En Road to Perdition (2002), película protagonizada por Tom Hanks junto a Paul Newman, ganadora del Óscar a Mejor Fotografía, un padre intenta proteger a su hijo de un mundo violento que él mismo ayudó a construir. La historia no gira en torno a un error puntual, sino a algo más incómodo: una cadena de decisiones que, aunque parecen prudentes en el momento, terminan conduciendo exactamente al destino que se quería evitar. No se trata de perderse, sino de insistir en un camino creyendo que se controla el resultado, cuando en realidad ese resultado ya ha sido condicionado por las propias decisiones.
Esa lógica describe con precisión lo que ha venido ocurriendo en la política colombiana. El llamado centro político, convencido de su moderación, de su distancia frente a los extremos y de una supuesta superioridad moral frente a las posiciones más definidas, ha terminado tomando decisiones que no contienen lo que critica, sino que lo facilitan, e incluso inclinando la balanza hacia la izquierda. El problema no es simplemente político, es conceptual, porque el centro no es una doctrina, ni una tradición intelectual, ni un proyecto coherente de país, sino un espacio en disputa donde lo que realmente se define no son las ideas, sino las condiciones bajo las cuales se puede participar en el debate público: quién es aceptable, quién no lo es, qué se puede decir sin costo y qué se paga caro.
Ese desplazamiento no ocurrió de manera frontal, sino que se fue instalando, y cada vez con más fuerza, a través de la instrumentalización del lenguaje. Hoy la política no se organiza alrededor de resultados verificables, sino de marcos discursivos prácticamente incuestionables como resiliencia, empatía, inclusión o justicia social. Son conceptos legítimos, incluso necesarios, pero su uso político ha tenido un efecto claro: dejaron de ser valores para convertirse en filtros de legitimidad. En ese entorno, ya no basta con tener argumentos; hay que sonar bien dentro del marco correcto, y quien no lo hace queda rápidamente fuera de juego.
A partir de ahí aparece un fenómeno igual de determinante: el etiquetamiento. En Colombia, disentir de ciertas posiciones, muchas veces más ancladas en la utopía y en una balanza inclinada hacia los sentimientos que hacia los hechos, ya no implica entrar en una discusión, sino exponerse a una clasificación automática como extrema derecha, retrógrado o enemigo del cambio. La etiqueta reemplaza el argumento y deslegitima antes de que haya debate, lo que no solo empobrece la conversación pública, sino que altera profundamente los incentivos. Lo más grave es la manera en que este mecanismo se utiliza para generar vergüenza, presionar y, en muchos casos, forzar a ceder valores tradicionales que, en cualquier país, representan a una mayoría que termina sometida a la dictadura de las minorías.
En paralelo, las agendas identitarias han adquirido un peso creciente, no como herramientas de inclusión, que es su fundamento legítimo, sino como criterios de validación política. El problema no es reconocer diferencias, sino convertirlas en el eje de decisión. Cuando atributos como el color de la piel, la etnia, el género, las preferencias sexuales o el origen social empiezan a pesar más que la competencia, la trayectoria o los resultados, el sistema deja de premiar capacidades y empieza a premiar representaciones. Eso no construye equidad, sino fragmentación, y además reduce el espacio para exigir resultados, ya que cuestionar deja de ser evaluar y pasa a interpretarse como una agresión. En esa misma lógica, se busca anular al oponente mediante etiquetas como clasista, machista, homófobo o racista.
Todo esto configura una asimetría que el centro rara vez reconoce. A ciertas posiciones se les exige una validación constante, mientras que otras reciben legitimidad por su alineación con el lenguaje dominante. No se trata de una diferencia menor, sino de una distorsión estructural que condiciona las decisiones y transforma al centro en un espacio adaptativo, moldeado por reglas que no controla y que tampoco cuestiona. Ahí aparece el problema político real.
En ese contexto más amplio, el país se ha ido perdiendo en un ambiente sin autoridad, una autoridad que comenzó a desvanecerse desde agosto de 2010 y que hoy nos tiene en un punto que, en muchos sentidos, recuerda los momentos más complejos del auge de las FARC, con un agravante adicional: ahora sectores que han tenido afinidad ideológica o cercanía política con esas visiones han llegado al poder y buscan perpetuarse en él. No es una percepción aislada, sino una lectura cada vez más extendida frente al deterioro del orden, la inseguridad, el premio a los criminales, el incentivo a la subversión utilizando a los más jóvenes como carne de cañón y la pérdida de referentes claros de institucionalidad.
La primera vuelta se ha convertido en un ejercicio mal entendido, porque se vota como si fuera una expresión emocional o una afinidad personal, como si se tratara de identidad o de simpatía, cuando en realidad es una decisión con efectos en cadena. Cada quien puede votar por quien quiera, pero asumir que esa decisión no incide en el resultado final es, en el mejor de los casos, ingenuo. La segunda vuelta elimina esa ilusión, ya que en ese punto desaparecen los matices y hay que escoger, y es precisamente ahí donde el centro, una y otra vez, se repliega en la ambigüedad mediante el voto en blanco, el silencio o la distancia calculada, todo envuelto en un discurso de coherencia que en la práctica termina siendo evasión. Es claro que quienes están en el centro izquierda difícilmente cederán por una opción de derecha, mientras que quienes se ubican en el centro derecha suelen mostrarse abiertos a discursos de diversidad, equidad e inclusión que, en la práctica, terminan generando una ruptura con los valores que originalmente defendían.
No decidir en ese momento no es neutral, es funcional. El país ya vio lo que eso produce con la elección de Gustavo Petro y también en Medellín con la elección de Daniel Quintero. En ambos casos hubo advertencias, señales y alternativas, pero también hubo ambigüedad, cálculo y esa comodidad moral de quienes prefirieron no incomodarse tomando posición, o de quienes, desde la ingenuidad de promover un cambio con justicia social, terminaron entregando el país y la ciudad a proyectos que hoy evidencian sus consecuencias. Fue, en buena medida, la ingenuidad o la simple falta de carácter de muchos bienpensantes, los mismos que hoy reconocen en privado lo que no quisieron asumir en público. Mientras tanto, las agendas de la izquierda progresista radical avanzaron sin mayor resistencia, no porque fueran incontestables, sino porque encontraron un terreno despejado por quienes creyeron que abstenerse era una forma de superioridad, cuando en realidad terminó siendo una forma de renuncia.
Detrás de ese comportamiento hay una lógica más profunda. En ese intento por congraciarse con todo el mundo, y en una postura que pareciera avergonzarse de conceptos básicos como la ley y el orden, se abre espacio a una parte de la clase política que no juega para transformar el país, sino para permanecer dentro del sistema. Esa clase política, como lo ha demostrado la historia, no se declarará en oposición, no romperá y no se comprometerá del todo, porque su objetivo no es ganar una discusión, sino seguir siendo relevante independientemente de quién gobierne. En ese contexto, la ambigüedad deja de ser una debilidad y se convierte en una estrategia.
El problema es que esa estrategia tiene consecuencias, porque cuando quienes tienen la capacidad de inclinar la balanza optan por no hacerlo, el resultado no es equilibrio, sino transferencia de poder hacia quienes sí están dispuestos a tomar decisiones. La política no premia la intención ni la comodidad, sino la claridad y la capacidad de actuar cuando toca hacerlo.
Colombia se enfrenta nuevamente a ese punto. Cada ciudadano es libre de votar por quien considere en la primera vuelta, pero el país no se define ahí, sino en la capacidad de elegir cuando el margen desaparece y las opciones se reducen. En ese momento, lo que importa no es la narrativa ni la comodidad de una posición intermedia, sino el carácter, la capacidad y la determinación de cambiar las dinámicas de un país que lleva demasiado tiempo repitiendo los mismos errores.
Porque esto no es un debate abstracto ni una discusión académica sobre matices ideológicos. Es una disputa real sobre el rumbo del país frente a unas agendas de la izquierda progresista radical que han avanzado no por la solidez de sus propuestas, sino por la debilidad, la ambigüedad y la complacencia de quienes se autodenominan moderados.
Colombia no está frente a un dilema teórico. Está frente a una secuencia de decisiones que ya ha empezado a mostrar sus consecuencias. Y como en Road to Perdition, el problema no es no saber a dónde se va, sino insistir en un camino creyendo que se controla el destino, cuando en realidad cada paso lo hace inevitable.
Aquí no se trata de quién tiene el discurso más cómodo, ni de quién logra encajar mejor en una narrativa emocionalmente aceptable. Se trata de quién tiene el carácter para enfrentar esas agendas, cuestionarlas y, si es necesario, frenarlas, aun cuando eso implique asumir costos.
Porque al final, los países no llegan a la perdición por accidente.
Llegan porque, teniendo la oportunidad de corregir el rumbo, decidieron no hacerlo.
Sentido Común Público 