venezolanos tienen o pueden reclamar nacionalidad colombiana por padre o madre colombiana. Algo parecido ocurre con venezolanos de origen español, italiano, portugués o europeo. Por eso, aunque no exista una cifra oficial única, no es descabellado sostener que la pérdida humana venezolana podría superar los 10 millones de personas si se consideran dobles nacionales, retornados, colombo-venezolanos y venezolanos con raíces europeas.

La comparación ayuda a entender el tamaño del desastre. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, Venezuela tenía alrededor de 23.6 millones de habitantes. Frente a esa base, los casi 7.9 millones oficialmente contabilizados equivalen a cerca de un tercio de la población que tenía el país al inicio del chavismo. Si la pérdida humana real supera los 10 millones, hablaríamos de más del 40% de esa población de referencia.

Y para yo no dar papaya con las cifras, usemos también una base más amplia: la población de Venezuela en 2015, antes de que se hiciera plenamente visible la gran aceleración del éxodo. Para ese año, Venezuela tenía alrededor de 30.5 millones de habitantes. Incluso con esa base, los casi 7.9 millones oficialmente registrados representan más de una cuarta parte del país. Y si el número real supera los 10 millones, estaríamos hablando de casi un tercio de la población venezolana previa al vaciamiento.

Eso no es migración normal. Eso es pérdida humana en escala histórica.

Chile ofrece una comparación incómoda, porque las narrativas de la izquierda han sido eficaces para convertir ciertos relatos en verdades morales absolutas. En muchos círculos académicos, Chile suele resumirse en una fórmula demasiado cómoda: Allende, mártir democrático; Pinochet, dictador neoliberal; y todo lo demás sobra.

Pero Allende, mártir para muchos, también dejó a Chile metido en un desastre económico, institucional y político monumental. En 1973, Chile enfrentaba inflación desbordada, escasez, mercados negros, controles de precios, expropiaciones, deterioro de la producción, radicalización política y una economía caminando hacia el abismo. Eso no justifica violaciones de derechos humanos ni convierte una dictadura en algo deseable. Pero sí obliga a decir que Chile no llegó al 11 de septiembre de 1973 como un país ordenado al que simplemente se le atravesó la historia.

Pinochet no fue un santo. Hubo represión, exilio, miedo, tortura y violaciones graves de derechos humanos. Pero tampoco se puede negar que Chile corrigió un rumbo económico que lo estaba llevando al desastre. Se redujo el desorden fiscal, se abrió la economía, se atrajo inversión, se estabilizó el país y, con el tiempo, Chile se convirtió en una de las economías más serias de América Latina.

La comparación con Venezuela es reveladora. Chile tuvo exilio político, claro. Una estimación frecuentemente citada habla de alrededor de 200.000 chilenos forzados al exilio durante la dictadura. Chile tenía cerca de 10.3 millones de habitantes en 1973. Incluso si se usa una base poblacional mayor, cercana a 11.2 millones, que corresponde más bien a finales de los años setenta, ese exilio representó alrededor del 2% de la población chilena.

La diferencia no es de matiz. Es de naturaleza. Chile no se vació. No perdió una cuarta parte o un tercio de su población. No vio salir millones de personas llevando consigo talento, capital, memoria, redes y capacidad productiva. Una parte de ese exilio tuvo enorme capacidad narrativa en universidades, medios, centros culturales, organizaciones internacionales y redes políticas. No necesariamente fueron muchos en términos demográficos, pero sí fueron muy influyentes en términos simbólicos. Esa capacidad instaló una lectura casi religiosa: Allende como mártir absoluto, Pinochet como mal absoluto y el modelo económico chileno como pecado original. Pero la realidad fue más compleja.

Venezuela, en cambio, fue vaciada. Y eso debería estremecer a Colombia. Un país no se destruye solo cuando cae su moneda, se deteriora su empresa privada o se pierden sus instituciones. Se destruye cuando su gente empieza a pensar que lo mejor que puede hacer es irse: el médico, el empresario, el joven, el profesor, el técnico, la familia entera, el que podría quedarse a construir y decide que ya no vale la pena.

Por eso, si durante años hemos advertido que Colombia puede terminar pareciéndose a Venezuela o a Cuba, no podemos responder haciendo exactamente lo que esos modelos terminan provocando: que quienes aportan, construyen, generan empleo o tienen algo que decir se cansen, se vayan o se queden callados. Si uno ha advertido tanto sobre el peligro del socialismo, no puede terminar actuando como si el socialismo ya hubiera ganado la partida.

La salida puede ser comprensible a nivel individual. Pero como actitud colectiva, la salida puede convertirse en abandono. Y cuando quienes tienen formación, empresa, redes, criterio o liderazgo abandonan el barco, el vacío no queda vacío. Lo ocupan otros: la improvisación, la rabia y quienes no quieren construir sobre lo existente, sino reemplazarlo todo por una épica de resentimiento.

Por eso la voz importa. La voz no es gritar, insultar ni repetir consignas como loro mojado. La voz es participar con claridad, argumentos y carácter. Es decir que la empresa no es el problema de Colombia, sino parte esencial de cualquier solución seria. Es decir que la movilidad social no se logra atacando al que genera empleo, sino ampliando capacidades, educación, formalidad, productividad y confianza. Es decir que el Estado debe servir al ciudadano, no convertirlo en dependiente.

Ahí aparece una discusión que Colombia evita porque incomoda: la pobreza mental. No como insulto a los pobres, ni como desprecio de clase, sino como una restricción real que atraviesa todos los estratos. Hay pobreza mental en quien no cree que puede hacerse cargo de su vida, en quien espera que el Estado le resuelva todo, en quien tiene poder y bloquea al que quiere aportar, en quien confunde resentimiento con justicia, en quien cree que destruir al que produce es una forma de igualar. Y también hay pobreza mental en élites que se acostumbraron a hablar del país desde la comodidad, pero no desde el compromiso.

Colombia necesita movilidad social, mejores ingresos, mejores empleos, más formalidad y más personas entrando a una clase media real. Pero necesita también movilidad de mentalidad: pasar de la queja a la acción, de la dependencia a la agencia, del resentimiento a la responsabilidad, de la sospecha permanente a la construcción de confianza. Sin eso, cualquier aumento de ingresos será frágil y cualquier promesa de cambio terminará convertida en otra frustración.

Tal vez ahí está una de las grandes deudas con el propio escudo. Libertad sin orden termina en desorden, informalidad, viveza y deterioro institucional. Orden sin libertad termina en obediencia, miedo y abuso. Colombia necesita las dos cosas: libertad para emprender, hablar, crear, disentir y construir; orden para respetar la ley, cumplir la palabra, cuidar las instituciones y dejar de confundir astucia con inteligencia.

Por eso, ante la incertidumbre electoral, la respuesta no puede ser la salida, el silencio ni la resignación. La respuesta debe ser una lealtad activa con Colombia: no aplaudir lo que está mal, pero tampoco abandonar el país cuando más necesita voces firmes.

Espero, además, que pasado el susto y la angustia de estos días, como tengo certeza de que ocurrirá, no volvamos a la comodidad de siempre. Sería un error creer que, porque Colombia esquiva un abismo, ya resolvió sus problemas. No podemos seguir manteniendo un país apenas por inercia, sin soluciones serias para problemas serios.

Incluso ganando una elección, Colombia tiene que resolver problemas de fondo y de forma. De fondo, porque seguimos arrastrando inseguridad, informalidad, pobreza, mala educación, baja productividad, justicia débil, corrupción, desconfianza institucional y una cultura ciudadana muchas veces pobre. De forma, porque tampoco basta con tener buenas ideas si no se sabe ejecutarlas, comunicarlas, sostenerlas y volverlas política pública real.

El país necesita algo más que evitar el desastre. Necesita una propuesta seria para ser, por fin, el país que puede ser.

Colombia no se abandona cuando gana alguien que no nos gusta. No se abandona cuando el ambiente se vuelve incierto. No se abandona cuando algunos prefieren desconfiar del que quiere aportar antes que abrirle espacio. Y tampoco se abandona cuando pasa el susto y vuelve la falsa tranquilidad. Colombia se abandona cuando dejamos de exigirle más a quienes dicen querer defenderla.

Colombia se habla. Colombia se trabaja. Colombia se defiende construyéndola.

Y si de verdad creemos que este país puede evitar el camino de Venezuela o Cuba, la primera obligación es no comportarnos como si ya estuviera perdido. Porque un país empieza a perderse cuando quienes podrían sostenerlo deciden que ya no vale la pena intentarlo.

Yo, por mi parte, sigo creyendo que vale la pena.

El centro, o el camino a la perdición del país

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En Road to Perdition (2002), película protagonizada por Tom Hanks junto a Paul Newman, ganadora del Óscar a Mejor Fotografía, un padre intenta proteger a su hijo de un mundo violento que él mismo ayudó a construir. La historia no gira en torno a un error puntual, sino a algo más incómodo: una cadena de decisiones que, aunque parecen prudentes en el momento, terminan conduciendo exactamente al destino que se quería evitar. No se trata de perderse, sino de insistir en un camino creyendo que se controla el resultado, cuando en realidad ese resultado ya ha sido condicionado por las propias decisiones.

Esa lógica describe con precisión lo que ha venido ocurriendo en la política colombiana. El llamado centro político, convencido de su moderación, de su distancia frente a los extremos y de una supuesta superioridad moral frente a las posiciones más definidas, ha terminado tomando decisiones que no contienen lo que critica, sino que lo facilitan, e incluso inclinando la balanza hacia la izquierda. El problema no es simplemente político, es conceptual, porque el centro no es una doctrina, ni una tradición intelectual, ni un proyecto coherente de país, sino un espacio en disputa donde lo que realmente se define no son las ideas, sino las condiciones bajo las cuales se puede participar en el debate público: quién es aceptable, quién no lo es, qué se puede decir sin costo y qué se paga caro.

Ese desplazamiento no ocurrió de manera frontal, sino que se fue instalando, y cada vez con más fuerza, a través de la instrumentalización del lenguaje. Hoy la política no se organiza alrededor de resultados verificables, sino de marcos discursivos prácticamente incuestionables como resiliencia, empatía, inclusión o justicia social. Son conceptos legítimos, incluso necesarios, pero su uso político ha tenido un efecto claro: dejaron de ser valores para convertirse en filtros de legitimidad. En ese entorno, ya no basta con tener argumentos; hay que sonar bien dentro del marco correcto, y quien no lo hace queda rápidamente fuera de juego.

A partir de ahí aparece un fenómeno igual de determinante: el etiquetamiento. En Colombia, disentir de ciertas posiciones, muchas veces más ancladas en la utopía y en una balanza inclinada hacia los sentimientos que hacia los hechos, ya no implica entrar en una discusión, sino exponerse a una clasificación automática como extrema derecha, retrógrado o enemigo del cambio. La etiqueta reemplaza el argumento y deslegitima antes de que haya debate, lo que no solo empobrece la conversación pública, sino que altera profundamente los incentivos. Lo más grave es la manera en que este mecanismo se utiliza para generar vergüenza, presionar y, en muchos casos, forzar a ceder valores tradicionales que, en cualquier país, representan a una mayoría que termina sometida a la dictadura de las minorías.

En paralelo, las agendas identitarias han adquirido un peso creciente, no como herramientas de inclusión, que es su fundamento legítimo, sino como criterios de validación política. El problema no es reconocer diferencias, sino convertirlas en el eje de decisión. Cuando atributos como el color de la piel, la etnia, el género, las preferencias sexuales o el origen social empiezan a pesar más que la competencia, la trayectoria o los resultados, el sistema deja de premiar capacidades y empieza a premiar representaciones. Eso no construye equidad, sino fragmentación, y además reduce el espacio para exigir resultados, ya que cuestionar deja de ser evaluar y pasa a interpretarse como una agresión. En esa misma lógica, se busca anular al oponente mediante etiquetas como clasista, machista, homófobo o racista.

Todo esto configura una asimetría que el centro rara vez reconoce. A ciertas posiciones se les exige una validación constante, mientras que otras reciben legitimidad por su alineación con el lenguaje dominante. No se trata de una diferencia menor, sino de una distorsión estructural que condiciona las decisiones y transforma al centro en un espacio adaptativo, moldeado por reglas que no controla y que tampoco cuestiona. Ahí aparece el problema político real.

En ese contexto más amplio, el país se ha ido perdiendo en un ambiente sin autoridad, una autoridad que comenzó a desvanecerse desde agosto de 2010 y que hoy nos tiene en un punto que, en muchos sentidos, recuerda los momentos más complejos del auge de las FARC, con un agravante adicional: ahora sectores que han tenido afinidad ideológica o cercanía política con esas visiones han llegado al poder y buscan perpetuarse en él. No es una percepción aislada, sino una lectura cada vez más extendida frente al deterioro del orden, la inseguridad, el premio a los criminales, el incentivo a la subversión utilizando a los más jóvenes como carne de cañón y la pérdida de referentes claros de institucionalidad.

La primera vuelta se ha convertido en un ejercicio mal entendido, porque se vota como si fuera una expresión emocional o una afinidad personal, como si se tratara de identidad o de simpatía, cuando en realidad es una decisión con efectos en cadena. Cada quien puede votar por quien quiera, pero asumir que esa decisión no incide en el resultado final es, en el mejor de los casos, ingenuo. La segunda vuelta elimina esa ilusión, ya que en ese punto desaparecen los matices y hay que escoger, y es precisamente ahí donde el centro, una y otra vez, se repliega en la ambigüedad mediante el voto en blanco, el silencio o la distancia calculada, todo envuelto en un discurso de coherencia que en la práctica termina siendo evasión. Es claro que quienes están en el centro izquierda difícilmente cederán por una opción de derecha, mientras que quienes se ubican en el centro derecha suelen mostrarse abiertos a discursos de diversidad, equidad e inclusión que, en la práctica, terminan generando una ruptura con los valores que originalmente defendían.

No decidir en ese momento no es neutral, es funcional. El país ya vio lo que eso produce con la elección de Gustavo Petro y también en Medellín con la elección de Daniel Quintero. En ambos casos hubo advertencias, señales y alternativas, pero también hubo ambigüedad, cálculo y esa comodidad moral de quienes prefirieron no incomodarse tomando posición, o de quienes, desde la ingenuidad de promover un cambio con justicia social, terminaron entregando el país y la ciudad a proyectos que hoy evidencian sus consecuencias. Fue, en buena medida, la ingenuidad o la simple falta de carácter de muchos bienpensantes, los mismos que hoy reconocen en privado lo que no quisieron asumir en público. Mientras tanto, las agendas de la izquierda progresista radical avanzaron sin mayor resistencia, no porque fueran incontestables, sino porque encontraron un terreno despejado por quienes creyeron que abstenerse era una forma de superioridad, cuando en realidad terminó siendo una forma de renuncia.

Detrás de ese comportamiento hay una lógica más profunda. En ese intento por congraciarse con todo el mundo, y en una postura que pareciera avergonzarse de conceptos básicos como la ley y el orden, se abre espacio a una parte de la clase política que no juega para transformar el país, sino para permanecer dentro del sistema. Esa clase política, como lo ha demostrado la historia, no se declarará en oposición, no romperá y no se comprometerá del todo, porque su objetivo no es ganar una discusión, sino seguir siendo relevante independientemente de quién gobierne. En ese contexto, la ambigüedad deja de ser una debilidad y se convierte en una estrategia.

El problema es que esa estrategia tiene consecuencias, porque cuando quienes tienen la capacidad de inclinar la balanza optan por no hacerlo, el resultado no es equilibrio, sino transferencia de poder hacia quienes sí están dispuestos a tomar decisiones. La política no premia la intención ni la comodidad, sino la claridad y la capacidad de actuar cuando toca hacerlo.

Colombia se enfrenta nuevamente a ese punto. Cada ciudadano es libre de votar por quien considere en la primera vuelta, pero el país no se define ahí, sino en la capacidad de elegir cuando el margen desaparece y las opciones se reducen. En ese momento, lo que importa no es la narrativa ni la comodidad de una posición intermedia, sino el carácter, la capacidad y la determinación de cambiar las dinámicas de un país que lleva demasiado tiempo repitiendo los mismos errores.

Porque esto no es un debate abstracto ni una discusión académica sobre matices ideológicos. Es una disputa real sobre el rumbo del país frente a unas agendas de la izquierda progresista radical que han avanzado no por la solidez de sus propuestas, sino por la debilidad, la ambigüedad y la complacencia de quienes se autodenominan moderados.

Colombia no está frente a un dilema teórico. Está frente a una secuencia de decisiones que ya ha empezado a mostrar sus consecuencias. Y como en Road to Perdition, el problema no es no saber a dónde se va, sino insistir en un camino creyendo que se controla el destino, cuando en realidad cada paso lo hace inevitable.

Aquí no se trata de quién tiene el discurso más cómodo, ni de quién logra encajar mejor en una narrativa emocionalmente aceptable. Se trata de quién tiene el carácter para enfrentar esas agendas, cuestionarlas y, si es necesario, frenarlas, aun cuando eso implique asumir costos.

Porque al final, los países no llegan a la perdición por accidente.

Llegan porque, teniendo la oportunidad de corregir el rumbo, decidieron no hacerlo.